En medio de una persistente crisis política en Perú, José Jerí asumió como presidente interino el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso. Sin embargo, su llegada al poder no ha logrado estabilizar el panorama, sino que ha avivado rechazos masivos que recuerdan episodios pasados de inestabilidad presidencial.
Analistas y manifestantes advierten que, dada la historia reciente del país, Jerí podría no completar su período de transición hasta julio de 2026, uniéndose a la lista de líderes derrocados prematuramente.
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Jerí, un congresista de 38 años, ha intentado proyectar una imagen de autoridad firme contra la delincuencia organizada. En sus primeros días, realizó visitas sorpresa a prisiones como Ancón y Castro Castro, supervisando operativos para desarticular redes criminales desde las cárceles.
Estas acciones, capturadas en fotos donde aparece con ropa casual y rodeado de reos vigilados, evocan el estilo confrontacional del presidente salvadoreño Nayib Bukele, criticado internacionalmente por vulneraciones a los derechos humanos. Además, Jerí ha salido a las calles para interactuar con ciudadanos, visitando zonas afectadas por desastres como un incendio en San Juan de Miraflores, y ha promovido el diálogo con un mensaje de «paz por el Perú».
A pesar de estos esfuerzos, el rechazo popular ha sido inmediato y contundente. El 15 de octubre, una marcha nacional convocada por grupos juveniles de la Generación Z y otras organizaciones resultó en violentos enfrentamientos en Lima, con un manifestante fallecido por impacto de bala, más de 100 heridos y al menos diez arrestos, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Jerí expresó condolencias y llamó a investigaciones imparciales, pero para muchos, su liderazgo representa una continuidad de los problemas que llevaron a la caída de Boluarte: inseguridad, corrupción y falta de legitimidad.
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Los cuestionamientos a Jerí van más allá de las protestas. En enero de 2025, enfrentó una investigación por presunta agresión sexual, archivada en agosto por insuficiencia de evidencia, aunque el mandatario siempre negó los hechos. Adicionalmente, acusaciones de corrupción lo ligan a pagos irregulares en proyectos regionales durante su rol en el Congreso.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que se investigará, pero con restricciones constitucionales hasta el fin de su mandato. A esto se suman controversias en redes sociales: antiguos publicaciones en X con tono sexista, como comentarios sobre mujeres y tarjetas de crédito, han resurgido, generando indignación. Reportes también sugieren cambios en su perfil de Instagram para eliminar follows a cuentas de contenido adulto, aunque no verificados independientemente.
#EnVideo 🎥 Rosario Murillo ha respaldado la difusión de un sondeo que pinta un panorama idílico de apoyo popular.
⚠️ Más información https://t.co/1zspGC1rzA pic.twitter.com/YbtuvOUhGH
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 17, 2025
Voces como la de Lando, coordinador de colectivos juveniles (quien prefirió anonimato por seguridad), critican a Jerí como «más de lo mismo», vinculado a partidos que respaldaron a Boluarte y aprobaron leyes favorables a delincuentes. Exigen su renuncia en favor de un congresista independiente con un historial impecable. Ciudadanos comunes, como vendedores ambulantes en Lima, comparten esta frustración, demandando un liderazgo «limpio» para restaurar la confianza en las instituciones.
Esta situación se enmarca en una década de turbulencia política en Perú, donde el país ha tenido ocho presidentes entre 2015 y 2025, según análisis de fuentes como Peoples Dispatch y Fitch Ratings. Esta rotación incluye breves mandatos como el de Manuel Merino en 2020, quien duró solo cinco días ante protestas masivas. Analistas como Gonzalo Banda, de University College London, señalan que las instituciones peruanas, incluyendo el Congreso y el Tribunal Constitucional, están capturadas por intereses partidarios, facilitando destituciones frecuentes y un «Frankenstein parlamentarista» que agrava la inestabilidad.
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Mientras Jerí busca apoyo entre gobernadores regionales y alcaldes, prometiendo diálogo y medidas contra el crimen, los manifestantes anuncian más movilizaciones. Si la presión callejera persiste, como en 2020, el interino podría enfrentar una vacancia similar, perpetuando el ciclo de crisis que ha agotado a la nación sudamericana.
Nicaragua Investiga
