El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó este lunes la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, que meterá en serios apuros a los bancos nicaragüenses.
Esta nueva legislación busca declarar nulas y sin efecto jurídico las sanciones impuestas por varios países y organismos internacionales contra altos funcionarios, instituciones y entidades vinculadas al gobierno sandinista, entre ellos Rosario Murillo y tres de sus hijos procreados con el dictador Daniel Ortega.
La iniciativa, presentada apenas cinco días antes, el 20 de noviembre, sigue a las reformas constitucionales aprobadas el 19 de noviembre que refuerzan el control del Ejecutivo sobre los poderes del Estado.
Según el texto de la ley, se pretende «proteger a los nicaragüenses de agresiones económicas y políticas promovidas desde el extranjero», aunque en la práctica blinda a figuras clave del régimen que han sido sancionados internacionalmente.
Bancos en riesgo
La nueva ley obliga a los bancos nacionales a reabrir cuentas a funcionarios y entidades sancionadas, a pesar de los riesgos que esto supone.
Expertos económicos han advertido que esta imposición podría tener consecuencias desastrosas para el sistema financiero nicaragüense.
«Si los bancos nacionales acceden a estas demandas, corren el riesgo de perder sus relaciones de corresponsalía con bancos internacionales, especialmente en Estados Unidos, lo que aislaría aún más a Nicaragua del sistema financiero global», explicó un analista financiero consultado por Nicaragua Investiga.
Las sanciones internacionales, particularmente las provenientes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han sido una respuesta a las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen desde la crisis política de 2018.
Estas medidas han afectado a figuras del círculo cercano de Ortega, congelando sus activos en el extranjero y restringiendo sus movimientos internacionales.
De no cumplir con la aplicación de las sanciones tal como lo mandata la nueva ley del régimen, los bancos podrán caer en la quiebra tras la ruptura con las normativas internacionales financieras.
Aislamiento financiero
Con esta nueva ley, Ortega no solo desafía a la comunidad internacional, sino que también busca consolidar su control interno, enviando un mensaje de impunidad a sus aliados.
Sin embargo, los expertos advierten que esta estrategia podría acelerar el aislamiento del país, aumentando el costo económico y social para la población.
«Esta es una medida desesperada de un régimen que prioriza la protección de su círculo íntimo sobre el bienestar de los nicaragüenses», opinó la misma fuente que que prefirió no ser identificado por razones de seguridad.
Nicaragua Investiga
