La crisis sociopolítica, la pandemia y la violencia política, previo al período electoral, han agudizado las condiciones de vulnerabilidad de la población LGBTIQ, sumado a los obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos que esta población históricamente enfrenta.
Desde abril de 2018, en Nicaragua, las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer somos protagonistas de las diferentes expresiones de protesta pacífica en contra de la dictadura, participando en marchas, plantones, piquetes, denunciando, actuando en espacios de incidencia y organizando campañas sociales por la libertad, justicia y democracia, junto con la ciudadanía en general.
La lucha a favor de los derechos humanos no es algo nuevo para el movimiento LGBTIQ de Nicaragua, pues por años nos hemos mantenido en una defensa permanente, para que el Estado nos reconozca y reconozca nuestros derechos.
La población LGBTIQ siempre ha estado en las calles, desde antes que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se atornillara en el poder. Hemos estado en la marginalidad de la toma de decisiones, dentro de una categoría de ciudadanos sin derechos. Por tanto, abril es una extensión más de nuestra lucha por la exigencia de todos los derechos para todas las personas, sin discriminación y sin prejuicios.
La resistencia LGBTIQ en los diferentes espacios cívicos también sostiene una crítica permanente contra la clase política, empresarial, religiosa, y contra una sociedad fundamentalista y conservadora que nos ofrece una «nueva Nicaragua», en teoría «democrática», pero igual de excluyente y violenta.
Antes de seguir hablando de las violencias, es necesario aclarar que el término «homofobia» es insuficiente para designar la violencia contra las personas LGBTQ+; porque no solamente invisibiliza a las demás expresiones sexuales y de género, sino que reduce las violencias a ser una fobia más, como tenerle miedo a la oscuridad.
Cuando alguien agrede a una persona por prejuicios basados en orientación sexual, características sexuales e identidad y expresión de género, no lo hace por miedo, lo hace con premeditación, permiso social y dentro de la lógica del poder.
Violencias por prejuicios es un concepto que no solamente contempla el sentimiento de odio hacia una persona en un momento determinado, también reconoce el contexto y aprendizaje cultural en el que el victimario ha vivido, con los prejuicios que ha construido y que lo llevaron a cometer esos actos de violencia.
La población LGBTIQ se enfrenta a una triple violencia: directa, estructural y cultural (Galtung, 1969). La violencia directa se traduce mayormente en violencia visible: física, verbal, emocional, psicológica y patrimonial.
Del 18 de abril de 2018 al 31 de enero de 2019, la Mesa Nacional LGBTIQ+ Nicaragua recibió reportes de amenazas verbales hacia los liderazgos LGBTIQ y sus familias; amenazas verbales sobre lesiones y de muerte; abuso sexual, ataques a casas, asedio, intimidación, detenciones arbitrarias; y en la máxima representación de la violencia: los crímenes de odio.
En este periodo, ocho personas LGBTIQ fueron asesinadas, entre ellas una lesbiana, y es debido a la persecución que los liderazgos LGBTIQ están en la clandestinidad o se han exiliado.
En la actual coyuntura, la exposición a la violencia directa se triplica, además de la persecución política sobre nuestras vidas, por ser defensores de derechos humanos en un país con dictadura. Se le suma la discriminación, el odio y el permiso que tienen policías, parapolicias y militantes pro-régimen, para hostigar, detener, torturar y asesinar a liderazgos diversos.
Para el régimen, nuestras vidas valen menos, por ser LGBTIQ.
La violencia estructural es la que han y siguen ejerciendo las instituciones políticas y sociales sobre las corporalidades y las vidas de las personas LGBTIQ. El ejemplo más fatídico está representado por el Estado de Nicaragua y el régimen autoritario que lo desgobierna. Nicaragua se jacta de tener una Procuradora Especial de la Diversidad Sexual que debería proteger los derechos humanos de su población, pero ante el encarcelamiento de más de 10 liderazgos LGBTIQ, se volvió ciega, sorda y muda, peor aún, desaparece ante los insultos e improperios de diputados orteguistas, que no escatiman tiempo cuando se trata de agredir y denigrar a activistas y defensores de derechos humanos LGBTIQ en el espacio público.
