La Alcaldía de Managua, que habría demandado a la telefónica Movistar (ahora Tigo), logró embargar, de manera preventiva, a la empresa por una supuesta deuda de impuestos cercana al millón de dólares (32 millones de córdobas).
La orden, que tiene como fin presionar a la empresa, fue emitida por el Juzgado quinto de ejecución de sentencia de Managua.
Según la comuna capitalina, la deuda, que corresponde a cuatro años de mora, es por el Impuesto de Bienes inmuebles, IBI desde el año 2014 a 2018.
Previamente Movistar había recurrido de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, T.A.M contra la resolución administrativa por considerar que la raza de impuesto cobrados por la comuna capitalina es excesiva y además porque ya había prescrito.
El recurso de amparo se encuentra pendiente de trámite en la Sala de la Constitucional según una fuente que no quiso revelar su identidad.
Hasta el momento ni Telefónica (dueña de Movistar), ni la empresa Tigo se han pronunciado públicamente sobre el embargo.
¿Cuáles son los impuestos que debe Movistar?
La Alcaldía de Managua, bajo el control de Fidel Moreno y la imagen de Reyna Rueda, vive una de sus peores crisis de impuestos tras el estallido social de abril 2018.
La comuna experimentó una caída de sus ingresos en concepto de impuestos en comparación al primer semestre del año pasado. Según cifras de la propia municipalidad, durante el primer semestre de este año se recaudaron C$1.290,9 millones a través de impuestos, cuando en el mismo período del año pasado la recaudación llegó a C$1.543,8 millones.
En los últimos meses la municipalidad ha solicitado préstamos millonarios a entidades bancarias privadas con el fin de seguir financiando proyectos de índole político.
La necesidad de efectivo es enorme en esa dependencia y al parecer pretenden usar la vía judicial para lograr mejorar sus estadísticas económicas.
El concejal de CXL en la alcaldía de Managua Selin Figueroa, dijo desconocer detalles sobre el embargo, pero sí asegura que a finales del año pasado, la alcaldía y Movistar se enfrentaban por unos impuestos IBI con los que la empresa no estaba de acuerdo, por considerarlos no ajustados a la ley.
«En sesión ordinaria número nueve del Concejo Municipal dado en octubre del año anterior, llegó una apelación de Telefónica al concejo, producto de una multa que ronda los 4.4 millones de Córdobas por conceptos de bienes inmuebles, pero lo interesante de esta multa es que la Dirección de Catastro le está imputando un impuesto al software que utiliza esta empresa», explicó Figueroa.
Los software son sistemas operativos que utiliza la compañía para ofrecer sus servicios y la empresa alega que no son bienes tangibles por lo que no deberían pagar IBI.
«Se pretende imponer a mi representada un impuesto que no tiene sustento legal», dice la documentación presentada por telefónica ante el concejo municipal. El argumento de la empresa es que los software «no representan un bien mueble, ni están adheridos de manera permanente a un equipo, o maquinaria para imputar como activo físico tangible o real, sino que se trata de un intangible virtual».
Parte de la documentación legal presentada por Telefónica Movistar ante el concejo municipal a finales del año pasado. Foto: Cortesía
Ante la posición de la empresa, la alcaldía contesta que «del software depende que los equipos puedan funcionar (…) sin este programa la computadora no realizaría las funciones establecidas para use y disfrute de los usuarios, sin el software estos serían más que un objeto sin utilidad al proceso del giro económico de la empresa, serían pues solo cables y circuitos».
Respuesta de la Alcaldía de Managua a negativa de Movistar de pagar IBI por software. Foto: Cortesía
«No tiene ningún sentido cobrar impuesto sobre bienes y muebles a algo que ni siquiera es tangible, para que te des una idea inmueble implica que no se mueve (…) lo que se puede cobrar en todo caso es impuesto sobre la marca, que es otra rama de la propiedad intelectual (…) pero no impuesto de bienes y inmuebles», dice Manuel Díaz, especialista en tecnología y abogado en derecho de autor.
Pero el concejal Carlos Bonilla del PLC informa a Nicaragua Investiga que las diferencias entre Movistar con Alcaldía son de vieja data.
«Hay documentos que indican que en el año 2016 Movistar tenía una deuda de 36 millones 6 mil 448 Córdobas, esa multa era por matrícula, IBI, transmisión de audio y ellos metieron un recurso en el 2016 y les permitió lograr la negociación a 22 millones 495 mil Córdobas y ahorita ya estamos hablando del año 2017, hay un IBI de más de 4 millones que es un avalúo a una propiedad «, explicó Bonilla.
Para los concejales opositores en la Alcaldía de Managua, sea cual sea el enfrentamiento por la diferencia de conceptos en la aplicación de impuestos, las autoridades deberían emprender una salida negociada en lugar de confortarse judicialmente.
«La alcaldía de Managua está en problemas económicos y anda recolectando plata de dónde sea y a cómo sea, pero ya para llegar al límite de un embargo y llevar esta deuda judicialmente pues lo que va a afectar son a cientos de familias nicaragüenses que trabajan en estas empresas y debe llegarse a un acuerdo», dijo Bonilla.
«Esto es una empresa extranjera y si ven que se está comportando de este caso la alcaldía de Managua, quién va a querer venir a invertir a Nicaragua? manifestó el concejal liberal.
El concejal Selin Figueroa, coincide. «A mi juicio tener que embargar o utilizar las vías legales para someter a esta empresa está ahuyentando la inversión extranjera, la inversión nacional, lo que está provocando la alcaldía es más desempleo» y advierte que con esas técnicas para aumentar las recaudaciones solamente lograrán el efecto contrario.
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