La cooperación europea en El Salvador comienza a retirarse debido a la iniciativa de la Ley de Agentes Extranjeros, con la que el presidente Nayib Bukele pretende detener lo que él llama «la injerencia extranjera».
La Embajada de Alemania en El Salvador anunció la suspensión de sus proyectos comunitarios por esa misma razón.
«Debido al proyecto de ley «Ley de Agentes Extranjeros» introducido por el gobierno de El Salvador y a una posible afectación de las ONGs con las que la Embajada de Alemania coopera en estos proyectos, el proceso de selección de «Proyectos Comunitarios» queda suspendido hasta nuevo aviso. Actualmente, no se están asignando recursos financieros, pero seguimos recibiendo solicitudes para el año 2022. En cuanto se disponga de la formulación definitiva de la ley, se tomará una decisión sobre los próximos pasos», expuso la embajada.
Esta normativa propuesta al congreso salvadoreño es similar a la de Nicaragua y se aplicó en un contexto en que el presidente Nayib Bukele decidió supervisar a las oenegés afirmando que Estados Unidos financia a la oposición política de su país.
Por otro lado, al menos 50 oenegés han expresado su preocupación y estar en desacuerdo con esta ley afirmando que hace vulnerable a cierto grupo poblacional en ese país.
Pero los parlamentarios oficialistas que controlan este Poder del Estado la han defendido, afirmando que quienes no están de acuerdo son quienes «tienen fines oscuros» con los recursos que obtienen.
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La comunidad internacional también ha criticado a la propuesta de ley y han solicitado que no se apruebe. El Director para las Américas, de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, dijo que «Bukele busca silenciar a voces críticas en El Salvador».
Así también Ericka Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, comparó esta Ley de Agentes Extranjeros con la de «regímenes autoritarios» de izquierda como Nicaragua y Rusia.
Otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han solicitado que la normativa no se apruebe.
«Al parecer, incluiría un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera, cierre de organizaciones por infracciones y de 2 a 5 años de prisión por «actividades contra el interés nacional». Esto supondría una clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos», escribió la ONU en sus redes sociales.
Nayib Bukele señaló que esta legislación es similar a la de Estados Unidos, sin embargo es una falsedad por varias razones, dentro de ellas el cobro de impuestos a la cooperación.
#LeydeAgentesExtranjeros | 👂Una de las diferencias es que la Ley FARA no contempla NINGÚN impuesto para la cooperación extranjera. pic.twitter.com/VG2bV5xZHB
— Revista Factum (@RevistaFactum) November 18, 2021
No obstante, también se compara con la aprobada el Nicaragua en el año 2020, y mediante la cual la administración de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 40 organizaciones no gubernamentales.
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