Argentina da este jueves el paso final para que empiece a regir la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, con la promulgación de la norma aprobada el 30 de diciembre en un histórico debate en el Congreso.
El presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, impulsor del proyecto, promulgará la norma a última hora de la tarde en un acto en el Museo del Bicentenario, en Buenos Aires.
La norma representa «la comprensión por parte del Estado de lo que significa la autonomía reproductiva en la vida de las mujeres», dijo a la AFP María Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir.
Alberto Fernández, presidente de Argentina. Archivo/NI
La organización es una de las que ha liderado durante 15 años la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que reúne a más de 300 organizaciones feministas de todo el país.
Con esta ley, Argentina se convierte en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana.
En México está permitido en el Estado de Oaxaca y en Ciudad de México, y en Chile el Congreso comenzó a debatir el miércoles una ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
La movilización de miles de jóvenes y colectivos de mujeres de la llamada ‘marea verde’ fue crucial para que la ley fuera aprobada en el Senado que había rechazado un proyecto similar en 2018.
La norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el viernes.
La norma cruzó en forma transversal a las fuerzas políticas y a la sociedad donde también cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias Evangelista y Católica en el país natal del papa Francisco.
Argentina fue pionera en la aprobación del matrimonio igualitario en 2010 y de una ley de identidad de género en 2012.
Nuevos retos
Hasta ahora, el aborto en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o de peligro para la vida de la mujer, según el código penal de 1921.
El gobierno estima que desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres en los de 370.000 a 520.000 abortos clandestinos que se practican cada año en un país con 44 millones de habitantes.
«Nuestro trabajo generó una fuerte incidencia en las instituciones para construir una legitimidad sobre el aborto con el apoyo de la juventud que nos dio una masividad que en los inicios del movimiento no teníamos», dijo Bosio a modo de balance.
Sin embargo, la ley, que contempla la objeción de conciencia pero obliga a asegurar la interrupción voluntaria del embarazo, plantea nuevos retos al movimiento feminista.
«Vamos a tener que seguir peleando para garantizar el acceso a este derecho en un territorio tan heterogéneo con actores conservadores que han crecido también en fuerza y poder», estimó Bosio.
«Como católicas creemos que la ley es un reconocimiento a la idea de que la mujer no sólo nace para ser madre y que la sexualidad no tiene que estar atada sólo a la reproducción, sino al placer. Que deje de ser lo oculto para ser un aspecto fundamental de la vida», afirmó la líder feminista.
Causas penales
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2012 y fin de 2020 se abrieron al menos 1.532 causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos (cuando la muerte de un recién nacido se atribuye a la conducta de la gestante).
«La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen uno o más hijos», sostiene el informe del CELS y agrega que «la mayoría no accedió a una defensa particular y fue vulnerada en sus derechos».
Por aplicación de la ley, que modifica un artículo del código penal, las acusadas deberían ser sobreseídas.
«Deben revisarse los procesos penales en curso y las condenas por abortos o eventos obstétricos relacionados. Debe aplicarse de forma retroactiva (la nueva norma), como ley penal más benigna. De manera inmediata y automática, jueces y fiscales deben revisar las imputaciones y condenas», señaló el CELS en Twitter.
Nicaragua Investiga
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