Por Nicaragua Investiga y Café con Voz
Este equipo de investigación encontró que al menos 83 instituciones públicas, entre ellas más de 20 alcaldías, contratan a las empresas del Ejército. Es una red que aprovecha todas las oportunidades en el sistema de contrataciones del Estado de Nicaragua desplazando a otros potenciales proveedores.
Cuando se habla del Ejército en un país, la mayoría de personas piensan en defensa nacional, pero en Nicaragua se le relaciona con negocios multimillonarios desde hace décadas.
El Ejército de Nicaragua posee a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) un entramado de sociedades anónimas que le han desviado de su propósito original, pero que también se han convertido en el punto de convergencia entre dos intereses: el económico y político.
Este poderoso conglomerado de empresas que abarca sectores clave como construcción, comercio, educación, ferretería, calzado y medicina, se ha beneficiado de la cercanía con el régimen de Daniel Ortega, el Jefe Supremo del Ejército y de la Policía, según la Constitución Política del país.
Esta red empresarial militar opera con ventajismo al gozar de exoneración de impuestos y acceso preferencial a recursos, sofocando la competencia y generando preocupaciones sobre el uso de los fondos públicos.
Más de 400 documentos oficiales obtenidos por Nicaragua Investiga y Café con Voz revelan que estas empresas ganaron 16 millones de dólares desde 2012 hasta 2024 a través de contratos estatales. Se analizaron 2.667 archivos y se creó una base de datos que el lector puede descargar.
De este modo, el Estado de Nicaragua premia con licitaciones públicas a los militares, un sector que ha respaldado decididamente el proyecto político de los Ortega Murillo, incluyendo la reelección indefinida y la instauración de una dinastía con el empoderamiento de Rosario Murillo como número dos del régimen. Ortega los premia con negocios, les aumenta el presupuesto y ratificó al General Julio César Avilés Castillo.
Un experto en temas de contrataciones del Estado, que prefirió permanecer en anonimato por temor a represalias, consideró que posiblemente se esté desplazando a proveedores potenciales que han estado en el mercado público durante años con mejores posiciones en cuanto a precio, calidad y tiempo. También sostiene que el sistema de contrataciones públicas está siendo utilizado para premiar lealtades.
Este tipo de favorecimiento a los militares desde el Estado se explica por la relación directa con Ortega, la falta de controles de la Contraloría General de la República de Nicaragua —sometida por el control partidario del FSLN—, mientras la sociedad civil y los medios independientes son perseguidos por la dictadura.
La vocería militar hace parte en la práctica del circuito de comunicación que propicia la propaganda. Avilés suele alabar públicamente a Ortega y Murillo en sus comparecencias, ofreciendo su respaldo y lealtad, pese a las graves violaciones a los derechos humanos que comete el régimen.
“Cuando el Ejército se involucra en negocios, desvían el propósito principal para el que están organizados, que es la defensa de la soberanía nacional”, explica Javier Meléndez , experto en temas de seguridad y defensa nacional. “Cuando se convierte en actores económicos, su enfoque se desplaza a la acumulación de recursos ya la protección de sus propios intereses corporativos”.
Meléndez sentencia que las fuerzas armadas operan descaradamente dentro de un entorno corrupto de empresarios, generales y oligarcas que priorizan sus propios intereses económicos.
Para continuar leyendo, haz clic en cada título:
Una red que ofrece de todo al Estado
En el Estado hay al menos 83 instituciones que contratan a las 11 empresas militares que operaban a través de una supuesta “red de tráfico de influencias”, según un experto en temas de contrataciones públicas que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias políticas.
Las empresas militares proveen a las instituciones herramientas, materiales de construcción, medicinas, cursos académicos, calzados, vestimenta y cenas navideñas.
Con los 16 millones de dólares que obtuvieron estas empresas militares en los 13 años analizados, se podrían construir 47 escuelas públicas en áreas remotas de Nicaragua, cada una valorada en 341,588 mil dólares.
