La opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021, constata un estudio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que expone cómo los periodistas observan el ejercicio de su profesión y cómo se ve afectado a causa de la censura y la autocensura en el país.
La investigación titulada “La orquestación del silencio”, elaborada por la ONG que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, resalta que los periodistas ejercen en un territorio marcado por la inexistencia de medios y la falta de cobertura de noticias que pudieran ser “incomodas para el poder”.
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Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS, destacó que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela. En ese sentido, siguen los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se “atreven a abordar temas complejos”.
“Cincuenta y ocho por ciento de los consultados manifestaron no denunciar ante instancias gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de la población, un 53% afirmó haber omitido información de interés público por temor a represalias”, precisó Balbi durante la presentación del estudio que consultó a 534 periodistas en los 24 estados del país.
Temor ante acciones judiciales
Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPYS, insistió en que el temor ante acciones judiciales y detenciones arbitrarias, ha llevado a muchos periodistas a “pensar dos veces” qué temas cubrir y en cuáles investigaciones participar, una situación que también ocurre en el entorno digital que también se ha visto amenazado.
Además, expuso que la censura se ha “naturalizado” y detalló cómo las limitaciones han afectado la capacidad de los trabajadores de la prensa de poder identificar cuando se está omitiendo información de interés público.
“Encontramos en los resultados que la agenda de temas intocables, que deben ser mencionados de una forma especifica, referidos a partir de la agenda oficial se ve ampliado”, añadió.
El estudio halló que la categoría de acceso a datos de interés público alcanzó el peor desempeño durante la medición y obtuvo una puntuación de 37 puntos, lo que se traduce en “poca libertad de expresión”.
“Persisten las restricciones de acceso a las fuentes de información tanto en instancias estatales como no estatales, las restricciones de acceso a la consulta de contenidos en internet, las negativas de los funcionarios públicos y de personalidades de instituciones privadas que temen, debido a los mecanismos de censura, ser quienes difundan la información que pudiera poner en riesgo su seguridad o integridad”, detalló Alvarado.
Además, explicó que las “ventanas informativas” que aún persisten en medios con mayor alcance como la radio, son objeto de limitaciones que se vuelven “más frecuentes” en contextos electorales, donde las voces disidentes son “vulneradas”.
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“Hemos visto incluso que este tipo de prácticas han conllevado a que exista un acuerdo entre directivos de medios radiales con actores de poder que les exigen prohibir ese tipo de contenidos y los directivos se ven atados de manos y deben restringir su programación para evitar cierres”, advirtió la investigadora.
La investigación revela, además, cómo los medios tradicionales “perdieron su poder referente en la comunicación en Venezuela”; ahora, los medios digitales, en un 50,3% aglutinan el mayor número de trabajadores, mientras que un 20% labora en radio, un 8,24% en prensa escrita y 8% en televisión.
La crisis económica y la situación de censura, ocasionaron una importante migración a los medios digitales, que también deben sortear bloqueos y ataques cibernéticos.
Marcelino Bisbal, investigador de la comunicación y profesor universitario, insistió en que la democracia no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental.
Al referirse al contenido del informe, Bisbal dijo que “se diría que hay una sistematicidad de las violaciones en la medida en la que el gobierno se manifiesta más autoritario”.
“El miedo se ha insertado en los dominios de nuestro ejercicio periodístico y comunicacional que se viene expresando, como dice el informe, en los exhortos explícitos para acallar contenidos” y en otras acciones para amedrentar a los comunicadores.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que en los últimos años el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tratado de imponer “una hegemonía comunicacional”, creando “un ambiente que restringe los medios”.
A pesar de las denuncias de distintas organizaciones e instancias internacionales, en varias ocasiones diversos funcionarios del Gobierno de Venezuela, entre ellos el canciller Félix Plasencia han afirmado que en el país existe una “amplia libertad de expresión”.
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