En un movimiento que algunos analistas califican como un «suicidio geopolítico», la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado su confrontación con Estados Unidos al consumar la confiscación de la planta procesadora de oro de la empresa BHMB Mining en Palacagüina, Madriz.

El despojo de esta inversión, valorada en más de 80 millones de dólares, no solo representa un golpe a la propiedad privada, sino un desafío directo a la administración de Donald Trump en un momento en que el cerco sobre el llamado «eje del mal latinoamericano» se estrecha con una firmeza inédita.

La gravedad del incidente ha resonado de inmediato en los círculos de poder más influyentes de Washington. Richard Grenell, enviado especial para misiones especiales y uno de los asesores de mayor confianza de Trump, ha calificado la acción como «inaceptable».

Outrageous. https://t.co/IsusrJcltM

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 4, 2026

El mensaje fue acompañado de una publicación del abogado Jason Ian Poblete, quien a su vez compartió la noticia del despojo publicada por el medio digital Confidencial.

«Más allá de la corrupción, se trata de la confiscación directa de propiedades estadounidenses”, advirtió Poblete en su cuenta de X. También dijo que este tipo de noticias no “deberían sorprender” a quienes hacen negocios en Nicaragua.

La intervención de Grenell, parece solo un pequeño mensaje, pero eleva el perfil del conflicto de una disputa comercial a un asunto de seguridad nacional y política exterior de primer nivel. Al ser Grenell una figura clave en la definición de la estrategia de «máxima presión» contra regímenes autoritarios, su reacción sugiere que Nicaragua ha entrado en una fase de vigilancia intensiva que podría derivar en represalias económicas y diplomáticas de gran escala.

Despojo vía “Súper procuradora”

El mecanismo del despojo fue ejecutado a través de la Procuraduría General de la República, bajo el mando de la sancionada Wendy Morales, quien facilitó la transferencia de los activos de la firma estadounidense-británica hacia la empresa de capital chino Zhong Fu Development a finales del año pasado y la reafirmó en febrero de este 2026.

Esta maniobra confirma la deriva estratégica de Ortega: sustituir la inversión occidental por intereses de Beijing, incluso a costa de violar tratados internacionales. El abogado Jason Ian Poblete, quien denunció el caso, advirtió que este tipo de confiscaciones «anárquicas» suelen acarrear consecuencias severas que la actual administración estadounidense no pasará por alto, especialmente cuando se trata de la defensa directa de capitales de su país.

Ortega juega con fuego

Desde una perspectiva de riesgo político, Ortega parece estar subestimando la cohesión de la actual política exterior de Estados Unidos hacia la región. Al atacar directamente una inversión de Florida en favor de una entidad china, el régimen nicaragüense le otorga a Washington el argumento definitivo para justificar un aislamiento total. Nicaragua ya no es vista solo como una dictadura local, sino como una base operativa de potencias rivales en el corazón del hemisferio, lo que acelera la posibilidad de que el país sea excluido definitivamente del tratado comercial CAFTA-DR y que se impongan sanciones directas a la industria del oro, que en 2025 generó cerca de 2,000 millones de dólares para el país.

El riesgo económico es igualmente devastador. Al destruir la seguridad jurídica de la industria minera, el principal motor de exportación de Nicaragua, el régimen se queda sin margen de maniobra financiera. Baruch Rapoport, gerente de BHMB Mining, denunció que el control de facto de sus instalaciones fue transferido a entidades vinculadas a concesiones otorgadas por el Estado a empresas chinas, lo que evidencia un patrón de saqueo institucionalizado. Esta falta de garantías aleja cualquier posibilidad de inversión legítima, dejando a la economía nacional supeditada a las condiciones, a menudo leoninas, de los capitales asiáticos que operan bajo la sombra del régimen.

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Dictadura atemorizada

La dictadura de los Ortega-Murillo parece apostar a que la lejanía geográfica de los conflictos globales le daría un respiro, pero la presencia de Richard Grenell en el tablero cambia las reglas del juego. Con el «eje del mal» compuesto por Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo la mira constante de una Casa Blanca decidida a restaurar su influencia en la región, la confiscación en Palacagüina podría ser el catalizador de una respuesta coordinada que asfixie financieramente a una dictadura que, en su afán de control, ha decidido jugar con fuego frente a su principal socio comercial y adversario político más importante.

Hoy mismo el medio Confidencial ha publicado declaraciones de un abogado con influencia en los círculos políticos de Washington, que les ha dicho que «hay una confluencia de acciones iniciadas o coordinadas con Washington encaminadas a seguir golpeando al sector minero nicaragüense». Según el medio, esto estaría generando «nerviosismo» entre los dictadores.