Estados Unidos señaló un retroceso en las garantías a los derechos humanos en Guatemala y El Salvador en un informe publicado el martes por el Departamento de Estado.
El reporte, publicado anualmente, señala un aumento en los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en ambos gobiernos, a los que acusa de mantener una impunidad “endémica” tanto frente a las denuncias contra la policía y los militares como a los actos de corrupción.
Con respecto a El Salvador, el informe hace énfasis en el aumento a los ataques a la prensa, que incrementaron en más de un 70% en comparación con el 2020.
La Asociación de Periodistas de El Salvador “registró 173 violaciones al ejercicio del periodismo, un incremento del 73% en comparación con el 2020”, señala el informe y reseña que entre los actos reportados se encuentran las agresiones físicas, el acoso digital, la intimidación y el bloqueo a la información pública.
El informe, que reseña la situación de los derechos humanos en 198 países del mundo, también señala denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil en El Salvador.
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En concreto, el informe detalla que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador investiga siete casos de muertes a manos de miembros de la policía.
“La impunidad persiste en las fuerzas de seguridad, la rama ejecutiva y el sistema judicial”, asegura el informe.
En Guatemala, el reporte hace énfasis en las denuncias de corrupción hacia oficiales del gobierno y las amenazas a jueces y fiscales que investigan los casos.
“Importantes fiscales anticorrupción fueron despedido y removidos de casos significativos y actores corruptos amenazaron a jueces independientes”, explica el reporte, que menciona en particular el despido del fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, por parte de la fiscal general Consuelo Porras.
Comicios bajo sospecha en Nicaragua y Venezuela
El informe señala la persistencia del ataque a las libertades en Venezuela y Nicaragua. Con respecto al país centroamericano, el Departamento de Estado hace énfasis en el “encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición” previo a las elecciones en Nicaragua. El informe asegura que el gobierno nicaragüense incurrió en un “fraude generalizado” en los comicios que llevaron al presidente Daniel Ortega a un cuarto mandato consecutivo.
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El documento señala al gobierno `por usar leyes de lavado de activos, de agentes extranjeros y de defensa de la soberanía “en contra de los opositores políticos”.
“El régimen corrupto de Ortega pasó leyes cada vez más represivas que limitaron con severidad la habilidad de operar de los grupos políticos opositores, la sociedad civil y los medios independientes”, escribió la secretaria de la división del Departamento de Estado para la democracia, Lisa Peterson, en la introducción del informe.
Sobre Venezuela, el Departamento de Estado califica de “amañadas” las elecciones legislativas de diciembre del 2020 y acusa al presidente Nicolás Maduro de “usurpar el control sobre todas las ramas de gobierno”.
El reporte señala abusos por parte de las fuerzas del Estado, en particular se hace eco de reportes de “asesinatos arbitrarios”. “Organizaciones sin ánimo de lucro reportan que las fuerzas policiales (…) llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año”, señala el informe.
Incremento de arrestos arbitrarios en Cuba
Con respecto a Cuba, el informe subraya un aumento “dramático” en el número de arrestos arbitrarios y de prisioneros políticos.
“En el mundo hay más de un millón de prisioneros políticos en 65 países”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en una rueda de prensa donde se presentó el informe. “Más de 600 personas están injustamente encarceladas en Cuba por formar parte de protestas pacíficas en julio”, apuntó, en referencia a las manifestaciones que se registraron por toda la isla el año pasado.
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Según el reporte, como resultado de las protestas del 11 de julio en Cuba, aumentaron las detenciones arbitrarias de 5.000 a 8.000 en comparación con el año anterior.
“La ONG Justicia 11J estima que 710 [personas] permanecen en detención”, subraya el texto, “el régimen usó de manera expansiva una sección del Código Penal que permite al gobierno condenar a personas de uno a cuatro años de cárcel por actos no criminales que son considerados antisociales”.
La guerra en Ucrania, una consecuencia “desoladora”
El secretario Blinken sentenció que el reporte dibuja una imagen de una continua recesión en la democracia y el respeto a los derechos humanos a nivel global.
“Hemos visto una alarmante recesión de la democracia, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo”, aseguró el diplomático y añadió que el ejemplo más desolador de esta tendencia ha sido la guerra en Ucrania.
“En pocos lugares las consecuencias de este declive han sido tan desoladoras como en la guerra brutal del gobierno ruso en Ucrania”, sentenció.
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