Una de las dificultades que enfrentan los refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica es el acceso a los servicios de salud que presta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin embargo, ahora esto lo tendrán garantizado gracias a un convenio especial suscrito con varias instituciones públicas y organismos internacionales.
El acuerdo fue firmado este viernes y lleva por nombre Convenio Marco de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud a Personas Solicitantes de Refugio y Refugiadas.
En la firma participaron las autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Costa Rica), la Embajada de España en Costa Rica y la Cooperación Española, según un comunicado divulgado por la CCSS.
La idea del convenido es brindar a las poblaciones vulnerables una atención digna con un seguro de calidad, manifestó Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la CCSS.
“Ofrecer un aseguramiento colectivo a las personas refugiadas y solicitantes de refugio que cuentan con vulnerabilidades médicas es reafirmar nuestro compromiso como garantes de la salud pública. La Caja Costarricense de Seguro Social es el pilar fundamental del sistema de salud público en el país, por eso es que, por medio de convenios como el que hoy estamos firmando, seguimos contribuyendo con el acceso de la atención médica para quienes más lo necesitan”, expresó.
Hay que resaltar que la atención se brindará «según los términos y condiciones establecidos por el Reglamento del Seguro de Salud y el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes de la CCSS», según el comunicado.
Dicho convenio tendrá vigencia por un año y comenzará a funcionar a partir de agosto del presente año, y no contempla la cobertura del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte ni el Régimen no Contributivo de Pensiones.
Costa Rica es un país receptor de muchos migrantes, en especial procedentes de la vecina Nicaragua. La violenta represión antigubernamental del 2018 contra las protestas ciudadanas y la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega ha derivado en un éxodo masivo, que supera ya las 500,000 personas. Buena parte de estas, un poco más de 200,000, han huido a Costa Rica y más continúan llegando.
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