Álvaro Ruiz Cerros está indignado. Años de trabajo duro podrían quedar en manos del banco.
En 2015 este abogado estaba listo para dar un gran paso profesional; iniciar su propia firma legal en su ciudad, Matagalpa.
Había reunido 31 mil dólares para comprar una casa en la que pondría en operaciones sus oficinas, y pidió un préstamo al banco por 46 mil más para reunir el total del costo de la propiedad; 77 mil dólares.
Ruiz tenía varios clientes en su trabajo como abogado independiente y pensaba que con la firma legal en funcionamiento, podría pagar holgadamente el 11% de interés anual y la cuota mensual de 480 dólares que le ofreció el Banco de la Producción.
Pagó un total de 8 mil 261.56 dólares durante más de dos años, hasta que en abril del 2018 estalló la crisis sociopolítica y con ella una de las más severas contracciones económicas que haya tenido el país en las últimas tres décadas.
El Banco Mundial registró que el Producto Interno Bruto de Nicaragua cayó ese año un 4%.
Como consecuencia, los clientes de Álvaro se retiraron. Para enero del 2019 ya no pudo pagar más sus cuotas mensuales.
En septiembre, el banco lo demandó para exigir judicialmente su dinero.
Las propuestas “absurdas” del banco
Ruiz trató de llegar a un acuerdo con el banco pero hasta la fecha le han hecho dos propuestas que considera “absurdas”.
La primera propuesta se trataba de que el abogado diera la propiedad en pago de los 46 mil dólares que prestó, pero esto le pareció ilógico porque el inmueble tiene un valor total de 77 mil dólares, sin tomar en cuenta que Ruíz ya pagó más de 8 mil dólares de la deuda. Es decir, el banco se estaría pagando realmente más de 85 mil dólares, casi el doble de lo que prestó.
La otra propuesta, fue que el inmueble pasaba a ser propiedad del banco, y él podía ocuparlo a cambio de un arriendo o alquiler, para volverlo a comprar cuando tuviera las posibilidades.
A Ruíz le pareció una “barbaridad”, porque significaba perder la casa y encima de ello, continuar pagando por ocuparla. Así que pidió una reestructuración de deuda, pero la oferta del banco era despreciable; en lugar de pagar en 15 años pagaría en 25, y en lugar de una cuota mensual de 480, pagaría 490 dólares.
“A ninguna solución estoy llegando con esa propuesta”, dice Ruiz molesto y desconcertado porque sigue en su batalla legal sin saber a ciencia cierta qué será de su propiedad.
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Un carro parece un lujo para muchos, pero para un profesional que requiere de ese bien para hacer su trabajo no es más que un medio de subsistencia. Este joven nos pide no revelar su identidad, pero nos cuenta su experiencia con una reestructuración de deuda con el Banco de Finanzas.
Dice que a inicios del 2019 su esposa fue despedida del trabajo y los ingresos familiares se redujeron al punto que era imposible para él continuar pagando sus cuotas mensuales.
Decidió acudir al banco a conocer sus posibilidades. Le ofrecieron bajar el monto de la cuota, que solía ser de 240 dólares. Ahora él pagaría solo $160, parece un buen gesto de esta entidad, pero pronto el joven descubrió que para el banco su desgracia resultó en un buen negocio.
A cambio de la disminución de la cuota, el plazo se aumentó dos años y con ello los intereses.
“Adicional eran casi 2 mil dólares más”, nos explica el afectado.
Es decir, que el vehículo que le costaría 14 mil dólares, en cuestión de minutos pasó a costar 16 mil. El banco no tuvo que invertir nada, solo el mismo dinero que ya había prestado hace tres años a este joven profesional, que nos dice que de inmediato se dio cuenta que estaba siendo “estafado”, pero …
“Era eso o perder el carro y el dinero que había dado en más de tres años”, explica resignado.
Estas experiencias se cuentan por montones en nuestro país, y la pandemia de Covid-19 solo vino a empeorar el panorama. Cada vez más familias caen en la insolvencia, y para el banco ciertamente no es del todo negativo.
