Fiscalía peruana pide ampliar detención de Pedro Castillo

La Fiscalía peruana informó este martes que solicitó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido acusado de rebelión en otro caso, en la investigación penal que se le sigue por presunta corrupción durante su gobierno.

«Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López», indicó el Ministerio Público en un tuit.

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La fiscalía explicó que «el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias».

El exmandatario, de ideología izquierdista, se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre acusado de rebelión.

Por ese caso ya tiene impuesta una medida de prisión preventiva de 18 meses, que corre en paralelo con la planteada por la fiscalía este martes y que si se aprueba implicaría al menos tres años de detención para el expresidente.

La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

El pedido de prisión planteado por el Ministerio Público contra los Castillo, Silva y Alvarado sigue el procedimiento validado por el Congreso peruano, que autorizó a que la Fiscalía actuara penalmente contra el exmandatario y sus exministros.

Hace un par de semanas el Parlamento aprobó una resolución legislativa que acusaba a Castillo por ser «el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, trafico de influencias y colusión».

Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.

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Los cargos de rebelión contra Castillo fueron formulados luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.

La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.

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