La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado al menos 529 ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua, incluido el destierro y expulsión de unos 38 líderes religiosos, en los últimos cinco años, según el más reciente informe de la investigadora Martha Patricia Molina.
El documento «Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?», presentado este miércoles, 03 de mayo, alerta que el 2023 podría ser otro «año nefasto» para la comunidad católica nicaragüense, «igual o peor» que el anterior.
De acuerdo al informe, de abril a diciembre de 2018, se documentaron 84 hostilidades; en 2019 se perpetraron 80 hostilidades; en 2020, 59 agresiones y en 2021, 55 hostilidades.
2022 fue un año con «ascenso notable» con al menos 161 agresiones, catalogado por Molina como «el año más nefasto para la Iglesia católica».
Sin embargo, en el primer trimestre 2023 han acontecido 90 daños y, «si la dinámica de la administración pública Ortega-Murillo continúa manteniéndose en estos valores constantes, podría asegurarse que este año será igual o peor que el anterior».
¿Qué viene para la Iglesia y sacerdotes, tras la ruptura del régimen con el Vaticano?
Entre los tipos de agresiones en contra de la Iglesia se encuentran agresiones a templos, cierres arbitrarios de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL); represiones a religiosos; pintas y mensajes de odio; hostilidades a la Santa Sede; represiones a actividades de laicos; prohibiciones de procesiones y actividades campales.
El informe también detalla que desde abril de 2018 a marzo de 2023, 16 religiosos han sido obligados a exiliarse: un obispo, dos diáconos, y 13 sacerdotes.
A su vez, el régimen ha expulsado al nuncio apostólico y a dos sacerdotes; desterró a ocho religiosos a Estados Unidos (cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas); negoció la salida de un jerarca católico y ha prohibido la entrada a Nicaragua a diez religiosos; mientras a uno, le negó la salida.
En su arremetida contra la Iglesia la dictadura también ha despojado de su nacionalidad nicaragüense a nueve sacerdotes y dos obispos, incluido el obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia del régimen.
La investigadora añadió que, este año, la dictadura prohibió todas las procesiones de Semana Santa (3,176 procesiones), obligando a la comunidad católica a celebrar la tradición «con las imágenes de los santos recluidas en sus parroquias y siempre vigilados y asediados por la Policía Nacional y adeptos del Consejo del Poder Ciudadano (CPC).
«Vulnerando el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos», explicó la también abogada.
Otro de los hallazgos de la investigación es la clausura arbitraria de 10 organizaciones sin fines de lucro relacionadas a la Iglesia católica, así como el cierre de dos universidades, un instituto, 13 medios de comunicación y seis proyectos sociales de la Iglesia católica.
Molina señala que un feligrés de la ciudad de León dijo que «ni para el tiempo de pandemia se detuvieron las procesiones en León porque las imágenes salían en camionetas a realizar recorridos y la fe y el sentir de la gente es inmensa; pero, ahora, ante esta situación lo único que surge del corazón del creyente es repudio, tristeza y melancolía».
Nicaragua Investiga
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