El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha autorizado un nuevo endeudamiento con China por 57,4 millones de dólares, destinados a la edificación de un parque eólico en el norte de Nicaragua. Esta operación, firmada con la constructora estatal China Communications Construction Company Limited (CCCC), eleva la dependencia financiera del gobierno sandinista hacia Pekín, en un contexto de acuerdos opacos que generan alertas por su impacto en las finanzas públicas.
El proyecto, bautizado «La Mesita», se ubicará en el departamento de Estelí y abarcará el diseño, equipamiento, montaje y operación inicial de la instalación renovable. Como entidad responsable de la ejecución, el gobierno designó a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), según el Acuerdo Presidencial 156-2025, difundido en el diario oficial La Gaceta el 2 de octubre. El tesorero general, Carlos José Selva Hernández, recibió plenos poderes para cerrar el convenio en representación del Estado nicaragüense.
Desde la reanudación de lazos diplomáticos con China en diciembre de 2021 —tras romper con Taiwán—, el régimen ha acumulado compromisos por casi 1.500 millones de dólares con entidades del gigante asiático. Solo en 2024, los desembolsos superaron los 919 millones, mientras que entre 2023 y 2025 se han pactado al menos diez contratos por más de 1.205 millones adicionales, enfocados en obras energéticas, viales y tecnológicas. El grueso de estos fondos proviene de firmas como CCCC, que ya ha financiado parques solares y eólicos previos en la región, como «El Barro» en San Nicolás (69,1 millones en febrero de 2025) o instalaciones fotovoltaicas en Matagalpa y Masaya (alrededor de 70 millones cada una).
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Analistas destacan los peligros de esta estrategia. Los términos incluyen tasas de interés elevadas —hasta 5,2% o más, con comisiones que las disparan al 9-10%—, plazos cortos de gracia y la exigencia de un anticipo del 20% del costo total, independientemente de si el proyecto avanza. Economistas como Juan Sebastián Chamorro advierten de cláusulas «leoninas» que erosionan la soberanía y fomentan la corrupción, al evadir licitaciones abiertas y auditorías independientes.
El Banco Central de Nicaragua, por su parte, reportó recientemente que la deuda externa total del país roza los 15.779 millones al primer trimestre de 2025, con China como acreedor bilateral clave que agrava el servicio de pagos.
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En medio de esta espiral, el régimen presenta estos créditos como pilares de un «modelo de desarrollo» renovable, pero críticos los ven como un lazo que ata el futuro fiscal de Nicaragua a intereses foráneos, sin transparencia ni beneficios equitativos para la población.
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