En un movimiento que eleva las tensiones regionales, el régimen venezolano ha activado una fase avanzada de su plan defensivo «Independencia 200», desplegando cerca de 200.000 efectivos militares, policiales y de milicias civiles en todo el territorio nacional. Esta maniobra, ordenada por el dictador Nicolás Maduro y supervisada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca contrarrestar lo que Caracas califica como una «amenaza imperial» proveniente de Estados Unidos, cuya flota naval ha incrementado drásticamente su presencia en el sur del Caribe desde agosto pasado.
El despliegue, iniciado a las 4:00 a.m. del martes y previsto para extenderse hasta el miércoles, involucra unidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y de misiles, junto con la movilización de reservas. Según declaraciones oficiales, el objetivo es fortalecer el «apresto operacional» y garantizar la continuidad de servicios esenciales como el suministro de energía, agua, alimentos y atención médica durante cualquier escenario de conflicto. Imágenes difundidas por medios estatales muestran columnas de tropas y vehículos blindados en movimiento por regiones costeras y fronterizas, acompañadas de ejercicios de simulación de defensa integral.
Aeronave «no identificada»
En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó la neutralización de una aeronave no identificada en el espacio aéreo venezolano durante estas prácticas. El comandante Domingo Hernández Lárez, de la FANB, describió el incidente como un «ejercicio exitoso» con aviones de combate, elevando la cifra de naves hostiles derribadas este año a 24 –y a 415 desde la creación del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) en 2013–.
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Estas acciones subrayan la doctrina de «lucha armada y no armada» promovida por el régimen, que integra a civiles en roles de apoyo logístico y vigilancia.
Contexto: El escalonamiento militar estadounidense
El trasfondo de esta respuesta venezolana radica en el masivo posicionamiento de fuerzas estadounidenses en el Caribe, el más significativo en décadas según analistas militares.
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Iniciado en agosto bajo el mando del Comando Sur (SOUTHCOM), el despliegue oficial se justifica como una operación antidrogas contra «narco-terroristas» vinculados a carteles latinoamericanos, incluyendo presuntos lazos con el Tren de Aragua venezolano. Hasta la fecha, Washington ha ejecutado al menos 19 bombardeos aéreos contra lanchas rápidas sospechosas de tráfico de cocaína en el Caribe y el Pacífico oriental, resultando en alrededor de 76 muertes –aunque el Pentágono no ha divulgado evidencias concluyentes de las cargas ilícitas.
Entre los activos desplegados figuran:
- Personal: Aproximadamente 15.000 tropas, incluyendo 5.000 en Puerto Rico como base principal.
- Naval: Ocho buques de guerra, un submarino nuclear de ataque, el grupo anfibio USS Iwo Jima con más de 4.500 marines, y el portaaviones USS Gerald R. Ford –el más avanzado de la flota estadounidense, con capacidad para 75 aeronaves y 4.000 marineros–, que llegó a la región el martes.
- Aéreo: 10 cazas F-35 en Puerto Rico, bombarderos B-52 en misiones de entrenamiento cerca de la costa venezolana, tres drones MQ-9 Reaper y aviones de vigilancia P-8 Poseidon.
Expertos como Elliott Abrams, exenviado de EE.UU. a Venezuela, advierten que esta acumulación excede lo necesario para intercepciones marítimas y podría habilitar ataques selectivos con misiles Tomahawk, aunque no alcanza para una invasión a gran escala.
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Críticos, incluyendo analistas de la International Crisis Group, lo comparan con la «diplomacia de cañoneros» del siglo XIX, sugiriendo que el verdadero fin –reconocido en privado por funcionarios de Trump– es presionar por un cambio de régimen en Caracas para acceder a sus reservas de petróleo y gas. Rusia, aliada de Maduro, ha condenado la operación como «fuerza militar excesiva», mientras la oposición venezolana interna se divide: figuras como María Corina Machado la ven como catalizador para una revuelta popular, pero Henrique Capriles aboga por diálogos.
La postura inflexible del dictador Maduro
Aprobada el martes por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, la nueva Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación formaliza estructuras de coordinación entre fuerzas armadas y civiles, con énfasis en respuestas rápidas a «amenazas internas y externas».
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El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, la describió como un «pilar para unir al pueblo y la FANB». Sin embargo, esta escalada llega en un momento de estancamiento diplomático: el dictador Maduro se niega a iniciar negociaciones genuinas que reduzcan las fricciones con Washington, descartando concesiones como elecciones supervisadas o liberaciones de presos políticos, pese a ofertas previas de acceso a recursos naturales que Trump rechazó públicamente. En su lugar, Maduro ha optado por retórica belicista, jactándose de 8 millones de milicianos –cifra cuestionada por su falta de entrenamiento– y adquisiciones rusas como misiles Igla-S, mientras acusa a EE.UU. de buscar saquear el oro y petróleo venezolano.
Esta intransigencia, en un país con fuerzas armadas de solo 123.000 efectivos –descritas por The Wall Street Journal como «en ruinas» por obsolescencia y desmoralización–, arriesga una confrontación asimétrica que podría desestabilizar no solo Venezuela, sino el Caribe entero. Aunque Trump ha insinuado que los días de Maduro «están contados» sin comprometerse a una guerra abierta, la ausencia de canales de diálogo deja la región al borde de un error de cálculo con repercusiones imprevisibles.
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