También sería posible construir 550 hospitales primarios completamente equipados en todo el país, como el recientemente inaugurado en Nagarote, que costó 35.625 dólares.
El experto en temas de contrataciones del Estado explica que algunos empresarios son excluidos de la competencia por carecer del poder de influencia, mientras que otros se autoexcluyen. “Es un efecto negativo de toda la corrupción que hay dentro del sistema de compras”, expone y agrega que los mayores perdedores son los ciudadanos que pagan más por servicios o productos que se pueden encontrar a mejor precio y calidad con otras empresas.
Las empresas de los militares son contratadas repetidamente porque supuestamente cuentan con “garantías y adelanto de entregas”, según los documentos oficiales.
El Ejército de Nicaragua utiliza camionetas lujosas en sus operaciones. Foto | Prensa oficialista.
Un negocio disfrazado de generosidad
Las instituciones públicas compran canastas básicas para entregarlas a sus trabajadores antes de las vacaciones navideñas. Esto se vende por el régimen como un gesto de buena voluntad, pero detrás de esta aparente generosidad se benefician empresas militares.
Una de las mayores compras de estos productos se realizó el 21 de octubre de 2024. Se firmó un contrato por 33 millones de córdobas (903,783 dólares), en casi cinco mil canastas navideñas para los trabajadores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
El contrato fue firmado por Sagrario Benavides Lanuza, vicepresidente de esa institución, quien está incluida en la Lista Engel de Estados Unidos por corrupción y prácticas antidemocráticas. El que vendió los productos fue Supermercado de Cereales y Vegetales SA (Cervegsa), conocida como “La Tienda del Ejército”.
Cervegsa es un supermercado que vende productos para el hogar como muebles, electrodomésticos, ropa, calzado, útiles escolares, perfumes, juguetes, carne, bebidas, granos básicos, entre otros. Tiene dos tiendas estratégicas en Managua: una en Carretera Norte y otra recién inaugurada en Plaza España.
Cervegsa inauguró otro supermercado en Plaza España, en la Plaza Comercial Naciones Unidas.
No es la única ocasión que contrataron a Cevergsa. El 24 de octubre de 2023, Benavides Lanuza firmó otro contrato para el mismo fin por 31,7 millones de córdobas (866.074 dólares).
Entre 2017 y 2024, Cervegsa recibió 82 licitaciones públicas, acumulando 270.17 millones de córdobas (7.37 millones de dólares). Cervegsa “gana” los contratos porque supuestamente tiene garantías de cumplimiento y adelanto de productos, mientras que las otras empresas que participan son excluidas por no contar con estos requerimientos.
La Empresa Portuaria Nacional contrató en 2022 y 2023 a Servicios Inmobiliarios y Turísticos SA (Seitsa), propiedad del Ejército, para cenas de despedida de año para sus trabajadores. Esto sumó 398,210.50 córdobas (10,874.12 dólares).
En la despedida del año de 2023, por ejemplo, se solicitó una cena para más de 400 personas que incluía carne de res y pollo, acompañado con postre y bebidas ilimitadas.
Ver contratos de Cervegsa y Seitsa
Empresa del Ejército le vende botas al Ministerio de Defensa
Industrias Toro SA (Intosa), conocida como “La Chontal”, también se beneficia de contratos públicos para proveer calzado y vestimenta. Obtuvo 103 contratos entre 2017 y 2024, que sumaron 32.53 millones de córdobas (888,512 dólares).
El conflicto de intereses es mayor en este caso porque fue el Ministerio de Defensa, del Interior, que tienen a su mando a la Policía y al Ejército, que le compraron canastas navideñas y botas estilo militar para su personal.
“El Ejército es parte del Estado de Nicaragua y beneficiarse de los recursos mismos del Estado por medio de las contrataciones públicas, es defraudación”, manifestó el abogado Juan Diego Barberena.
Una bota estilo militar cuesta 1,870 córdobas (51 dólares) con el IVA incluido. Estas son muestras que envió La Chontal a una institución pública.
