Este es parte de una serie de reportajes especiales que se hacen como parte de La Sala, una iniciativa que reúne a directoras de medios de comunicación en busca de cubrir más temas que afectan el día a día de las mujeres nicaragüenses. Este reportaje fue elaborado por Entre Patrias. II Entrega
«Eveling» es una de las nicaragüenses beneficiadas por el seguro que paga la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el marco del convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Sin embargo, este seguro no le sirvió de mucho cuando estuvo embarazada, pese a que su condición era de alto riesgo.
La nicaragüense, de 44 años, es abogada de profesión y reconoce que durante los primeros meses de su embarazo se atendió con un médico privado. Luego se acercó al Ebais (Equipo Básicos de Atención Integral en Salud), las clínicas que son el primer punto de contacto para pacientes dentro del sistema de salud en Costa Rica, pero no logró acceder a la atención médica adecuada durante su periodo de gestación.
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Al quinto mes de embarazo, acudió al Hospital Calderón Guardia para continuar su control prenatal. Por su edad, sabía que era un embarazo de alto riesgo y necesitaba un seguimiento médico cuidadoso para reducir las complicaciones.
Previo a su embarazo, “Eveling” se sometió a un estudio de trombofilia (una anomalía de los mecanismos normales de coagulación de la sangre), que determinó que debía recibir medidas preventivas durante los nueve meses.
A partir del sexto mes, “todas las mañanas”, debía ponerse una inyección que tenía un costo de 25,000 colones (unos USD 50) y fue difícil que se la dieran en la clínica del seguro. Solo un ultrasonido le practicaron en el último trimestre del embarazo y le retrasaron su cesárea, que por su condición, debía hacérsela en la semana 36 de gestación.
Ante la negativa de los médicos del Ebáis, “Eveling” vendió su carro en Nicaragua y pagó la operación para parir a su hijo. También asumió los gastos del control de neonato. No estaba dispuesta a enfrentar riesgos.
“Era un embarazo de alto riesgo, tenía 44 años y soy hipertensa”, confirmó en entrevista con Entrepatrias.
Al respecto Ana Quirós, feminista costarricense-nicaragüense, experta en salud pública y defensora de derechos humanos consultada, señaló que Eveling estaba en todo su derecho de “demandar información y a demandar la atención requerida”.
Por su parte, Verónica Azofeifa, gestora de casos del Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) en Costa Rica, enfatizó en que una mujer embarazada inmigrante “debería tener acceso completo al sistema de salud público, sin mala cara de parte de quienes la atienden y, sin que la juzguen del por qué está embarazada en Costa Rica”.
“Tenemos derechos, nadie nos tiene que atender mal, nadie nos tiene por qué intimidar por nuestro estatus migratorio. Tenemos derecho a la salud pública en general, sin distinción de dónde venimos, si trabajamos o no trabajamos, todos deberíamos tener derecho a la salud”, agregó Azofeifa.
ACNUR y CCSS: alianza por la salud de personas refugiadas
En 2019, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pusieron en marcha un proyecto piloto para otorgar cobertura en el seguro social a las personas solicitantes de refugio o refugiadas en situación de vulnerabilidad económica.
Para permitir que las “personas en necesidad de protección internacional tengan acceso a los sistemas de derechos del país”.
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A lo largo de estos años, ACNUR ha desembolsado montos económicos a la CCSS para garantizar que los refugiados y solicitantes de refugio puedan recibir la atención y los estudios médicos que requieran, entre ellos, servicios de emergencias, consultas generales, consultas con especialistas, cirugías, exámenes de laboratorio.
“Las patologías que reciben cobertura son múltiples y varían según sea el caso de la persona beneficiaria”, confirmó ACNUR a Entrepatrias.
En su primera fase en 2020, el convenio logró asegurar a 6,000 personas. En 2021, el seguro médico se amplió para beneficiar a 10,000 personas. En 2022 y 2023, el presupuesto permitió mantener este beneficio a 6,000 personas.
