El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta a inversionistas extranjeros sobre la colocación de dinero en Nicaragua advirtiendo que «bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua continúa suspendiendo derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo prisioneros políticos, confiscando propiedad privada y haciendo caso omiso del estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulaciones arbitrarias».
Estados Unidos también menciona que «el régimen incrementó su represión contra el sector privado nicaragüense en 2023, revocando el registro legal y expropiando los activos de 19 de las principales cámaras empresariales del país».
Detalló que en 2020, «la Asamblea Nacional aprobó seis leyes represivas que alarmaron a los inversores», entre las que se encuentran una Ley de Agentes Extranjeros que exige que las organizaciones y los individuos informen sobre la asistencia extranjera e impide que cualquier persona que reciba financiamiento extranjero pueda postularse para un cargo público. Además, advierten que «el gobierno puede limitar la propiedad extranjera por razones de seguridad nacional o salud pública en virtud de las leyes aprobadas.
También mencionan como una amenaza la ley de protección al consumidor, que busca impedir que instituciones bancarias pueden cerrar cuentas a personas sancionadas por Estados Unidos a través de la OFAC.
El comunicado estadounidense señala que aunque existen leyes que promueven las inversiones en el país, «en la práctica, el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo mantienen de facto la autoridad de revisión de cualquier inversión extranjera directa» y dicen que este proceso de revisión no es transparente».
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Estados Unidos también advierte que el régimen utiliza la persecución fiscal contra la empresa privada. «Las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que utilizan o venden productos importados», indica el documento.
«Las empresas individuales ahora deben interactuar directamente con el gobierno autoritario de Nicaragua, a menudo a un costo mayor para las empresas y desde una posición negociadora más débil», señala el Departamento de Estado norteamericano.
Laureano, un interlocutor que centraliza
Estados Unidos señala que el hijo de los dictadores está a cargo de supervisar y llamar a las inversiones en el país. «La promoción de inversiones y exportaciones en Nicaragua está altamente politizada y administrada por Laureano Ortega, hijo del Presidente y del Vicepresidente, sancionado por la OFAC, quien se desempeña como Asesor Presidencial en Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional».
Siendo el hijo de la pareja dictatorial el encargado de este tema, el Departamento de Estado indica que «las conexiones personales con personas privilegiadas del régimen son fundamentales para los extranjeros que invierten en Nicaragua», porque «todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto de la Presidencia».
El documento que es el informe 2024 sobre el clima de inversión en Nicaragua es utilizado por inversionistas extranjeros para tomar decisiones de colocación de capital en el país, o para sacarlo, en el caso de los que ya tengan inversiones en Nicaragua. Sin embargo, es posible que las repercusiones de este documento se vean a mediano y largo plazo.
Economía puede mejorar con cambio democrático
El departamento de Estado analiza que la economía nicaragüense se mantiene sólida a pesar del panorama político. Destacan una cifra récord de 5 mil millones de dólares en reservas extranjeras, una reducción de la inflación interanual al 6 por ciento y un nuevo récord de $4.7 mil millones en 2023 de remesas, principalmente alentado por la ola migratoria promovida por la inestabilidad política.
Sin embargo, dicen que aunque las cifras macroeconómicas son buenas y la economía en general solo tiene «un potencial significativo de crecimiento si se puede restaurar la confianza de los inversionistas fortaleciendo las instituciones y mejorando el estado de derecho».
Estados Unidos le recordó al régimen de Ortega que ellos son su principal socio comercial al ser «la fuente del 30 por ciento de las importaciones de Nicaragua y el destino del 55 por ciento de sus exportaciones».
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