La corrupción en países pobres como Nicaragua tiene un costo económico que impide al Estado brindar servicios de calidad como educación, salud y carreteras, lo que afecta el disfrute de los derechos humanos, según Luciana Torchiaro, Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional.
“Cuando las cúpulas militares y la policía son corruptas, la corrupción está fomentando la violencia y no están cumpliendo con su deber que es proteger la vida de las personas, sino que se está beneficiando a una élite política en detrimento a toda la población”, remarca Torchiaro.
Según su sitio web, La Chontal tiene una larga trayectoria en la fabricación de botas y calzado. Han producido 3.6 millones de pares que han abastecido al propio Ejército, Policía, bomberos, empresas de construcción, agencias de seguridad, trabajadores industriales y agrícolas en todo el país. En una convocatoria, Industrias Toros SA participó con cuatro empresas más que fueron excluidas y se la entregaron a esta porque tenía “mejor precio y calidad de impresión”.
Fetesa y la Alcaldía de Managua
Ferretería Técnica SA (Fetesa) obtuvo 70.71 millones de córdobas (1.9 millones de dólares), entre 2017 y 2024. Estos fondos se obtuvieron a través de 190 licitaciones y fueron pagados con fondos públicos, préstamos del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
¿Quién es el cliente más recurrente de Fetesa? La investigación encontró que es la Alcaldía de Managua. Solo entre 2017 y 2024, le adjudicó 41 licitaciones por un total de 56.86 millones de córdobas (1.55 millones de dólares).
En junio de 2024, la Alcaldía compró a Fetesa más de 130 productos de fontanería y herramientas, incluyendo accesorios para inodoros y lavamanos, herramientas como destornilladores, martillos, sierras, y materiales como puertas, láminas y madera. Esto tuvo un costo de 3 millones de córdobas (81,922.44 dólares).
En la mayoría de contratos de Fetesa, las compras se subdividieron para contratar por el mismo servicio a otras ferreterías, lo que constituye una violación al artículo 25 de la Ley 737 de Contrataciones Públicas de Nicaragua, por evadir los procedimientos.
Esta práctica de subdivisión es utilizada para eludir los requisitos de transparencia, porque si son los mismos productos que se están comprando en diferentes fechas y con diferentes montos, se recae a la subdivisión que es prohibida por la ley.
Crecer a punta de opacidad
Fetesa, que cuenta con 250 empleados, pasó de ser una ferretería local a un gigante regional. Según su sitio web, tiene presencia en el 90 por ciento de los proyectos que se ejecutan en Nicaragua. La empresa entró al mercado en 1990 respaldada por Do it Best Corporation, una cooperativa de compras y distribución de productos de ferretería, madera y materiales de construcción en Estados Unidos.
Al tener empresas, el Ejército ejerce una competencia desleal porque gozan de exoneración de impuestos. En 2001, La Prensa documentó que las fuerzas armadas importaron 16.4 millones de dólares y apenas pagaron 169 mil córdobas en impuestos. No hay datos recientes.
El jefe del Ejército de entonces, Javier Carrión, aseguró que ellos eran los primeros en estar interesados en garantizar que sus empresas no hagan competencia desleal a la empresa privada, y en no ser monopolio en ningún ramo de negocios.
Meléndez afirma que en 2010 tuvo conocimiento del descontento de los empresarios, quienes alegaban que el Ejército poseía una ferretería que importaba cemento, hierro y otros materiales sin pagar impuestos.
Los empresarios señalaban que el Ejército tenía una constructora y la capacidad de ejercer presión sobre los civiles cuando estos consideraban algún lugar conveniente para construir proyectos residenciales.
Fetesa tiene dos sucursales estratégicas en Managua: Linda Vista y Carretera a Masaya.
“Los empresarios, sin decirlo públicamente, decían que les preocupaba ver la competencia desleal que venían de las empresas del Ejército. Estaban muy incómodos”, comenta Meléndez.
