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Régimen acepta la renuncia de la vicedirectora sancionada de Telcor y nombra a su reemplazo

Cecilia Delgado Castellón fue sancionada en 2022 por Estados Unidos por su participación activa, desde Telcor, en contra de los derechos humanos y la represión en contra de los medios independientes.

Cecilia Delgado Castellón, ex subdirectora de Telcor. Foto: Prensa oficialista.

El régimen Ortega-Murillo ha aceptado la renuncia de Cecilia Delgado Castellón como subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor),sancionada por Estados Unidos en 2022, y en su lugar, ha nombrado a Cecilia Margarita Reyes Ochoa, según lo publicado este viernes en la Gaceta, el diario oficial.

A través de dos decretos presidenciales, el 104-2023, Ortega acepta la renuncia de Delgado Castellón, contenido en el acuerdo número 18-2018 del 17 de enero del año 2018; y por medio del 105-2023 nombra a su sustituta.

En enero de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Delgado Castellón, junto a Nahima Janett Díaz Flores, directora de Telcor e hija de Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional —y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo—, junto con otros cuatro funcionarios, en su lista negra de sancionados por su participación en la violación de derechos humanos en Nicaragua.

Promovían una red de trolls

En su anuncio, el Tesoro señaló que las funcionarias promovían una red de trolls que operaba con el fin de influir en la opinión pública a favor del régimen de Ortega-Murillo y en contra de la oposición, además de coartar la libertad de expresión mediante la cancelación de licencias de operación para silenciarlos.

A pesar de ocupar un puesto clave en Telcor, la información pública sobre Delgado Castellón es casi inexistente, situación similar con su reemplazo, de quien se desconoce su trayectoria profesional dentro de la administración pública, una práctica común en los nombramientos de la dictadura.

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Por su parte, la directora de Telcor, según diversas investigaciones periodísticas, fue integrante de la Juventud Sandinista, brazo opresor del régimen. De acuerdo con una filtración de la planilla de esa institución correspondiente a 2018, recibía un salario de 87,818 córdobas. En 2020, fue objeto de atención pública en relación con el instituto tras la muerte de Orlando Castillo; su firma ha sido estampada en la cancelación de licencias de varios medios de comunicación de la Iglesia católica.

En la actualidad, se le ha visto acompañada de Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y canciller de facto, en misiones diplomáticas en Rusia. A mediados de este mes, la bancada sandinista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica que, según expertos y especialistas, abre las puertas al espionaje en contra de los ciudadanos.

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