La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se pronunció en torno a la masacre de indígenas mayagnas perpetrada por colonos en la comunidad Alal de Bosawás el pasado 29 de enero.
En un comunicado emitido este 7 de febrero, OACNUDH hizo un recuento de la falta de protección a los derechos humanos de los comunitarios indígenas y la impunidad de delitos cometidos contra ellos.
También señaló que desde hace muchos años estas poblaciones han sido atacadas por colonos «quienes intentan obligar a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras ancestrales, con el fin de utilizarlas para la tala ilegal y la cría de ganado».
El documento recoge datos del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), que indican que «desde 2015, unas 40 personas indígenas han sido asesinadas, 47 han sido heridas, 44 secuestradas y cuatro permanecen desaparecidas, en casos relacionados con invasiones de tierras».
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También señalaron que previo a los trágicos eventos del 29 de enero, el pasado noviembre los Mayangna informaron públicamente que habían recibido amenazas de muerte de parte de los colonos, sin recibir la protección adecuada.
Además, el 4 de enero de este año, el Sr. Mark Rivas, un líder indígena Miskitu, fue hallado muerto con una herida por arma de fuego en Bilwi, en la misma Región Autónoma. El Sr. Rivas habría recibido amenazas de muerte anónimas después de acusar al partido gobernante de crear divisiones entre las comunidades indígenas.
#Nicaragua – Estamos muy preocupados por los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos cometidos contra ellos – Marta Hurtado, portavoz de la oficina de @mbachelet pic.twitter.com/KdCxTfIz3w
— OACNUDH (@OACNUDH) February 7, 2020
«Instamos a las autoridades nicaragüenses a que realicen investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos incidentes, y a juzgar y sancionar a los responsables. También exhortamos a las autoridades a que proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias, y a que presten asistencia a las personas desplazadas por la fuerza, incluidas las que ya han regresado a sus comunidades», indica el comunicado firmado por Michel Bachelet.
«Es fundamental que las autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia y proteger las tierras, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas», finaliza el escrito.
La masacre del 29 de enero dejó como resultado 4 personas asesinadas, 2 heridas de gravedad y 16 casas incendiadas.
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