Con el tiempo, el empresariado se acomodó porque si querían seguir operando en el país, tenían que aceptar la presencia y favoritismo del que gozan las empresas militares en el ecosistema privado.
Un gerente de una empresa que fue consultado para hablar del ventajismo que enfrentan, dijo en condición de anonimato que prefería no opinar en el tema alegando que el Ejército cuenta con mucho poder, como la inteligencia y las armas.
Además de las 11 empresas encontradas en esta investigación y otras más que son de dominio público, el Ejército está en el mercado inmobiliario con propiedades en residenciales de lujo. También cuenta con un equipo de béisbol, “Los Dantos”, que genera ingresos a través de patrocinios y publicidad.
Torchiaro señala que en este tipo de regímenes corruptos “todo el dinero que se desvía o se paga en coimas o sobornos, afecta los derechos humanos de las personas”.
Julio César Avilés Castillo, jefe de las fuerzas armadas, en un partido de béisbol de “Los Dantos”, empresa deportiva del Ejército. Foto | Prensa oficialista.
Dinero de la cooperación enriquece al Ejército
Un proyecto financiado por el Banco Mundial en 2011 se le adjudicó a Obras de Ingenierías SA (Obrinsa), otra empresa del Ejército y era administrado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El préstamo fue de 35 millones de dólares, de los cuales 18.6 millones fueron donados, buscaba mejorar 80 kilómetros de caminos rurales en varios departamentos del país y prometía facilitar la vida de miles de campesinos y productores que dependen de estas vías para llevar sus productos a los mercados locales y de la capital.
Meses después de aprobarse el préstamo del Banco Mundial, entre 2012 y 2014, Obrinsa, “ganó” ocho contratos en materia excluida por un monto de 2.84 millones de dólares, para la fabricación de adoquines en tramos de carreteras de Managua, Granada, Rivas, León y Matagalpa.
Uno de los contratos que evidencia que fueron financiados con fondos del Banco Mundial.
“El Banco Mundial no se va a tomar la molestia de investigar si la empresa que finalmente termina construyendo el tramo de carretera, es del Ejército. Al Banco Mundial le interesa que esos créditos se implementen y que al final la entidad que reciba el préstamo diga: aquí está la obra”, explica Javier Meléndez.
Es por esa razón que muchos grupos de sociedad civil reclaman a organismos internacionales no seguir financiando al régimen, porque al no haber ningún tipo de control sobre la transparencia, se favorecen entramados de corrupción como este.
En 13 contratos entre 2012 y 2016, Obrinsa obtuvo 107.88 millones de córdobas (2.94 millones de dólares).
Obrinsa afirma tener 30 años de experiencia en el ramo de la construcción. Foto | Redes sociales de Obrinsa.
Inauguraron carretera en Rivas con proselitismo político
Uno de esos contratos se firmó en agosto de 2013, el entonces alcalde de Rivas, Rodolfo Pérez Rivera, solicitó a Obrinsa la compra de adoquines estándar para pavimentar 10 kilómetros de carreteras en Cárdenas-Colón. Por esos kilómetros se solicitó más de un millón de adoquines que costaron 17.68 millones de córdobas (730,307 dólares).
En 2014, en la inauguración del tramo de carretera en Cárdenas-Colón, el régimen aprovechó para hacer campaña política, pero no reveló que una empresa militar se benefició de la fabricación de los adoquines. Hubo canciones partidarias y un funcionario del MTI participó con una camisa negra que decía “Daniel, presidente 2016”, haciendo campaña para las próximas elecciones.
El productor rivense Isidro Martínez Rivas agradeció a Daniel Ortega por esas obras, asegurando que es “un hombre que realmente está con los pobres” y el El 19 Digital, medio oficial del régimen, lo destacó en su portada.
“Lo que no conocen los nicaragüenses, menos el Banco Mundial, es que esa carretera, el puente o la escuela, terminó siendo construida por una empresa que está vinculada a un general, a través de testaferros y es del mismo Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), o es un negocio más de los militares oligarcas de Nicaragua”, afirma Meléndez.
