La presencia del Covid-19 en Nicaragua generará un impacto económico que puede ser mayor al ocurrido después del estallido social de abril 2018, por lo que se suma a una caída de la economía mundial.
La Unidad Nacional Azul y Blanco estima que los sectores más afectados serán “las remesas, el turismo y el consumo”.
“Esto afectará de manera directa las recaudaciones fiscales y, por ende, la capacidad misma del Estado para enfrentar la crisis. Igualmente afectará la capacidad de las empresas grandes, medianas y pequeñas de sostener el empleo”, aseguran.
Por lo tanto, recomiendan “aliviar la carga de gastos y proteger los ingresos de la población durante la emergencia”. Para ello piden «reducir al costo, por tres meses, en la tasa de intermediación para las remesas familiares’.
Nicaragua registra 7 casos de Covid-19. Foto:NI
Sugieren además, flexibilizar el pago de créditos bancarios, aplicar una moratoria de tres meses en el pago de los servicios de energía eléctrica y agua potable, una reducción en los precios del combustible, así como eliminar el IVA a los productos de la canasta básica.
La moratoria en los pagos de servicios básicos aseguran, debe aplicarse no solo a las familias, sino «también a microempresarios”, con el fin de aplacar la carga de gastos y proteger los ingresos durante la emergencia del coronavirus.
Como medida para proteger el empleo piden la suspensión de retención del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). “Esto representa el 2% de la nómina de las empresas”.
Aunque dejan claro que los despidos, serán parte de la “sobrevivencia económica de las empresas”, Según Enrique Sáenz, asesor económico de la UNAB.
Quitar a unos para dar a otros
La organización opositora considera imprescindible aprobar una reforma al Presupuesto General de la República a fin de reasignar recursos quitándole a instituciones «no indispensables», para destinar esos fondos a la emergencia sanitaria.
Entre los gastos que deberían reasignarse mencionan C$ 350 millones que se destinaron al Consejo Nacional de Deporte, C$ 682 millones a la Asamblea Nacional, C$ 102 millones al Instituto de Información para el Desarrollo, C$ 2,775 millones al Poder Judicial, C$ 8 millones a la Autoridad del Gran Canal, C$ 557 millones a la Dirección General de Servicios Aduaneros, C$ 235 millones a la Contraloría General de la República C$ 13 millones a la Cinemateca Nacional y C$ 16 millones a Procompetencia.
Por otra parte, sostienen que Nicaragua necesita acceder a fondos de la cooperación internacional con absoluta transparencia, por lo que recomiendan la presentación de un plan detallado sobre la forma en que serán utilizados.
«La tendencia es que cuando hay crisis en Nicaragua pues también la corrupción florece», dice Violeta Granera, parte del Consejo Político de la UNAB, que asegura que han sugerido «un mecanismo mixto entre los funcionarios del régimen y funcionarios de las instituciones internacionales para darle seguimiento a uso de esos recursos».
En tanto Félix Maradiaga, también parte del Consejo Político de la UNAB, expresó que las medidas económicas que proponen, aunque aprueba que el gobierno de Ortega acceda a préstamos y donaciones internacionales, «no implican bajo ningún punto una tregua ni sentarnos a negociar, implican exigirle al régimen que cumpla con sus obligaciones en el contexto de una pandemia», aseguró.
Para donaciones por Paypal https://bit.ly/2xK3m4F
Foto principal: Nicaragua Investiga
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