Amaral Arévalo, investigador centroamericano: “Exigir el matrimonio igualitario en la región será criminalizado”

El investigador asociado del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos advierte que, en Centroamérica, los estados de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador iniciarán una persecución en contra de las organizaciones que promueven y defienden los derechos LGBTI. “Yo siento que vamos a revivir una nueva época de represión”.

Centroamérica es una región “compleja” para el colectivo de la diversidad sexual, cuyas demandas son desoídas por la mayoría de los estados. A excepción de Costa Rica; Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador no han dado pasos concretos para proteger los derechos LGBTI. Ante esto, Amaral Arévalo, investigador asociado del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos, advierte que los defensores y las personas sexualmente diversas tendrán que reinventarse en el contexto autoritario de los mandatarios de la región.

“Va a haber más muertes, vamos a tener que reinventarnos a estos contextos totalitarios, y entraremos a una escalada de violencia, tenemos ejemplos muy claros lo que vendrá a ocurrir en todos los países de Centroamérica, sin excepción, tenemos el caso ya más evidente en Nicaragua”, señala el experto.

También apunta a que exigir el matrimonio igualitario y el aborto legal y seguro en cada país será criminalizado, por lo que avisora persecución política, el especialista en Género y Sexualidad que se ha dedicado a investigar  sobre paz, violencia y derechos LGBTI+ en Centroamérica.

Pareciera que en materia de derechos LGBTI, Centroamérica va a dos vías, vemos en Costa Rica más avances que Nicaragua, el Triángulo Norte. ¿Cuál es la situación desde tus perspectiva?

La situación es variada y compleja, como lo es Centroamérica en su totalidad, no existe una línea de base que te pueda decir en sí, si hay un avance o un retroceso que sea igual para cada uno de los países. Tenemos como dos bloques, entre comillas, muy bien resaltado, porque en parte, Costa Rica tiene un marco jurídico que se ha venido transformando de manera positiva desde 2019, con el resultado de la opinión consultiva de ese Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para saber si tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género deberían de aplicarse de forma como está apoyado en la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

La respuesta positiva de la Corte desarrolló una serie de cambios al interior de la institucionalidad costarricense. Hace un poco más de un año se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque el conocimiento de la identidad de género estaba establecido como un punto de visibilidad mayor en la región. Por otro lado, tenemos un  contraste con la situación de Honduras, que, desde el año 2004, tiene prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tenemos una situación muy variada en cada uno de los países, tanto en Guatemala, El Salvador y Panamá existen leyes para la modificación constitucional que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en Nicaragua no hay esa demanda explícitamente, por el momento, pero yo considero que en un determinado momento va a comenzar.

En cuanto a derecho, cuáles deberían ser las demandas en las que el colectivo debería estar empujando, fuera del matrimonio igualitario, para erradicar crímenes de odio y violencia.

En un determinado momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo no fue una demanda de todos los países, únicamente Costa Rica había avanzado algo en la década de los 90. Existen tres líneas que se trabajan en todos los países, como una agenda política, no digo regional, porque no está articulada, como un consenso en todos los países con todas las organizaciones, pero sí tienen puntos nodos visibles en cada uno de los países.

El principal nodo visible en todos los países sería la Ley de Identidad de Género, esa es una demanda que todas las organizaciones, principalmente trans, están dando en cada uno de sus países, con diferentes resultados. En el caso de Honduras, desde 2003 se están desarrollando estas peticiones, las cuales no terminan de avanzar  por la acciones de los grupos conservadores. Esa demanda en Nicaragua está más o menos en una demanda política, pero todavía no existe una apertura para desarrollar ese tipo de acción y de igual forma estaría Panamá, con un proceso de apertura.

¿Y la sociedad cuán sensibilizada está en cuanto a los problemas del colectivo, como los crímenes de odio?

Desde mi perspectiva, la existencia de leyes positivas, un marco regulatorio explícito en cada uno de los países, revela procesos de inclusión, de aceptación y de reconocimiento a nivel social. La negación de esos derechos de estas legislaciones muestra también la negación del reconocimiento social que tienen las personas LGTB en los Estados. La organización catracha tiene muy bien documentado y registrado esta situación en Honduras, visibiliza cómo después de la promulgación de leyes contra el reconocimiento de derechos, en este caso del matrimonio del mismo sexo, los crímenes de odio aumentaron, porque simbólicamente se muestran las personas LGBTI  como de segunda y tercera categoría.

Si los policías se burlan cuando las personas trans van a poner denuncia, qué podés esperar de personas que no tienen formación. Cuando van a denunciar no se les reconoce como personas, si la institucionalidad no te reconoce, qué esperar de una persona común.

