El Parlamento de Venezuela, controlado por el gobernante chavismo, ratificó este jueves como fiscal general a Tarek William Saab, sancionado por Estados Unidos entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
Saab, fiscal general desde 2017 y quien ahora asumirá un nuevo período de siete años en el cargo, ha encabezado causas por «terrorismo» contra detenidos en el marco de protestas posteriores a las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.
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El funcionario de 62 años ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la «falta de independencia» del poder judicial en Venezuela.
Saab, en contraparte, ha rechazado las acusaciones de sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela, al sostener que bajo su gestión en el Ministerio Público han sido condenados más de 600 funcionarios por abusos.
«Se designa al ciudadano Tarek William Saab Halabi como fiscal general», dijo el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, tras una votación en la cámara.
Saab, quien llegó a ser gobernador del estado Anzoátegui (este) por el partido de gobierno, fue nombrado por la vieja Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo integrado exclusivamente por representantes del chavismo que asumió por dos años las funciones del Parlamento, que en aquel momento era dominado por la oposición.
Estados Unidos lo incluyó en 2017 en su lista de funcionarios venezolanos con sanciones políticas y económicas, en su política de presión contra Maduro.
Una de las líneas de la Fiscalía bajo la dirección de Saab ha sido la apertura de investigaciones por corrupción en la industria petrolera.
Cinco de los ocho ministros de Petróleo que ha tenido la administración de Maduro han terminado prófugos o presos. Uno de ellos murió en la cárcel.
El Parlamento, a la vez, nombró en la sesión de este jueves a Gustavo Vizcaíno como nuevo contralor, en lugar de Jhosnel Peraza.
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La Contraloría se encarga de velar la gestión de patrimonio público. El organismo ha impuesto numerosas inhabilitaciones contra dirigentes opositores como María Corina Machado, que impiden su postulación a cargos de elección popular.
Vizcaíno venía desempeñándose como director del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería y era suplente en la directiva del Consejo Nacional Electoral.
El Congreso ratificó igualmente a Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.
AFP
