El gobierno del presidente Nicolás Maduro repudió el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM en inglés) y, tras asegurar que presenta “acusaciones falsas y sin fundamento”, reiteró su “absoluto desconocimiento” al mecanismo.
“A través de un nuevo pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país, se pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la estrategia criminal de ‘cambio de régimen’ que se impulsa desde el gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites”, sostiene un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU, alertó que tomarán las medidas “políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”.
El informe, divulgado la semana pasada y presentado este lunes en un diálogo interactivo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, profundiza cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad” y responsabiliza directamente a Maduro de orquestar un plan para reprimir a la disidencia en Venezuela.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, por un período de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
Organizaciones defensoras de derechos fundamentales venezolanas y extranjeras reiteraron la importancia de que el mandato de la FFM, que vence este mes, sea renovado a inicios de octubre.
“Es un importante mecanismo de disuasión y contención del abuso de poder en Venezuela, si no tuviéramos el trabajo de la Misión, hoy serían muchísimo más graves las violaciones a los derechos humanos”, dijo durante el diálogo interactivo Rafael Uzcátegui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de DDHH más antiguas de Venezuela.
Varios países, entre ellos Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador, lideran una resolución para solicitar ante el Consejo de DDHH de la ONU la renovación del mandato de la FFM.
Reacciones
PROVEA, que la semana pasada, momentos después de la presentación del informe de la FFM, denunció actos de hostigamiento por parte de funcionarios de inteligencia, reaccionó a las declaraciones del gobierno asegurando que es “inaceptable” que se anuncien medidas contra estados por promover o votar a favor de la renovación de la Misión.
“El deber del Estado venezolano es cumplir de buena fe con los tratados internacionales, aceptando las reglas preestablecidas por la ONU para la votación de resoluciones y sus resultados”, destacó en Twitter.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró que la declaración del Estado deja en evidencia “lo necesario de revisar la participación de dictadores en espacios como el Consejo de DDHH de la ONU”.
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