Los congresistas Dan Goldman y María Elvira Salazar enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitándole «que use su autoridad ejecutiva para ampliar la autorización de empleo inmediato mediante la designación de Estatus de Protección y Salida Forzada Diferida a Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El TPS permite a las personas de países designados «por el Secretario de Seguridad Nacional vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias», explica la carta.
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La solicitud cuenta con el respaldo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio y la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales, una coalición de empresas, asociaciones comerciales y otras organizaciones de todo el espectro de la industria, indica una nota de prensa divulgada este viernes por el Dan Goldman, de Nueva York.
Mano de obra y servicios públicos
De acuerdo a Goldman y a Salazar, congresista de La Florida, esto vendría aliviar la demanda de mano de obra y la dependencia de los migrantes a los servicios públicos.
«Actualmente, los inmigrantes deben esperar al menos 180 días antes de ser elegibles para la autorización de trabajo, lo que obliga a los recién llegados a depender de los servicios públicos de alimentación, vivienda y atención médica. Este período de espera prolongado también ejerce una presión indebida sobre las comunidades empresariales que necesitan trabajadores adicionales para combatir la actual escasez de mano de obra», refieren.
Recuerdan que los migrantes latinoamericanos huyen de «gobiernos y economías en crisis, violencia y caos generalizados, desastres naturales y condiciones inseguras», de tal forma que si Biden aprueba la petición «podrán encontrar más rápidamente asistencia legal y trabajar».
«Esto protegerá a las comunidades de inmigrantes, impulsará la economía, aliviará la responsabilidad financiera de los gobiernos locales que apoyan a los inmigrantes y abordará la escasez de mano de obra que afecta a las empresas», insisten.
Para la congresista María Elvira Salazar, el gobierno de Estados Unidos debe «redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela y designar TPS para Guatemala».
«Estas protecciones son fundamentales para reforzar nuestros esfuerzos por promover la estabilidad económica en la región, mientras luchamos contra los dictadores más despiadados del mundo en Nicaragua y Venezuela. Los beneficiarios de TPS en mi distrito contribuyen de manera invaluable a la economía del sur de la Florida y merecen la oportunidad de continuar persiguiendo su Sueño Americano”, insistió.
Son personas trabajadoras
Para la copresidenta de la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales, Laura Reiff, los inmigrantes de Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras «son personas trabajadoras que contribuyen» a la economía, a la comunidad y a la industria.
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«En última instancia, el Congreso debería encontrar un camino para que estos cientos de miles permanezcan en los Estados Unidos”, subrayó Reiff.
Los congresistas insisten en que el presidente Joe Biden también tiene la autoridad para extender la salida forzada diferida a los no ciudadanos de los países designados, como también «ordenar al secretario de Seguridad Nacional que autorice el empleo de los no ciudadanos cuya expulsión ha sido diferida».
Vale apuntar que la ley federal indica que los solicitantes de asilo esperen medio año después de presentar una solicitud de asilo antes de poder obtener autorización para trabajar. «La ley también requiere que, una vez que una persona haya presentado una solicitud de asilo, debe esperar un mínimo de 150 días antes de solicitar una autorización de trabajo, que puede otorgarse no antes de los 180 días posteriores a la presentación de la solicitud de asilo», indica la carta.
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