Julio César Avilés Castillo, el jefe del Ejército, no ocultó durante la celebración del 33 Aniversario de la institución en 2012, la participación que tienen en el mercado, y mencionó que su cuerpo de ingenieros, en colaboración con el MTI, restauró tramos de carreteras y caminos dañados por las lluvias en varios municipios del país.
Este fue el adoquín de muestra que envió MTI a Obrinsa para que lo fabricaran.
Las otras empresas del Ejército
El Ejército tiene una fuerte presencia en la industria de la construcción, gestionando cinco empresas: Obrinsa, Concrenic, Preconicsa, GPC de Nicaragua y Coniasa. Producen materiales como bloques, adoquines, bordillos, postes de concreto y más. Al igual que Obrinsa, las demás se benefician de contratos públicos.
Coniasa sobresale por construir el Centro de Convenciones Olof Palme, un edificio emblemático de Managua. Este lugar no solo es un espacio para eventos, sino un símbolo de poder político, ya que ahí Ortega y Murillo, junto a los altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, realizan buena parte de sus actos oficiales y reuniones centrales.
Entre 2015 y 2022, Concrenic, Preconicsa, GPC de Nicaragua y Coniasa ganaron contratos con diversas municipalidades del país para la fabricación de adoquines, que sumaron 20.31 millones de córdobas (554,693 dólares).
Obrinsa, Coniasa y Fetesa, tres empresas “hermanas”, en una feria en 2016.
Ver contratos de las empresas constructoras
La salud y la educación de los nicaragüenses, otro negocio del Ejército
Gran parte de los medicamentos que se abastecen en las unidades de salud a nivel nacional, son comprados a la empresa del Ejército llamada Farmacéuticos y Conexos SA (Farcosa). En nueve contratos obtuvo 75.95 millones de córdobas (2.74 millones de dólares).
El 9 de octubre de 2024, el Ministerio de Salud, le compró un lote de medicinas a Farcosa por 33.51 millones de córdobas (915,221.67 dólares). En la lista pidieron grandes cantidades de Tramadol, Dicloxacilina, Amoxicilina, Multivitaminas y Minerales, Clotrimazol, Ácido Fólico, Azitromicina, Omeprazol, entre otros.
“La Universidad Americana (UAM) es una de las joyas de la corona del Ejército en materia empresarial, que le da un tipo de prestigio social”, explica Meléndez, y es que esta entidad académica también se beneficia de los fondos del Estado con contratos para capacitar al personal de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Los temas que imparte son gestión de recursos tributarios, publicación de artículos científicos, finanzas corporativas, comunicación estratégica, leyes y hasta certifica posgrados y doctorados.
La DGI le pagó a la UAM 18,15 millones de córdobas (495.778 dólares) entre 2017 y 2024, en ocho contratos. En octubre del año pasado, fue contratada para impartir clases de maestría en finanzas corporativas.
En el contrato se inició un pago de 4.11 millones de córdobas (112,333 dólares), pero se harán en cuatro cuotas. En octubre de 2024 se hizo el primero, en abril de 2025 es el segundo, en julio el tercero y en octubre será el último.
Importante:
Hubo fuentes que fueron contactadas por nuestro equipo, pero declinaron hablar debido al temor infundido por la dictadura de Nicaragua. A pesar de las tácticas represivas a gran escala implementadas por el régimen para imponer la autocensura y el silencio, logramos llevar a cabo esta investigación durante cinco meses.
Dos de esos meses se dedicaron a la creación de una base de datos y al análisis de documentos oficiales, lo que demuestra la persistencia y el compromiso de nuestro equipo periodístico. (Descargar base de datos aquí) El periodismo independiente sigue siendo fundamental, actuando como la última reserva de la democracia en contextos donde la libertad de expresión está amenazada. A pesar de los desafíos y riesgos, continuaremos nuestra labor de investigar y reportar la verdad, manteniendo nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El autor no escribió sus entregas porque ya fue víctima de terrorismo psicológico por la policía del régimen.
