La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos OACNUDH se pronunció sobre el caso de 16 activistas que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar llevar agua al sacerdote Edwin Román y un grupo de madres sitiadas por la policía en la iglesia San Miguel de Masaya.
OACNUDH destaca el caso de Amaya Coopens, estudiante de medicina, anteriormente encarcelada por el gobierno de Daniel Ortega bajo cargos de terrorismo y consideraron que su detención podría estar relacionada a una medida de represalia por la visita reciente de la activista a ese organismo para denunciar las violaciones de derechos humanos promovidas el Estado de Nicaragua.
«Su detención podría ser considerada como un acto de represalia, por haber denunciado la situación de derechos humanos en Nicaragua y haber tomado contacto con funcionarios y mecanismos de las Naciones Unidas. Recientemente, se reunió con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra», expresó el organismo en una nota de prensa.
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La OACNUDH también manifestó su preocupación por el acoso y asedio en iglesias católicas donde madres de presos políticos han iniciado huelgas de hambre para presionar la liberación de sus familiares.
«El Gobierno debe poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón continuo de arrestos arbitrarios, y abstenerse de criminalizar y atacar a los y las defensores de derechos humanos, oponentes políticos y a cualquier otra voz disidente», finaliza el comunicado.
«Juicio ilegal»
El abogado Julio Montenegro declaró que el juicio que se impulsa contra estas personas carece de legalidad e incluso la acusación en su contra «no tiene sentido».
Montenegro, quien representa a 3 de los detenidos, dijo en conferencia de prensa que las acusaciones «son arbitrarias y no corresponden a la realidad».
El Ministerio Público estaría acusando a los 16 activistas por supuesto tráfico de armas, mientras que la Policía Nacional asegura haber encontrado 5 armas hechizas, 3 revólveres, escopetas, al menos 8 proyectiles y bombas molotov en los 4 vehículos en que se transportaban los activistas.
Sobre esto, Montenegro critica que aunque esto fuese cierto, las autoridades no especifican el tipo de daño que se pretendía hacer habiendo un fuerte contingente policial en la zona, además de los grupos de terceros armados.
Montenegro menciona que el Poder Judicial y el Estado de Nicaragua estarían violentando su propia Ley de Amnistía por la cual fueron liberados la mayoría de los excarcelados políticos el pasado 11 de junio de este año.
Foto principal: Canal 13
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