La organización defensora de derechos humanos Cristosal denunció 147 arrestos arbitrarios y cinco muertes injustificadas durante el régimen de excepción impuesto en El Salvador a petición del presidente Nayib Bukele.
“Los sistemas de Monitoreo y de Protección de Derechos Humanos de Cristosal han identificado diversos patrones de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades policiales, militares y del sistema de justicia durante el régimen de excepción”, citó el organismo en un comunicado de prensa.
El documento, que hace una evaluación sobre diferentes violaciones a los derechos humanos durante los primeros 30 días de haber sido aplicada la medida por parte del gobierno salvadoreño, menciona que han procesado 147 casos de arrestos arbitrarios y cinco personas detenidas muertas bajo custodia policial.
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De acuerdo con Cristosal, los detenidos sufren “tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas” en sus procesos.
#Pronunciamiento | #ElSalvador | Ante el cumplimiento de los 30 días del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa y que fue prorrogado por 30 días más en todo el territorio nacional, MANIFESTAMOS: 👇 pic.twitter.com/jA6V8KoYjO
— Cristosal (@Cristosal) April 27, 2022
El organismo hizo énfasis que tanto el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, como su prorroga “no están acordes con la Constitución” y que la medida es “un mecanismo excepcional que debe ser usado en situaciones extremas y en forma temporal”.
Anteriormente el presidente Bukele, dijo que durante los miles de detenciones realizadas casi a diario, había un margen de error de cerca «del 1 %”.
«Podemos esperar que también haya un 1 % de error” publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, cuando el país apenas reportaba 8.500 arrestos, cifra que a la fecha es más de doble y alcanza las 21.024 detenciones, según la Policía Nacional Civil.
El Congreso de El Salvador, en su mayoría afin a Bukele, ha aprobado una serie de leyes que limitan los derechos fundamentales de la población, como el derecho a defensa o la presunción de inocencia.
Otras reformas han aumentado las penas en prisión de los supuestos miembros de pandillas y sus colaboradores. Además, ahora los jueces pueden juzgar y condenar como adultos a menores de hasta 12 años.
Nicaragua Investiga
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