Germán Arriaza, ex-fiscal anti-corrupción en el Salvador, aseguró a la agencia Reuters que el Gobierno de Nayib Bukele cerró todas las investigaciones relacionadas a los pactos con las pandillas.
Arriaza, quien renunció en mayo de 2021 tras haber sido reubicado de su unidad anti-corrupción, asegura que su equipo posee evidencia documental y fotográfica que prueba que el gobierno de Bukele negoció con la Mara Salvatrucha (MS-13) en 2019 para reducir los asesinatos diarios y para que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganara las elecciones legislativas de febrero de ese año, tal y como lo revelaron investigaciones del periódico El Faro.
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Presionado por ‘la limpieza’ de funcionarios que inició Bukele en mayo y temiendo represalias por la investigación, Arriaza dijo a Reuters que se exilió de inmediato y los miembros de su equipo, el Grupo Especial Antimafia (GEA), le siguieron en el exilio o bien fueron reubicados. Arriaza dijo a Reuters que sus investigaciones «fueron las que llevaron al gobierno a disolver el organismo anti-corrupción».
A nuestros amigos de la Comunidad Internacional:
Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos.
Nuestras puertas están más abiertas que nunca.
Pero con todo respeto:
Estamos limpiando nuestra casa.
…y eso no es de su incumbencia.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 2, 2021
Arriaza es el primer ex-funcionario que acusa directamente a la administración de Bukele de haber tomado parte en negociaciones con las pandillas. Su denuncia se une a la imposición de sanciones a funcionarios de Bukele por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a inicios de diciembre.
Estados Unidos acusó al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, y al director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, de «dirigir, facilitar y organizar una serie de reuniones secretas (…) como parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para negociar una tregua con los líderes de las pandillas»; por ello, ambos fueron sancionados.
Según Arriaza, las investigaciones de su equipo demuestran que tanto Luna y como Marroquín ingresaron a las cárceles para conversar con los líderes de las principales pandillas de El Salvador y les ofrecieron dinero, mejores condiciones y beneficios varios a cambio de la reducción de los homicidios en el país. El reporte de Arriaza concuerda con las acusaciones del Departamento del Tesoro.
Bukele, quien ha utilizado a la justicia en contra de miembros de antiguas administraciones por supuestamente negociar con las pandillas, niega constantemente que su gobierno haya tomado parte en alguna negociación con los líderes de las pandillas y atribuye la reducción de los homicidios a sus políticas.
A través de su cuenta de Twitter, Bukele comentó que sería raro «que se quedaran callados» sus detractores.
¿Alguien pensó que después de sacarlos del poder, de quitarles el control de las cárceles, de detener el paso de su droga y de perseguirlos para que paguen por sus crímenes; se iban a quedar callados y aceptar todo?
Por supuesto que no.
Lo raro fuera que se quedaran callados.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 28, 2021
Nicaragua Investiga
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