Sector privado en espera de acciones del gobierno
El gobierno de Daniel Ortega no ha impulsado medidas para aliviar a los más afectados con la pandemia, pero la empresa privada tampoco.
El pasado 11 de junio, el Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, urgió al gobierno 14 medidas sanitarias y económicas para enfrentar la pandemia, entre ellas se pedía “modificar las normativas correspondientes en la Siboif (Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua) y Conami (Comisión Nacional de Microfinanzas) que permitan regular favorablemente la reclasificación de los deudores y mitigadores para reestructurar los créditos personales, de tarjetas de crédito, hipotecarios y pymes”.
Pero a nivel propio la banca privada no ha impulsado ninguna medida dentro de las posibilidades que tienen con la normativa actual. En su lugar, muchos clientes denuncian reestructuraciones oportunistas.
El Consejo Nacional de las Microfinanzas publicó este 12 de junio en la Gaceta una reforma a la actual normativa para permitir a estas entidades «modificar las condiciones contractuales» con los clientes en mora por asuntos vinculados a la pandemia. La normativa entrará en vigor el 1 de julio, pero deja a discreción de las microfinancieras los términos de reestructuración, refinancimiento o prórroga, lo que podría traducirse en acuerdos como los relatados al inicio de este reportaje; altos intereses y largos plazos que solo afectan más a los usuarios.
“La mayor parte de personas naturales o pequeños negocios de MIPYMES no podrían calificar porque solamente se reestructuraría a aquellos clientes que tienen una categoría A o B” es decir aquellos clientes que han tenido pocos días o ninguno de atraso en sus pagos, indica el economista Luis Murillo.
“Más bien estas personas que han perdido sus empleos, se van a enfrentar a una dura persecución y ejecución de todos sus bienes en el caso de que hayan tenido algún tipo de deuda con estas microfinancieras” explica el experto y advierte que esta medida está alejada de la realidad nicaragüense y sería insuficiente para mitigar el impacto económico del Covid-19.
La economía «se contagia» de Covid-19
La pandemia generó ya despidos y cierre de negocios, que se suman a los que ya había dejado la crisis sociopolítica iniciada en 2018.
El 90% de las pymes turísticas del país urgen medidas de alivio económico o podrían desaparecer, advirtió Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo CANATUR.
Muchas de estas pymes tienen deudas con los bancos, que ahora no pueden pagar debido a la poca actividad que tienen estos negocios.
CANATUR emitió un desesperado comunicado a mediados de abril, en el que piden varias medidas para evitar que estas pequeñas y medianas empresas, que sostienen la mayor parte de la economía nacional, colapsen, entre ellas “un período de gracia en los pagos de préstamos en bancos y microfinancieras”, pero la banca privada calló al igual que el gobierno.
La empresa privada alega que sin la autorización del gobierno, es imposible tomar medidas de ese tipo por cuenta propia porque estos mecanismos están regulados por la ley.
370 propiedades adjudicadas
La medida extrema que suelen tomar los bancos y otras instituciones financieras para recuperar su dinero una vez que el deudor no puede pagar en los plazos y cuotas establecidas, es la toma de bienes como casas, vehículos, fincas o artículos de valor, que se adquirieron con el monto prestado o se pusieron como garantía, las cuales son subastadas o vendidas.
Los bancos publican estos que llaman “bienes adjudicados” en sus sitios web con la intención de buscar compradores.
Según un monitoreo realizado por este medio en los sitios web de distintas instituciones financieras del país, en Nicaragua existen al menos 370 bienes que están siendo vendidos en este momento por los bancos con el fin de recuperar el dinero prestado. El banco LAFISE es el que más propiedades tiene a la venta actualmente, 99 en total.
BANPRO mantiene 92 bienes en venta, entre ellos 41 casas.
El Banco Produzcamos, del Estado, también se ha adjudicado propiedades de sus clientes. Ellos tienen en su poder ahora 51 propiedades que tomaron de deudores en mora.
La cifra de bienes adjudicados podría ser mayor, ya que la mayoría de microfinancieras que operan en el país no suben a su sitio esta información.