En enero de 2024, ACNUR aportó USD1.9 millones (alrededor de 1.050 millones de colones) para el Fondo del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS.
En estos cinco años, se han beneficiado al menos 13 mil personas refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo. De este número, el 50% corresponde a mujeres, confirmó ACNUR.
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“El convenio ACNUR-CCSS posibilita que las personas refugiadas, apátridas y solicitantes más vulnerables cuenten con un elemento estabilizador tan importante como el acceso al sistema universal de salud de Costa Rica”, según ACNUR.
Al 30 de junio de 2024, según datos proporcionados por el Área de Estadísticas de Salud (AES) de la CCSS, a partir de la información emanada del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), al menos 5,373 personas usuarias estaban adscritas bajo este convenio.
El 69% de las personas adscritas e identificadas son mujeres (3,708) y el 31% son hombres (1,665).
Urgencia vs. espera: cuatro años para un ultrasonido vital
Estas no son las únicas historias de mujeres migrantes que carecen de atención médica adecuada en Costa Rica.
Amanda Aracely Potosme Obando, de 36 años, tiene seguro médico gracias al convenio entre ACNUR y la CCSS, pero es como si no lo tuviera. No recibe una atención apropiada. Padece de miomas en el útero y, cuando fue a consulta en el seguro, le recomendaron practicarse un ultrasonido, pero la cita se la programaron para dentro de cuatro años.
“De aquí a cuatro años, quién sabe si existo. La cita me la dieron para 2028 y una no puede decir nada”, se quejó Amanda. A pesar de su padecimiento, no puede acudir a un médico privado.
“Es super carísimo, nosotros cotizamos (en clínicas privadas) y el más económico cuesta 35 mil colones (alrededor de 70 dólares) y para nosotras es bastante difícil”, manifestó.
Las 27 mujeres que participaron en un sondeo de Entrepatrias, concuerdan en que la atención ginecológica es un “lujo” para las nicaragüenses migrantes en Costa Rica.
Sin embargo, ACNUR refiere que la Constitución Política de Costa Rica establece que el “seguro de salud es universal, lo cual significa que todas las personas y las comunidades del país deben tener acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud oportunos y de calidad”.
Pero la realidad muestra que el 41 % de las consultadas por Entrepatrias pagó entre USD 60 y USD 100 dólares por atenderse con un especialista en ginecología privado en Costa Rica; el 45% pagó adicionalmente entre USD 70 y USD 100 dólares por exámenes y medicamentos adicionales a la consulta.
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Una mujer puede invertir hasta cinco veces más en una consulta ginecológica en Costa Rica en comparación con los costos de Nicaragua. Así lo verificó el equipo de Entrepatrias, al consultar vía telefónica a tres clínicas privadas en Nicaragua, donde los costos por consultas oscilan entre los USD20 y USD22.
Por su mala experiencia en la Caja, en julio de este año, Amanda acudió a una jornada de salud gratuita que convocó la organización no gubernamental SOS Nicaragua para personas nicaragüenses que viven en Costa Rica.
Una consulta en un médico privado especialistas en ginecología puede costar 80 mil colones (USD 160), dijo el funcionario de SOS Nicaragua.
“Es un monto que no está a la altura de cualquier persona, sobre todo una persona que no tiene trabajo y tiene otras necesidades que considera más importantes”, explicó un funcionario de SOS Nicaragua, una organización sin fines de lucro constituida en Costa Rica por nicaragüenses que realiza periódicamente jornadas de salud gratuitas.
Un total de 350 mujeres migrantes nicaragüenses han sido atendidas a través de las diez jornadas de salud organizadas por SOS Nicaragua. A ellas se les hace principalmente examen de Papanicolau para detectar diversos tipos de infecciones.
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“Conseguir que la población femenina activa sexualmente tenga conciencia de lo importante que es llevar cierto control es básico para la salud, pero en la vulnerabilidad que viven hay cosas más importantes como es comer”, lamentó el funcionario de la organización SOS Nicaragua.
