El sector de zonas francas en Nicaragua se encuentra entre la promesa de 14 mil nuevos empleos generados por empresas chinas en 2025 y la amenaza real de perder más de 140 mil puestos laborales vinculados al DR-Cafta, el acuerdo comercial con Estados Unidos que actualmente pende de un hilo.
Mientras el régimen de Daniel Ortega celebra con bombos y platillos la incursión de nuevas inversiones de origen asiático, su constante confrontación con el gobierno estadounidense —principal socio económico del país— ha desatado una investigación por supuestas violaciones de derechos humanos y laborales, cuyos resultados podrían provocar la suspensión de los beneficios arancelarios.
En este escenario incierto, la estabilidad de los trabajadores de zonas francas y el futuro de la economía nacional se encuentran en serio peligro.
El reciente anuncio de la Confederación de Unificación Sindical sobre la posible generación de 14 mil nuevos empleos en el sector de zonas francas ha sido celebrado por los portavoces oficialistas como una “muestra de fortaleza” de la economía nicaragüense.
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La promesa de crecimiento, respaldada por la incursión de nuevas empresas chinas y un eventual aumento de entre un 10% y 20% en la mano de obra nicaragüense, se enmarca en el contexto del acercamiento político entre los regímenes de China y Nicaragua.
El dictador Daniel Ortega ha apostado en los últimos meses por estrechar lazos con China, atrayendo inversiones de ese país asiático, pero al mismo tiempo ha escalado su confrontación con Estados Unidos, principal socio económico de Nicaragua.
Esta confrontación se refleja en la investigación anunciada el pasado 10 de diciembre de 2024. por la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, por las múltiples violaciones de derechos humanos y laborales que comete el régimen en Nicaragua.
Analistas señalan que esta pesquisa podría traducirse en la suspensión del DR-Cafta, amenazando con un golpe devastador para la economía nacional, especialmente para el sector de zonas francas, que emplea a decenas de miles de trabajadores.
Sector con salarios insuficientes
Por otra parte, a pesar de las esperanzas depositadas en las inversiones chinas, persiste el problema de los bajos salarios en las fábricas de maquila. A partir del 1 de enero de 2025, el régimen de Ortega implementó un incremento del 7% al salario mínimo en Zonas Francas, quedando en C$ 9,359.46 mensuales.
No obstante, esta suma representa menos de la mitad de los C$ 19,992 que, según datos oficiales, cuesta la canasta básica para una familia de cuatro miembros.
El sindicato oficialista, representado por José Espinoza, sostiene que la entrada de compañías chinas podría generar un crecimiento en la mano de obra y llegar incluso a los 150 mil puestos de empleo en el sector para finales de 2025.
Sin embargo, expertos critican que el régimen de Ortega está arriesgándolo todo al desafiar a Estados Unidos, sabiendo que este país representa la principal fuente de exportaciones y que el DR-Cafta es la columna vertebral del comercio nicaragüense con la región centroamericana y el mercado estadounidense.
“Una eventual suspensión del DR-Cafta podría tener repercusiones devastadoras para la economía nicaragüense, particularmente para la Zona Franca, que emplea a más de 120,000 trabajadores. Los efectos de una posible suspensión serían inmediatos, y los trabajadores de las zonas francas serían los primeros en sufrir las consecuencias”, dijo en unas declaraciones a Nicaragua Investiga el economista y exiliado nicaragüense, Óscar René Vargas.
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Consecuencias inminentes
De concretarse el cierre de la investigación estadounidense con hallazgos que comprometan al régimen por sus prácticas represivas y violaciones laborales, la suspensión del DR-Cafta podría llegar de manera inmediata.
Esto provocaría el retiro de empresas que no encontrarían incentivos para seguir operando en Nicaragua sin los beneficios arancelarios. En ese escenario, las prometidas 14 mil plazas de las empresas chinas no lograrían compensar la pérdida de más de 100 mil empleos vinculados al mercado estadounidense.
El temor también se extiende a la estabilidad de los trabajadores que ya enfrentan el alto costo de la vida, pues un mercado laboral en contracción significaría mayores dificultades para negociar salarios justos y prestaciones dignas.
Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega, en lugar de priorizar el diálogo y las garantías democráticas que respalden los acuerdos comerciales vigentes, ha optado por endurecer su postura hacia las críticas internas y externas. Bajo este clima de tensión, la llegada de capital chino no garantiza la sostenibilidad de los empleos, ni compensa las posibles sanciones del mayor socio comercial de Nicaragua.
Nicaragua Investiga