Vos hablabas del reconocimiento, en Nicaragua desde 2019 hay una Procuraduría para la Diversidad Sexual, es inoperante, no se pronuncia sobre crímenes en contra del colectivo y hace poco se reformó la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua para estos, pero hace meses que fue asesinada una mujer trans y la Fiscalía trató el caso como si fuese hombre.

Otro punto general que los colectivos han estado desarrollando son leyes contra la no discriminación, de manera general contra la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, pero no han avanzado.

La criminalización de los crímenes de odio por medio de las modificaciones en los códigos penales, eso ya sucedió en Honduras, ya sucede en El Salvador, también en Nicaragua, pero en esos países no se ha llevado a cabo ningún proceso judicial que interaccione la situación de los crímenes de odio. No es únicamente con la modificación de leyes que se van a tener resultados al interior de los países, también necesita haber un acompañamiento institucional con una transformación de perspectiva y no discriminación a nivel de sociedad.

¿Y qué influencia tiene la iglesia, si consideramos que hay fundamentalismo religioso?

Si tenés un Estado donde estas organizaciones, estas iglesias, se han transformado en grupos económicos que controlan medios de comunicación tradicionales y canales de televisión que transmiten su ideología, tenés una amplia repercusión en colectivos sociales que están alimentándose de prejuicios fundamentados en una efectiva, entre comillas, religiosidad, desde ese punto el odio se instaura desde el prejuicio y eso comienza a circular hasta culminar en crímenes de odio.

La  institucionalidad y el respeto de los derechos humanos están siendo completamente socavados, porque las leyes a favor de una educación integral de la sexualidad son sistemáticamente bloqueadas por organizaciones que se dicen provida o, en su caso, ligadas a instituciones religiosas.

La ley por la educación integral en sexualidad lo que promovería es el respeto por diversidades sexuales y también el reconocimiento y el estar mejor preparados para ejercer una sexualidad libre, autónoma y sin ninguna connotación de violencia.

En el caso de Costa Rica, en el matrimonio igualitario incidió  una consulta hecha por el Gobierno costarricense ante la CorteIDH y hay un caso de una de una chica trans asesinada en Honduras por policías, por la que se está demandando al Estado, ¿cuán vinculante puede ser esas resoluciones de la Corte?

Según la Carta Interamericana de Derechos Humanos,  los estados deberían de retomar, sin ningún tipo de cuestionamiento, porque ya hay una normativa establecida, hay acuerdos establecidos, sin embargo, al interior de cada Estado existen fuerzas políticas contrarias a estos reconocimientos, por poner un ejemplo, hubo una onda expansiva de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque decían que si se prohibía a nivel constitucional, los acuerdos y los tratados internacionales no iban a tener vigencia al interior, el otro punto es la Corte Suprema de Justicia, que debería de dar luces, ahí tenemos como una fractura de la institucionalidad, deberían proceder y hacer, pero no se ejecutan y no se hacen.

¿Cómo avizorás la situación del colectivo LGBTI en Centroamérica, en el contexto autoritario de la región? ¿Hay esperanzas?

Es una pregunta difícil. Va a haber más muertes, vamos a tener que reinventarnos a estos contextos totalitarios, y entraremos a una escalada de violencia, tenemos ejemplos muy claros de lo que vendrá a ocurrir en todos los países de Centroamérica, sin excepción, tenemos el caso ya más evidente en Nicaragua, que, por la modificación de las leyes, criminaliza las acciones de las organizaciones no gubernamentales que defienden básicamente derechos humanos, mientras que en Guatemala existe la ley, que intenta  limitar los procesos de educación e incidencia social, respecto a temática de sexualidad  e incluye la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En El Salvador, el presidente Nayid Bukele comenzó a hablar sobre los nuevos enemigos internos, refiriéndose básicamente a organizaciones de derechos humanos que cuestionan las prácticas y las acciones que el Ejecutivo estaba desarrollando.

Vamos a tener un periodo de mayor criminalización de la demanda y protesta social. Yo siento que vamos a revivir una nueva época de represión política que ahora ya no va a ser tanto en la demanda de redistribución económica, como fue en el pasado, sino en  las demandas de reconocimiento de derechos.

¿Será más difícil para los defensores promover los derechos del colectivo?

La defensa de derechos va a ser criminalizada  y se pondrá nuevamente en riesgo la vida, al igual que en las décadas de los 60 y 70, que en los países de Centroamérica exigir tierra para sobrevivir fue un acto criminalizado. Ahora, exigir el matrimonio y el aborto legal y seguro en cada uno de esos países será criminalizado, y habrá persecución política por parte de los estados, se renueva en la repercusión política en nuestros países.

Un especial de

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