La Dirección General de Ingresos inyecta presión a las empresas para aumentar la recaudación y ha anunciado que publicará la lista de aquellos que deben impuestos.
Esta sería la primera vez en la historia de Nicaragua que algo como eso suceda. El pasado 28 de febrero de 2019, los aliados de Ortega en la Asamblea Nacional impulsaron una reforma tributaria, en la que aparte de aumentar los impuestos, agregaron el artículo 16 a la legislación, facultando a la DGI “publicar lista de deudores con la administración tributaria”.
El experto tributario Julio Francisco Báez consideró en un análisis publicado en sus redes sociales que esa modificación “es nula por violar el artículo 26 de la Constitución Política y el artículo 68 del Código Tributario”, con relación al derecho de sigilo fiscal que tienen todos los contribuyentes.
En tanto, el Presidente del COSEP José Adán Aguerri, expresa que esa medida genera más incertidumbre económica y motiva incluso el cierre de empresas, ya que según él, más que la publicación de los morosos, el mayor problema es que muchos de los que adeudan, tienen quejas por cobros excesivos y arbitrarios que las autoridades no resuelven.
“Conocemos de algunos casos que desafortunadamente no se pueden hacer públicos, donde han tenido que pagar lo que las autoridades les han dicho que tienen que pagar”, denunció Aguerri y aseguró que también estas empresas “han sido forzadas a tener que firmar que renuncian a sus derechos”.
José Adán Aguerri, Presiente del Cosep. Foto: Nicaragua Investiga
Manuel Carcache, experto en temas tributarios explica que en este tipo de casos, la ley es clara, y mientras no haya una resolución firme por las quejas interpuestas, la deuda no se considera un hecho, por lo que la ley los protege de ser publicados en lista de morosos.
También consideró importante que si el gobierno toma esta drástica medida, lo “correcto” es que lo haga de forma equitativa, publicando a todas las empresas deudoras por igual, de lo contrario se demostraría “arbitrariedad y sesgo”.
Para José Adán Aguerri como consecuencia de los cobros arbitrarios y la presión tributaria, muchas empresas podrían o cerrar o pasar a la informalidad y con ello, se verán afectados los trabajadores, que ya no tendrán cobertura de seguridad social.
Manuel Carcache, experto tributario. Foto: Nicaragua Investiga
Carcache recuerda que las empresas están autorizadas a cobrar impuestos a sus clientes o proveedores a nombre del Estado y en la obligación de reportarlos al cierre de cada mes, sin embargo, también está claro que a consecuencia de la crisis económica, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas han consumido esos impuestos y lograr reponerlos ahora implicaría su cierre, sino se flexibilizan los mecanismos de cobro, ya que considera que una pyme “no va a aguantar un reparo fiscal de millones, porque no tiene la capacidad económica”.
Foto principal: El 19 Digital
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