El reciente embargo por casi 80 millones de dólares contra una planta recicladora de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) involucra un aparente castigo a un reconocido empresario que ha tenido cercanía con la dictadura Ortega-Murillo y que ha patrocinado uno de los proyectos más preciados de una de sus hijas.
La semana pasada se dio a conocer que la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, del Juzgado Segundo Distrito Civil de Managua ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), filial del Grupo CCN, bajo el argumento de deudas y retrasos de pagos de impuestos al Estado.
Sin embargo, uno de quienes figura como dueños de la CRN es Luis Felipe Lacayo Urcuyo, uno de los empresarios que se retrata con la dictadura, como lo demuestra una fotografía que circuló al conocerse el embargo, junto a Camila Ortega Murillo, la hija de los dictadores ahora devenida en representante del sandinismo en foros de liderazgo global femenino.
También aparece como socios Silvio José González Solórzano, Franco José Chamorro Duque-Estrada y Henry del Carmen Gutiérrez, este último que figura como CEO de la Cervecería Nacional de Nicaragua.
El «gran patrocinador» de Camila Ortega
Lacayo Urcuyo es uno de los patrocinadores más significativos de «Nicaragua Diseña», una idea de la dictadura que se vende como «la primera incubadora del diseño y arte creativo» del país para promover la propaganda del régimen, y donde Camila tiene la voz de mando al ser la directora general de este organismo que se creó en el año 2021 y que también se alimenta de fondos del Estado.
La medida, que obliga a la recicladora a pagar los 2.899.115.294,04 de córdobas, el equivalentes a 79 millones 158 mil 244 con 50 dólares, deja en evidencia que la influencia de Lacayo Urcuyo no es tan grande como se esperaba a pesar de su inyección de recursos a Nicaragua Diseña, o que su alianza con Camila no impide que la dictadura vaya en contra de propiedades donde él figura como socio.
Marco Aurelio Peña: En Nicaragua hay un crecimiento económico sin desarrollo
El economista Marco Aurelio Peña, en entrevista con Nicaragua Investiga, dijo la semana pasada que la dictadura aplasta a la libre empresa y encarcela a los que se atreven a cuestionarlo, de lo que no están exentos comerciantes ni empresarios.
«Hay malestar porque el régimen político tiene restringidas y atropelladas las libertades fundamentales como las económicas», detalló.
Un historia ya vivida
La Cervecería ya vivió en carne propia, con la llegada del sandinismo en los 80, la expropiación de la compañía, que fue devuelta a manos privadas por la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Eso no implicó que la persecución cesara desde el regreso de Ortega y Murillo al poder y sobre todo a partir de la crisis de abril de 2018. Los casos más recientes contra esta empresa son la disolución «voluntaria» de la Fundación Victoria, medida que solicitó en diciembre de 2023, después de más de una década dedicada a la formación de jóvenes de escasos recursos en carreras técnicas.
La misma suerte corrió el Instituto Tecnológico Victoria, creado en 2013, que la dictadura canceló en julio de 2024. La fundación lo administraba, pero Ortega y Murillo también lo cerraron.
Periodista Nicaragua Investiga
