El futuro del comercio entre Nicaragua y Estados Unidos enfrenta una amenaza significativa tras el anuncio realizado este 10 de diciembre de 2024 por la representante comercial estadounidense, Katherine Tai.
La funcionaria informó sobre el inicio de una investigación formal por múltiples violaciones a derechos humanos y laborales que se atribuyen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta investigación, bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, podría derivar en sanciones comerciales o incluso en la suspensión de Nicaragua del tratado comercial DR-Cafta.
«A Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté llevando a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho», indicó Tai en un comunicado emitido por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés).
La posible afectación del DR-Cafta tendría consecuencias devastadoras para la economía nicaragüense, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, absorbiendo el 61.6% de sus exportaciones.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, en 2023 las exportaciones totales, incluidas mercancías y zonas francas, alcanzaron los 7,543 millones de dólares, de los cuales 4,525 millones tuvieron como destino el mercado estadounidense.
El economista Juan Sebastián Chamorro enfatizó el impacto potencial de esta investigación, ya que considera que va a tener serias implicaciones en la economía nacional.
«Va a tener desde ya serias consecuencias en la economía nacional, porque pone en relieve la posibilidad de que el representante o la administración imponga, ya sean multas, tarifas específicas o incluso la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua en el CAFTA, dependiendo de la severidad de la investigación», dijo Chamorro.
Una larga lista de abusos por investigar
El comunicado de la USTR detalla acusaciones que incluyen detenciones arbitrarias, represión a grupos religiosos, violaciones a la libertad de expresión y asociación, ejecuciones extrajudiciales y la supresión de derechos laborales básicos, como la negociación colectiva.
Estas violaciones, según Tai, no solo representan un atropello a los derechos fundamentales, sino también exacerban la explotación de los trabajadores y socavan la competencia justa.
«Esta investigación está siendo posible por las arbitrariedades, los abusos, los delitos, los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo. Que no quepa la menor duda al respecto. Y el representante de Comercio lo dice claramente», advirtió Chamorro.
Con Estados Unidos reafirmando su compromiso con un comercio justo y respetuoso de los derechos humanos, el mensaje para el régimen Ortega-Murillo es claro: los abusos no quedarán impunes y sus acciones tienen consecuencias que podrían marcar el futuro de la economía nicaragüense, que ya es frágil y se sostiene de las exportaciones y remesas.
«Tenemos que ver el resultado de la misma, porque puede llegar al aumento de tarifas o aranceles a las exportaciones de Nicaragua o en su peor caso, a la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua. El CAFTA es responsabilidad de la dictadura», concluyó Chamorro.
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