Nicaragua Investiga consultó a Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua y gerente general de BANPRO para conocer el porqué el sistema financiero no ha tomado medidas para mitigar el impacto económico o si han considerado flexibilizar sus políticas de recuperación de cartera, al igual que a Jaime Altamirano, secretario de ASOBANP y gerente general de BDF, y a Teresa Montealegre, directora ejecutiva de esa asociación pero ninguno accedió a responder nuestras preguntas.
¿Puede la banca ser más flexible?
Para que los bancos puedan tomar medidas deben tener suficiente liquidez que les permita flexibilizar sus políticas de crédito sin hundirse o irse a la quiebra.
Los datos más actualizados del BCN reflejan que la banca tiene una liquidez hasta marzo del 2020 del 35.5% en moneda nacional y del 51.8% en moneda extranjera.
Para el economista y sociólogo Fernando Carcache, esta liquidez es suficiente como para que la banca pueda impulsar medidas dirigidas a apoyar la golpeada economía de las familias, por una “responsabilidad moral y ética”.
“Porque los bancos lo que tienen en primera instancia, son los fondos de los ahorrantes”, asegura, y dice que “empujar a la gente a tener que trabajar en condiciones de pandemia lo que va a hacer es arriesgar la salud de las personas” y luego no va a haber quien pague deudas porque han enfermado o fallecido.
El economista Luis Núñez refiere que la situación de la banca, tiene la misma epicrisis que puso de moda el Ministerio de Salud es; “delicada pero estable” pues el sistema financiero reporta que hasta marzo tiene al 88% de sus deudores al día, incluso en medio de la crisis económica, además se han reestructurado el 8.5% de los créditos y el 0.5% se ha prorrogado. El 3.1% restante es la cantidad de deudores que cayeron en mora y del cual el 1.4% se encuentra en carácter de cobro judicial.
Núñez detalla que si bien hay liquidez y los bancos tienen para enfrentar la crisis, esta sería “una liquidez precaria”, y no pueden perder dinero ni hacer reestructuraciones a la ligera sin el apoyo del gobierno central, porque podría haber un desequilibrio en el sistema financiero.
“Los bancos tienen que presionar al gobierno para que relaje las políticas y le de un respiro a los deudores (…) el gobierno tiene que destinar recursos para respaldar esas deudas y que le permita a la banca restructurar y de esta manera otorgar plazos más favorables”, asegura.
Además recuerda que «los bancos también son deudores», y que «más del 85% de la deuda externa» corresponde a la banca privada.
¿Qué es lo que sí pueden hacer los bancos?
El economista Fernando Carcache señala que los bancos no necesitan del todo la autorización de la Superintendencia de Bancos o el gobierno para realizar acciones que brinden oxígeno a la economía de los deudores.
Algunas de las medidas que pueden tomar los bancos por cuenta propia es aumentar los plazos para el pago de los préstamos y analizar cada caso según las posibilidades de los deudores, pero esta reestructuración no tendría sentido si se hace a como se lo propusieron al abogado Álvaro Ruiz. Carcache dice que “la sostenibilidad de sistema financiero debe considerar a las personas”.
Por otro lado, el experto explica que en Nicaragua los intereses por tarjeta de crédito son de un promedio del 50% anual, uno de los más altos de la región.
“Esa cantidad de intereses cobrada en un contexto como este me parece inhumano (…) es momento de que los bancos coludan no solo en función de sus intereses, si no en función de los intereses de la población”, destacó.
Hasta ahora los bancos solamente han eliminado los cargos por hacer transferencias ACH, es decir de un banco a otro en línea.
Si la banca privada o el gobierno no toman medidas para mitigar el golpe económico de la pandemia, la mora podría incrementar y generaría una crisis en el sistema financiero, indican ambos expertos, que también señalan que las medidas de alivio económico deben priorizar a los trabajadores informales, 70% de la fuerza laboral del país.
Mientras el gobierno de Daniel Ortega y la banca privada se deciden a tomar medidas de impacto real, los ciudadanos continuan bajo el apuro del trabajo. La siguiente cuota del banco los alcanza, y muchos de los que toman el riesgo para cumplir, saben que deben tener un buen récord crediticio, pues hasta el ataúd podría tener que ser adquirido con un préstamo.
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