La banalización y el clientelismo político al que ha sido sometida la población LGBTIQ es lo que el régimen presume como inclusión. Las personas diversas solo cabemos en comparsas, carnavales, concursos de belleza y personal decorativo en los actos políticos, no hay espacios de toma de decisión formales para LGBTIQ que se asumen como tal, de forma pública y política, porque el Estado no los reconoce, ya que valida la heterosexualidad como elemento principal de su régimen político.
La ruta de acceso a la justicia para nuestra población es inexistente. En 2017 juramentaron a facilitadores judiciales LGBTIQ y mujeres con VIH+, estos líderes apoyarían al Poder Judicial en la búsqueda de la justicia por medio de los mecanismos de resolución alterna de conflictos.
Al siguiente día, el Poder Judicial dejó sin efecto la juramentación. Algunos dicen que fue por la presión de liderazgos religiosos, otros que fue una orden de Rosario Murillo, yo afirmaría que fue por ambos.
Las negaciones estructurales también están presentes en el sistema educativo. Si para un joven homosexual es traumático lidiar con la violencia en un sistema educativo donde se normaliza la agresión permanente a razón de su preferencia sexual o su feminidad, para una persona trans se multiplica la violencia, es por eso que muy pocas trans o no binarias logran terminar la secundaria y la universidad.
Nicaragua carece de una política pública formal de atención integral, específica y diferenciada en salud a las personas LGBTIQ+. El Ministerio de Salud (Minsa) no ofrece más que detección y seguimiento a las personas con VIH+ y una Resolución Ministerial que busca eliminar la discriminación en la atención pública y privada, aunque la percepción de acceso a sus derechos se ve cada día más limitada. No tiene personal médico que atienda cuestiones urgentes, como la especial atención a la prevención del suicidio entre niñas y niños LGBTI, que sigue siendo ignorada.
Otras carencias estructurales importantes son la reforma a la Ley de Seguridad Social, para que la afiliación de cónyuges entre parejas del mismo sexo sea un derecho más accesible. Una ley de identidad de género, donde las actas de nacimiento y cédulas de identidad reconozcan la identidad de género de todas las personas. También hace falta que el acceso al derecho de suscribir el contrato civil de matrimonio no esté condicionado a que se ostente una orientación sexual específica (la heterosexual).
La violencia cultural es la procedente de la humillación, de la sobre-exposición, de la revictimización y de la invisibilidad, basados en el estigma y los prejuicios presentes en la cultura y que son usados para legitimar la violencia en su forma directa o estructural, tanto en el ámbito privado —en las relaciones interpersonales y la familia— como en el ámbito público —ruta de acceso a la justicia, sistema de educación, salud y de seguridad social y laboral—.
La violencia cultural es la disputa del día a día, tan invisible como dolorosa, es la que hace creer a nuestros padres que algo está mal en nosotras y nosotros, por el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la que la sociedad heteronormada mandata, o bien, los hace sentir culpables, porque «algo no hicieron bien» en nuestra crianza.
La sociedad civil nicaragüense (en especial el movimiento feminista) ha logrado con su trabajo constante, un avance en la concientización de la sociedad en el respeto y la inclusión de la población LGBTIQ, pero aún persisten patrones de discriminación, que trascienden del espacio físico al virtual, las redes sociales como nuevo (o no tan nuevo) espacio de convivencia, también reflejan las violencias LGBTIQ presentes en la cultura nicaragüense.
Las violencias existen y persisten, como personas LGBTIQ, en este mes del orgullo, debemos resignificar nuestras luchas. No hay democracia sin inclusión. La dictadura es solo una parte de nuestro problema. Seguiremos levantando la bandera del arcoíris, por la libertad, por lo justo, por ser parte de la humanidad y por nuestros derechos.
*El autor es activista de la diversidad sexual.
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