Mujeres enfrentan xenofobia, exclusión y negligencia
La burocracia, la falta de recursos económicos y las barreras legales muchas veces dificultan que las mujeres migrantes puedan inscribirse en el sistema de salud pública o adquirir un seguro privado. Sin embargo, las que tienen acceso a los servicios de salud también se enfrentan a actos de discriminación y mal manejo profesional.
En noviembre de 2023, “Martina” llevó a su hija de 11 años por molestias vaginales a la emergencia del Hospital Nacional de Niños Doctor Carlos Sáenz Herrera, en San José. “Tenía su vulva muy inflamada y de inmediato decidí ir al hospital de niños”, confiesa la madre de la niña, una nicaragüense que buscó refugio en Costa Rica.
De entrada, el personal médico trató el caso como un abuso sexual y en lugar de buscar una solución al padecimiento de la niña, la doctora que la examinó asumió el rol de la Fiscalía con un interrogatorio incisivo hacia la niña: “¿Usted tiene novio?”, “Diga ¿Cómo le pasó esto?”, “¿Se tocó?”, “¿Usted está de traviesa?”, “¡Diga, confiésele a su madre!”, “Le vamos a hacer una prueba de embarazo”, “¡Cuidado estás embarazada!”, “¿Alguien te tocó o estuviste jugando con tu novio?”, “¡Eso le pasa por cochina!”.
La búsqueda de atención médica se convirtió en un tormento para la niña, quien no dejó de llorar y reprochar a su madre la visita al hospital. “La niña empezó a llorar y me dijo en ese momento ‘vio mamá le dije que no me trajera’, porque ella no quería que la llevara al hospital”, recuerda “Martina”.
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Lejos de obtener una atención médica, la doctora que la atendió le realizó un procedimiento no adecuado y traumatizantes para la niña, reveló la madre. “La forma de cómo la doctora nos trató fue hostil. Y fue más cuando preguntó ‘¿ustedes de dónde son?’ y dijimos que somos nicaragüenses. Ella fue muy hostil”, insistió.
Después de que intervino la Fuerza Pública y la niña fue examinada por un médico forense, se descartó el abuso sexual. Para “Martina”, ya el daño estaba hecho y emprendió una acción legal en contra de la doctora del hospital. Su hija, incluso necesitó atención sicológica y a la fecha llora si escucha hablar del tema.
Quirós explicó que en casos como el de esta niña el procedimiento aplicado por el personal médico, no puede ser tan agresivo.
“Es cierto que se está ante una situación de riesgo, porque la posibilidad de que la niña haya sufrido abuso sexual siempre es alta, pero todo esto tendría que ser acompañado de una atención psicológica y del área de trabajo social”, dijo la experta.
A criterio de Quirós, la falta de acceso a información adecuada es otra de las barreras. “La población migrante, y sobre todo la que es migrante forzada, tiene muy poca información y las autoridades costarricenses no tienen un buen programa de información pública para esta población (…) Encontrar el camino se convierte en una gran dificultad”.
Jornada de salud gratuita organizada por SOS Nicaragua en julio de 2024 dirigida a personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Cortesía/NI
La especialista agregó que, ante situaciones extremas, la persona migrante puede acudir a la Contraloría de Servicios que existen en las clínicas de la CCSS, para interponer formalmente su queja.
En tanto, la representante de Cenderos opina que existen muchos casos de xenofobia en el país y que los “sistemas de salud no son la excepción”.
“Hay tratos discriminatorios, se dicen cosas que no se deberían de decir, prejuicios que hay en la población costarricense que se crearon un día en base a mitos como, por ejemplo, decir que el sistema de salud de Costa Rica está saturado por culpa de las mujeres migrantes que paren en este país. Eso no es cierto, el sistema de salud está saturado porque ha habido una gran corrupción histórica”, explicó Azofeifa.
Más allá de los riesgos, que implica salir del país por los peligros del viaje, la falta de atención médica adecuada, coloca a las mujeres migrantes en Costa Rica en una situación de vulnerabilidad extrema.
Redacción Central
