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Informe de la OEA impulsa aplicación de Carta Democràtica al gobierno de Ortega, según expertos

Sesión de la Organización de los Estados Americanos - OEA

Con el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, «se comprueba que en Nicaragua ni hay Estado de Derecho ni hay una sociedad democrática» lo cual impulsaría la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla la expulsión de Nicaragua del organismo regional, explica el politólogo Josè Antonio Peraza.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Dìaz, asegura que la posible expulsión del paìs de este organismo significaría que el gobierno de Daniel Ortega no podría acceder a fondos de organismos multilaterales, sin embargo, el Estado nicaragüense aún deberá cumplir con sus compromisos, «sobre todo en materia de derechos humanos», agrega Dìaz.

«Posiblemente van a llamar a una reunión consultiva para determinar y analizar el informe y a partir de este momento convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General para decidir que se va a hacer con Nicaragua» explica Peraza.

El informe de la Comisión de Alto Nivel destaca que la represión con la que ha respondido el gobierno de Ortega a las manifestaciones opositoras «afecta gravemente el orden democrático» y señala que la falta de independencia en los poderes del Estado «hacen inviable el funcionamiento democrático del paìs, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de Derecho»

De acuerdo a Peraza, lo señalado la Comisión de Alto Nivel de la OEA «es algo que en Nicaragua ya se sabía» y que los informes de algunos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya habían señalado debido a la restricción de algunas libertades.

El experto también recomienda a la oposición del país que continúe con las exigencias y demandas al gobierno de Ortega de que cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos y que respete la Constitución Polìtica y las libertades públicas de los nicaragüenses.

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