Lisiados de abril: las víctimas ocultas del Estado

«Carlos» , vivir en una cama

Es hora de la limpieza diaria; «Carlos» se acomoda en una vieja cama, mientras su esposa se apresura con vendas y una pana con agua y alcohol. Empezaron siendo apenas molestas escaras ocasionadas por sus largas horas sobre el colchón, pero avanzaron hasta convertirse en llagas, y luego en un profundo agujero a la altura de la columna, en la parte baja de la espalda.

El agujero es tan profundo que rollos enteros de vendaje se introducen a diario para contener la supuración de sangre y pus, y las constantes infecciones le llevaron en más de una ocasión al borde de la muerte.

Todo empezó el 14 de julio de 2018. «Carlos», un campesino de San Pedro de Lóvago, Chontales, participó en los tranques levantados por opositores en la zona luego que el gobierno respondiera con violencia a las protestas ciudadanas despertadas por una restrictiva reforma a la seguridad social.

Aquel 14 de julio, los campesinos ya habían llegado a un acuerdo con las autoridades locales para desmontar por su cuenta el bloqueo, pero fueron traicionados, señala «Carlos». Hubo una emboscada paramilitar y varios campesinos resultaron heridos.

«A mi me cayeron once (disparos), quebrado un brazo, pasado el pulmón», relata.

Otra de las balas penetró su médula espinal y le dejó paralítico, es así como «Carlos» fue condenado a los días de cama, que más adelante le causarían las peligrosas llagas que complican su salud. El pronóstico es claro; nunca podrá volver a caminar.

«Carlos», no puede defecar ni orinar por sí mismo a causa de las secuelas de varios disparos de paramilitares. Foto: Cortesía

Pero «Carlos» tampoco puede orinar y defecar por si mismo, para hacerlo se ayuda de sondas y otros instrumentos médicos y es su esposa, quien a diario realiza la limpieza de heces, así como de sangre, pus y fluidos que segrega la herida.

«Es una tristeza que da como ganas de quitarse la vida», confiesa «Carlos» con nostalgia tras recordar su agilidad de antes y su independencia. Hoy solo le es posible seguir adelante con la asistencia de su esposa.

No puede trabajar y tiene que vivir en clandestinidad porque la policía lo busca por «terrorismo», es por esa razón que para este reportaje nos pidió proteger su identidad. Lleva año y medio viviendo en diferentes casas, gracias a las personas que se compadecen de su estado crítico.

Una de esas personas que quiso ayudarle fue el Doctor Alejandro Lagos, un médico privado que prestó sus servicios de manera voluntaria para atender a todas las personas heridas durante las protestas y que fueron rechazadas o atendidas de manera deficiente por el sistema público de salud.

Lagos asegura que el de Carlos «no es un caso aislado». Ha atendido más de cien pacientes heridos durante las protestas, todos con secuelas físicas permanentes en diferentes magnitudes. Las más comunes son por disparos en la cabeza, abdomen y columna.

Marlon, víctima al azar

Marlon Campos recibió dos cirugías ineficientes en el hospital público antes de llegar a una atención privada que le permitió volver a caminar. Foto: NI

Para cualquiera puede parecer un paso desprolijo y lento, pero para Marlon es todo un acontecimiento. Meses antes en el hospital público Lenin Fonseca le dijeron que no volvería a caminar nunca, y que tampoco podría volver a controlar sus deseos de orinar y defecar. Es un pronóstico impactante para un joven de solo 24 años.

Fue herido el 29 de junio de 2018 por paramilitares, cuando trabajaba en su mototaxi en Ciudad Sandino. Marlon, ni siquiera participaba de protestas o tranques, simplemente se atrevió a salir en horas de la noche, en los meses de mayor operación de estos grupos civiles armados vinculados con el gobierno.

«Venían haciendo y desahaciendo disparando a quien miraran en la calle», nos cuenta.

A Marlon le dispararon en el abdomen, pero la bala traspasó su cuerpo hasta alcanzar su columna. Pasó más de 30 minutos lanzado en el suelo con los intestinos expuestos antes de recibir auxilio, pues nadie, incluso, el servicio de ambulancias, quería exponerse al acecho paramilitar.

Fue llevado al Hospital Lenin Fonseca donde en principio no le quisieron atender, pero ante la protesta de sus amigos y familiares el joven recibió finalmente ayuda. «No hicieron lo necesario», dice el Dr.  Alejandro Lagos, quien luego que Marlon fuera sometido a dos operaciones sin éxito, realizó una tercera cirugía por su cuenta en un hospital privado.

