El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue arrestado este martes 15 de febrero, en su residencia en Palmas de San Ignacio, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Hernández fue trasladado en un vehículo a los tribunales, donde comparecerá ante el juez Edwin Francisco Ortez, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras para evaluar el expediente de extradición. Ortez ordenó el martes la detención del exmandatario.
Cientos de policías comenzaron desde la noche del lunes un despliegue sin precedentes en las afueras de la propiedad del exmandatario, al que Estados Unidos acusa de tráfico de sustancias controladas y tenencia de armas y conspiración, entre otros cargos.
Polémica en Honduras tras nombramientos de cargos públicos
El proceso judicial
La CSJ convocó de manera urgente a los 15 magistrados del máximo tribunal de Honduras para discutir la petición de extradición presentada por Estados Unidos contra Hernández a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La corte designó por unanimidad que Ortez conociera el caso que ha mantenido en vilo a Honduras desde la tarde del lunes, cuando la cancillería, a través de Twitter, anunció que existía una orden de detención contra un “político importante”.
He tenido acceso a información que confirma que .@JuanOrlandoH se encuentra en Nicaragua y goza de la nacionalidad de dicho país. Habrá que tomar cartas en el asunto llegado el momento. #NoMásImpunidad
— J. Eduardo Martell (@MartellPLH) February 13, 2022
“No hay tiempo definido para una orden de captura ni tampoco se ha definido por ahora cuándo será la audiencia primera de este caso. El magistrado elegido deberá en este momento conocer a fondo la solicitud”, dijo Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Hernández será presentado la mañana del miércoles en una primera audiencia donde se le leerán los cargos en su contra y se determinará el lugar donde cumplirá el arresto mientras dure el proceso de extradición.
El equipo de abogados de Juan Orlando Hernández ha reclamado que el cerco policial de hasta 600 efectivos alrededor de las propiedades del exmandatario constituía una falta al debido proceso.
“Quiero decir que no es el procedimiento que establece la ley”, dijo Hermes Ramírez, uno de sus abogados, que reclamó porque el cerco policial impedía incluso el acceso a la comisionada de Derechos Humanos.
Desde la Secretaría de Seguridad de Honduras, su portavoz, Miguel Martínez, confirmó que unos 600 efectivos del cuerpo policial estaban desplegados para garantizar la seguridad y proteger de eventuales pillajes las propiedades del exmandatario.
«Tenemos más de 600 efectivos de la Policía Nacional de diferentes unidades especiales que están en un perímetro de más de dos kilómetros a la redonda (…) para prevenir cualquier [acto] ilícito en la zona”, dijo a la prensa, que ha montado guardia durante toda la jornada alrededor de la vivienda.
El documento acusatorio para la extradición con una versión de traducción “no oficial” solicitada por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa indica que entre los cuatro cargos contra el presidente se incluye tráfico de sustancias controladas con destino a Estados Unidos, portación y tenencia de armas y conspiración.
El ex mandatario, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», dijo Hernández.
Partido Nacional pide garantías para detenido
El Partido Nacional, que llevó a la presidencia en dos términos a Juan Orlando Hernández, instituto político con 44 diputados en el Congreso Nacional, se ha solidarizado con el expresidente.
“Nos solidarizamos con la situación personal por la que está atravesando el expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un líder querido dentro de nuestra Institución Política”, dijo el partido en un comunicado.
El formación de derecha ha pedido también a las autoridades judiciales otorgar todas las garantías constitucionales a Hernández.
“Pedimos a los órganos encargados de garantizar un trato respetuoso al expresidente de la República de Honduras, mismo que deberá sujetarse en el marco de los derechos humanos inherentes a todo ciudadano hondureño”, dijo el Partido Nacional, a la vez que destacó como “valioso” el anuncio del exmandatario temprano el martes de estar dispuesto a colaborar y entregarse de manera voluntaria a las autoridades.
«Hecho histórico»
La detención del expresidente fue catalogada como «un éxito» y un «hecho histórico» por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
De acuerdo con el funcionario, «El Gobierno ha demostrado que tiene la firmeza de cumplir la ley».
En Washington, una persona familiarizada con el asunto, citada por Reuters, dijo que el gobierno de EE. UU. esperaba que proporcionar detalles extensos sobre los cargos pudiera persuadir a la administración de Castro para que actuara rápidamente, pero aún espera que los procedimientos de la Corte Suprema se prolonguen debido a la sensibilidad política del caso.
Durante sus dos mandatos, que sumaron ocho años, Hernández cultivó vínculos estrechos con Washington y, en particular, logró el apoyo del expresidente Donald Trump, usando las fuerzas de seguridad hondureñas para ayudar al republicano a reducir el flujo migratorio desde Centroamérica hacia el norte.
Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos ha mostrado públicamente su enojo por el crecimiento de la corrupción y el déficit del estado de derecho en Honduras, que tiene al país del norte como su mayor socio comercial.
Horas después de ceder el poder a la izquierdista Castro en enero, Hernández asumió como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El Departamento de Estado de EE. UU. dijo a VOA que el Parlacen no está en la lista de organizaciones internacionales reconocidas por la ley estadounidense.
Nicaragua Investiga
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