Un fuerte contingente de militares irrumpió la madrugada del martes en la cárcel conocida como “La Tolva”, en el oriente de Honduras, para continuar con un fuerte operativo de desarme de las pandillas que alberga esa prisión.
Al estilo de los operativos realizados por las fuerzas del orden de El Salvador, desde la víspera los soldados hondureños buscan pacificar las prisiones, donde imperan la violencia y el autogobierno.
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“La operación de aseguramiento y extracción del Módulo de la MS-13 (pandilla Mara Salvatrucha) en el Centro Penitenciario de Morocelí, La Tolva, está en marcha. ¡No más cárceles como escuelas del crimen!”, escribió en Twitter el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
El funcionario informó que se emitió un escrito que ordena la reubicación de reclusos cuando sea necesario, independientemente de su condición procesal o grado de peligrosidad. También establece que las autoridades pueden tomar cualquier medida que sea oportuna para evitar incidentes entre la población penitenciaria.
“El sistema penitenciario en Honduras es una escuela de crimen corrompida y vamos a desmontarla y darle seguridad al pueblo”, agregó en otro tuit el ministro de Defensa.
El detonante para intervenir las cárceles fue la matanza que se produjo la semana pasada cuando presas integrantes de la pandilla Barrio 18 acabaron con la vida de 46 privadas de la libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social situada en Támara, 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Tras la masacre la presidenta Xiomara Castro ordenó pasar el manejo de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público, un comando élite de las Fuerzas Armadas. Hasta la semana pasada las prisiones eran administradas por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
Los operativos de desarme iniciaron el lunes en los módulos que albergan a los reos más peligrosos y los integrantes de pandillas, que fueron sacados a los patios mientras los soldados revisaban sus celdas minuciosamente.
En la Penitenciaría Nacional de Hombres en Támara se decomisaron armas de grueso calibre, entre ellas un fusil, varias pistolas, municiones y tres granadas de fragmentación.
La violencia de las pandillas en Honduras no sólo se registra en las cárceles: estos grupos tienen fuerte presencia en barrios y colonias donde mantienen atemorizada a la población con crímenes atroces y cobro de extorsiones.
El más reciente hecho criminal de envergadura se produjo el sábado por la noche en Choloma, en el departamento de Cortés, donde hombres armados y encapuchados mataron a balazos a 13 personas en un billar, lo que obligó a la presidenta Castro a ordenar un toque de queda y fuertes operativos de seguridad en ese municipio y en el de San Pedro Sula.
La Policía Nacional capturó el martes a dos sospechosos vinculados con la matanza en Choloma. El lunes había arrestado al primero y los tres son miembros de Barrio 18.
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El Comisionado de Policía en retiro, abogado y analista Henry Osorto Canales, dijo a AP que El Salvador y Honduras padecen el mismo fenómeno. «En El Salvador se realizó una política criminal dirigida en contra de las pandillas que tenían de rodillas a la población de ese país, igualmente en las cárceles. La única diferencia es ver si en El Salvador el cumplimiento de la normativa y tratados internacionales no han sido violados”, expresó en referencia a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país vecino.
Para Osorto Canales las acciones de las fuerzas de seguridad hondureñas no deben estar sólo encaminadas a mantener el control en las cárceles sino también en la persecución de los criminales en las calles, con los cuales los reos mantienen contacto.
Nicaragua Investiga
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