«Se había fragmentado demasiado el cuerpo vertebral y entonces todas esas astillas estaban complicando la médula», nos explica.

Fue gracias a esa última operación que Marlon, poco a poco ha podido volver a caminar. Primero se ayudó de un andarivel y ahora lo hace con un bastón. También va controlando sus deseos de defecar y orinar, pero el proceso es lento y tomará mucho tiempo lograr que el joven vuelva a ser independiente.

Aunque se siente más esperanzado que antes, Marlon explica que su vida se ha complicado por este hecho, no puede trabajar, y también dejó en espera su sueño; construir su taller mecánico para generar sus propias fuentes de empleo. Eso dejó de ser su prioridad, por ahora su meta es volver a valerse por sí mismo.

Roberto, sueños truncados

Roberto Rizo, perdió un ojo por disparo de la policía en abril de 2018. Foto: Cortesía

Roberto Rizo fue el primer universitario que perdió un ojo a causa de disparos de la policía con balas de goma. El 19 de abril de 2018, la imagen de este joven sangrando impactó a todo el país. Ha pasado más de año y medio y para él «nada volverá a ser como antes».

Estaba a punto de graduarse de la carrera de veterinaria en la Universidad Nacional Agraria, hoy dejó sus estudios ya que teme por su vida. Las universidades están bajo control del Frente Sandinista a través del Movimiento Estudiantil UNEN.

“No creo que vaya a continuar en clases, tengo miedo a ese presidente que hay, tengo miedo que me manden a matar», nos cuenta Roberto.

El joven fue asistido por Irela Iglesias, una voluntaria que al ver su caso decidió apoyarlo. Para lograrlo reunió a médicos especialistas que ofrecieron su tiempo y trabajo de manera gratuita y consiguió donativos para reunir los 1,500 dólares que cuestan las prótesis oculares.

Roberto hoy tiene su prótesis y aunque se trata solo de una solución estética, dice haber recuperado en parte su autoestima y haber superado su temor a ser rechazado.

“Me siento un poco feliz porque  ya gracias a mi Dios y las persona que me ayudaron tengo mi prótesis, y no se me nota mucho el defecto”, asegura.

Irela continúo con su trabajo voluntario después de Roberto. Ya ha atendido 37 casos, de ellos 15 requirieron prótesis, uno perdió los dos ojos y el resto conservó sus ojos pero perdieron parcialmente la visión.

«Es un trabajo que hacemos por humanismo y solidaridad», explica Iglesias que informó que ninguno de los jóvenes recibió sus expedientes clínicos por parte del Centro Nacional Oftalmológico para poder continuar su tratamiento con atención privada y tuvieron que ser evaluados con esos obstáculos por el servicio privado que ella les proveyó.

IRela Iglesias con algunos de los jóvenes beneficiados con prótesis oculares (antes de la operación) Foto: Cortesía

Sthephanie, la depresión de una niña víctima

La pequeña de 10 años, Stephanie Bermúdez fue herida el 15 de julio de 2018 en su propia casa por un paramilitar que buscaba a su padre para vengarse de él, luego que este participara en los tranques de su ciudad; El Castillo, Río San Juan.

Una bala en su pecho y otra en su cabeza la dejaron al borde de la muerte y en coma por 52 días. Estuvo internada en el hospital infantil Manuel de Jesús Rivera «La Mascota».

Las secuelas son ahora causa de múltiples problemas de salud y una profunda depresión.

«Ella tiene parálisis parcial en el cuerpo, la cara, la mano izquierda, la mitad del cuerpo», nos dice su padre Miguel Bermúdez.

La niña Estephanie Bermúdez pasó 52 días en coma en el Hospital «La Mascota». Foto: Cortesía

«Le hizo fractura por dentro la bala, ese oídito (izquierdo) quedó dañado, lo perdió porque se lo destruyó por completo«, nos cuenta entre lágrimas su madre Julieth Aragón.

Doña Julieth también relata que la niña sufre de secreciones en uno de sus ojos, del cual también perdió parte de la visión, pero asegura que por la falta de recursos económicos han tenido que dejar sin atención la mayoría de secuelas de la niña. Todos viajaron a Costa Rica tras recibir el alta del hospital, y pidieron refugio para resguardar su vida.

La niña no acepta aún lo que ha vivido. Su madre, visiblemente agobiada, cuenta que la pequeña perdió la alegría, que no le gusta salir, ni hablar con nadie y se la pasa encerrada todo el tiempo con una gran ansiedad y una profunda tristeza.

