Por unanimidad la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática en medio de la crítica de organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos que lamentaron que los parlamentarios y la Comisión que consultó a varias de ellas no incluyera sus demandas.
La ONG de más larga trayectoria en la defensa de la población venezolana, Provea, fue una de las primeras en criticar la aprobación del texto legal que ahora debe ser refrendado por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, además de publicarse en la Gaceta Oficial para que entre en vigencia.
El coordinador general de esta organización, Oscar Murillo, aseguró que el instrumento es restrictivo y no tiene un alcance general, por lo que cree no favorecerá la reconciliación pregonada por los principales voceros del chavismo.
Lo que dejó por fuera la amnistía, según Provea
«Advertimos que la ley contempla un injustificable exceso de exclusiones, que no la exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales. Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza», dijo la noche de este 19 de febrero en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Entre las sugerencias de Provea, que no fueron tomadas en cuenta por el Parlamento, están las siguientes:
– Propusimos incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al Derecho Humano de participación política.
– Recomendamos incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentren en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias.
– Planteamos incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía.
– La lista de acontecimientos abarcados debía ser meramente enunciativa, no taxativa, e incluir hechos de confrontación política ocurridos en años obviados en el listado. Acá se cometió un grave error, aseguró Murillo.
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Quiénes estarán excluidos y quiénes no de la amnistía en Venezuela
Entre los cambios del instrumento que se aprobó en primera discusión está que no quedará en manos del Ministerio del Interior, controlado por el jefe de la represión del chavismo Diosdado Cabello, en hacer cumplir la amnistía. Quedará en manos de una comisión de seguimiento en la que por supuesto estarán representantes del régimen encabezados por el diputado Jorge Arreaza, con representación de la oposición que hace vida en el Parlamento.
La amnistía no incluirá, según su artículo 9, a quienes hayan promovido intervenciones extranjeras, lo que deja por fuera a los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado, a quien el chavismo responsabiliza de la acción militar estadounidense que el 3 de enero, tras un bombardeo a Caracas y ciudades aledañas que dejó un centenar de fallecidos, permitió la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ahora esperan un juicio en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.
El artículo señala expresamente que no habrá «perdón» para quienes facilitaron «la promoción, solicitud, facilitación y financiamiento de “acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial por parte de Estados o corporaciones extranjeras”.
Los presos políticos deberán ponerse a derecho y presentarse ante los tribunales, que determinarán si la conceden la amnistía. A diferencia de la mayoría de encarcelados por razones políticas, se les permitirá contar con un abogado defensor privado para hacer el trámite ante los juzgados que deberán responder en un plazo máximo de 15 días a cada solicitud.
Además, se le permitirá a las venezolanas y venezolanos en el exilio nombrar a un defensor para que pueda solicitar ser incluido en el proceso.
La ley mantiene una serie de hechos, desde la llegada del chavismo al poder en 1999, que se considerarán para darle amnistía a los involucrados en ellos. Se trata de las siguientes fechas:
- Golpe de Estado 2002, incluyendo asaltos contra gobernaciones, alcaldías, instalaciones públicas y privadas
- Paro petrolero de 2002-febrero 2003
- Manifestaciones en el contexto del referendo revocatorio presidencial del año 2004
- Hechos violentos y manifestaciones de mayo de 2007
- Hechos de julio y septiembre 2009
- Manifestaciones en el contexto de elecciones presidenciales de abril 2013 y proclamación de sus resultados.
- Manifestaciones de 2014
- Instalación de la AN 2019-2020 por continuidad de la AN de 2015
- Manifestaciones de 2017.
- Manifestaciones entre enero y abril 2019, salvo los delitos de rebelión militar
- Convocatoria de los procesos para selección de candidatos presidenciales año 2023 (primarias)
- Manifestaciones y hechos violentos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024
- Manifestaciones en el contexto de las elecciones regionales y de la AN de 2025.
#18Feb Un primer punto sobre la Ley de Amnistía aprobada.
De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 20, 2026
Esto dijeron sobre los lapsos a la Ley de Amnistía
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, fundada por la mamá de una joven que fue asesinada por militares durante una manifestación en 2014, también cuestionó el mecanismo legal.
«Lamentablemente, todas nuestras preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos», expresó la organización en su cuenta de X, donde añadió que «hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales».
Mientras que desde el Foro Penal, dedicada también a la defensa de presos políticos en el país, mantuvieron su tono de cuestionamientos a la ley. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, dijo que el imponerle fechas deja por fuera a muchas personas presas políticas.
«De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera», lamentó. «De los otros 13 años que sí son considerados, sólo se abarcan meses y momentos puntuales. A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses», destacó.
No obstante a estas críticas, el presidente del Legislativo y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, celebró llegar a este texto y aseguró que revisarán aspectos de la Ley contra el Odio para su posible reforma, pese a que Diosdado Cabello el pasado 12 de febrero dijo que no iban a derogarla.
«Felicito a l@s diputad@s de la AN, que en la histórica jornada legislativa de este 19 de febrero, aprobamos por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Que esa disposición demostrada, sea auspiciosa para el nuevo tiempo político que debe transitar el país», escribió en X después de su aprobación y tras el anuncio que la llevarían de inmediato a Miraflores para que su hermana la sancionara.
Periodista Nicaragua Investiga
