La Policía del régimen de Daniel Ortega y funcionarios del Poder Judicial se tomaron este sábado la residencia Villa Carmen, en Managua, donde habitan los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), confirmó la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
Los operadores de la dictadura se presentaron al lugar en horas de la tarde para exigir el desalojo a los religiosos, argumentando que esa vivienda es también del Estado de Nicaragua.
A pesar que los sacerdotes les presentaron documentos del inmueble que confirman que la propiedad no le pertenece a la UCA y es propiedad de la Compañía de Jesús, la policía los expulsó.
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«Los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal», señala la nota de prensa de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
Ante la medida, los seis miembros de la comunidad «obedecieron las órdenes de la autoridad» y se retiraron, aseguran los jesuitas.
Afirman que los religosos se encuentran «bien en un lugar seguro».
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Según el medio digital Confidencial, los religiosos se trasladaron a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica, en Managua.
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«La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condena este atropello y manifiesta su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas en Nicaragua en estos momentos», finaliza la nota.
La toma de la residencia de los sacerdotes ocurre un día después que la dictadura oficializó la confiscación de la UCA e instaló una nueva universidad con los bienes de esa institución educativa, tras acusarla de ser un supuesto «centro de terrorismo».
Sin juicio alguno, la jueza Gloria María Saavedra, exalumna de esa alma mater, giró oficio el 15 de agosto en el que ordena la «incautación de los bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas», así como «productos financieros en moneda nacional o extranjera».
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús respondió asegurando que las «graves» acusaciones contra la UCA son «totalmente falsas e infundadas» y responsabilizó al régimen de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, personal docente, administrativo y demás trabajadores de la universidad, y del patrimonio cultural que se deriven de «semejante acusación injustificada».
Nicaragua Investiga
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