«Ella misma dice que quiere que se haga justicia», dice Doña Julieth, más consciente que su pequeña hija de que la justicia es un deseo que tardará en llegar.

Teyler, el daño invisible

El dolor de Julieth es compartido por Karina Navarrete, el 23 de junio de 2018 murió en sus brazos su bebé de 14 meses, Teyler Lorío. Junto a su esposo y su hija de 8 años, se dirigían a casa de su madre para dejar a los pequeños a su cuidado mientras ellos se iban al trabajo, pero una bala detuvo sus planes y su vida. Fue un disparo en la cabeza. La familia acusa a la policía.

El daño psicológico de las víctimas parece un tema invisibilizado, pero no hay que escarbar mucho para notarlo. La casa de esta familia está llena de fotos y recuerdos del bebé que nunca alcanzó a dar sus primeros pasos y el nombre de «Teyler» empieza a mover los recuerdos trágicos de aquel día.

«Esa noche que se estaba velando aquí el cuerpito de mi hijo mi esposa me lo pidió, que lo sacara del ataúd para que durmiera con nosotros como todas las noches», recuerda Nelson Lorío, padre del bebé.

Karina dice que su angustia era tal que no aceptaba la muerte del niño y el día del sepelio, cuando seguir negando el hecho era imposible, toda su tristeza invadió el cementerio en un profundo y lastimero grito que conmocionó al país entero que através de transmisiones en vivo de diferentes noticieros locales, era testigo de aquella conmovedora escena.

«El día del entierro, yo sentí eso de sacarlo, de chinearlo por última vez y yo le decía papito despertate, tomá tu chichita, pero ya no», alcanza a contar antes de soltar en un llanto interminable, que solo alcanza a reducirse pero que jamás cesa a lo largo de esta entrevista.

«Yo lo soñaba a diario, con la herida en la cabeza», asegura.

Familia Lorío Navarrete aún no supera el asesinato de su bebé de 14 meses. Foto: NI

Su hija de ocho años también sufre los traumas de aquel día funesto.

«Ella no dormía bien, de despertaba gritando (…) lo dibujaba con la cabeza con sangre«, explica Karina, quien también recuerda varios eventos en los que la pequeña, que presenció la muerte de su hermanito, miraba las camionetas Hilux, temidas entonces por el uso violento que le dieron los paramilitares y corría hasta el último cuarto de la casa y se orinaba del miedo.

La Psicóloga Jessenia Paz, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explica que estas víctimas aún tienen profundas secuelas psicológicas a causa de las traumáticas experiencias vividas y la falta de atención debida por parte de las autoridades de salud.

«Estos presentan estrés postraumático agudo porque ellos todavía tienen problemas de sueño, descontrol alimenticio, ideas persecutorias, otros tienen que migrar para otros lugares que no sean su familia, es un cambio total el que están viviendo estas personas», asegura.

Ella dice que mientras no haya atención psicológica integral, justicia y reparación, será muy difícil que estas víctimas recuperen su vida y superen sus traumas, por ahora les recomienda «mantenerse en grupo de personas que estén viviendo la misma situación que ellos».

La psicóloga advierte que la depresión de estas víctimas podría generar instinto suicida. En Nicaragua se contabilizan al menos dos casos de suicidio de víctimas de la represión o perseguidos políticos, entre ellos José Cruz, hermano de un preso político y también buscado por la policía. El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2019 y más recientemente, el 11 de diciembre, se quitó la vida el estudiante, ex atrincherado de la UNAN Brandon Sandoval.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Electorales GIEI destacó en su informe en diciembre de 2018 que «el universo de heridos graves, con secuelas permanentes aún debe estudiarse y dimensionarse».

Agrega que «se trata de daños que el Estado ha hecho a su propia población y que van a dejar huellas en el tejido social por muchos años».

Más casos

El subregistro «es enorme», dice el Dr. Alejandro Lagos quien asegura que muchas víctimas buscaron atención clandestina por temor a morir por negligencia o revancha en los hospitales públicos, otros fueron mal atendidos o registrados como víctimas de robos, accidentes o cualquier otro hecho ajeno a la crisis.

Samuel Mairena, herido el 19 de junio de 2018 por paramilitares. Diagnóstico: Paraplejía. Complicaciones: Colostomía permanente

Néstor Sotelo Herido el 21 de abril de 2018. Diagnóstico: Cuadraplejía. Complicaciones: traqueotomía y sonda de gastrotomía para alimentarse.

«Isaac», identidad protegida. Herido con balas de escopeta por paramilitares. Fracturas óseas varias.