Organismos humanitarios de El Salvador denunciaron este jueves que el gobierno de Nayib Bukele busca controlar las «voces» críticas con el régimen de excepción que impuso hace tres años para combatir a las pandillas.
Las autoridades detuvieron el 18 de mayo a la abogada Ruth López, de la reconocida ONG de derechos humanos Cristosal, y unos días antes a un abogado ambientalista y un pastor evangélico líder de una cooperativa campesina que protestaba contra el gobierno.
«El régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad. Tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial», declaró en rueda de prensa David Ortiz, abogado de la oenegé Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «María Julia Hernández».
Esa asociación representa a familiares de personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y que aseguran no pertenecen a las pandillas.
Bukele goza de una enorme popularidad en el país pues su política de seguridad de mano dura ha reducido a mínimos históricos los homicidios.
Ortiz señaló que en las últimas semanas arreció la «persecución» de personas vinculadas a organismos defensores de derechos humanos.
López, de 47 años y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es acusada por la Fiscalía de haber cometido peculado cuando trabajó de asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por su parte, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez enfrentan cargos por «resistencia agresiva» y «desórdenes públicos».
En febrero, el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, fue detenido acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas, delito que se atribuye a los pandilleros.
«La represión se está agudizando, los líderes defensores de derechos humanos ahora tienen miedo de alzar la voz. El régimen (de excepción) no perdona a nadie», añadió Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de excepción.
Esas organizaciones pidieron a la comunidad internacional prestar «más atención» a lo que ocurre en El Salvador.
En un informe sobre los tres años del régimen de excepción, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tutela Legal ha documentado 1.077 casos de violación a derechos de libertad, salud, integridad y otros.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, señaló que la organización no descarta que en un futuro se recurra a la Corte Penal Internacional (CPI) por las «graves violaciones» a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
AFP
