La Policía ha desplegado por semanas, un contingente de patrullas apostándose en las afueras de las casas de líderes opositores. El pasado 23 de febrero encerró por cuatro días al comentarista político Jaime Arellano y al empresario Dolores Blandino luego que estos convocaron a una marcha nacional.
Nunca hubo una explicación formal de aquella medida, ni una orden judicial que justificara lo que fue considerado por organismos de derechos humanos como un arresto domiciliario de facto.
La activista feminista Mirna Blandón y el vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, el doctor Jorge Luis Borges, también llevan semanas bajo asedio policial. El hostigamiento y espionaje se da continuamente hasta llegar a obstruir la entrada principal de las casas de estas dos personas.
El asedio se da por “razones políticas” asegura el doctor Borges quien increpó a un policía y le acusó de violar su derecho a la privacidad. El agente respondió: “Estamos aquí para que usted no siga jodiendo al comandante”.
La líder feminista Mirna Blandón considera «grave» la violación al derecho individual y privacidad establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
“Nadie puede irrumpir en mi ambiente privado, lo cual han hecho en el sentido de tomarme fotos”, reclama Blandón que es constantemente asediada por patrullas en los alrededores de su casa.
La Constitución Política de Nicaragua dice en su artículo 25 que todo ciudadano «tiene derecho a su libertad individual y a su seguridad». El artículo 26 remarca enfáticamente que «toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, al respeto de su honra y reputación».
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“Estamos hablando de actos del Estado, que debería de garantizar estos derechos”, aclara Yader Morazán, ex funcionario del Poder Judicial. “Sus actividades son ilegales, violan derechos constitucionales, y además son actuaciones ilegitimas que no obedecen a la naturaleza del cargo o la función policial que corresponde”, señala el jurista.
Policías asedian por “órdenes superiores”
El doctor Jorge Luis Borges asegura que en reiteradas ocasiones ha solicitado a los agentes policiales que obstruyen el acceso a su casa, la orden judicial que les autoriza a tomar esta medida en su contra, y estos solo les indican; “‘venimos por órdenes superiores’.
Por otra parte, Mirna Blandón aclara que tampoco se le ha presentado una orden formal, y añade que se siente incómoda porque todo el tiempo le toman fotos y la vigilan. “Vos no tenés, abusando de tu uniforme, que venir a invadir mi espacio privado”, le reclamó en algún momento a uno de los oficiales por sacar fotografías de ella dentro de su casa.
La líder feminista, Mirna Blandón, asegura que en ciertos momentos la Policía se planta en el único anden que conecta con su casa, ya que está al tope y no hay otras salidas.
“Están violentando mi derecho individual; incluso, con trabajadores y gente que vienen a mi casa, puesto que la última vez, fueron a investigar a la compañera que me ayuda en las labores domésticas y le revisaron las pertenencias a un joven que estaba haciendo un trabajo en mi casa”, se quejó.
“No me dejan trabajar, no me dejan salir”, denuncia la activista feminista.
Los derechos de los ciudadanos a la libre circulación
La Constitución Política garantiza en el artículo 31 que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país.”
Mientras que el artículo 33 sostiene que «nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal».
Yader Morazán explica que en los casos de opositores no hay una razón legal para retener a las personas, sino una simple jornada de «asedio».
El exfuncionario judicial señala que el Código Penal castiga a toda persona que retenga a otra en contra de su voluntad, cuando no está dentro de los márgenes establecidos en la ley y su castigo puede ser de tres hasta seis años.
“Este delito se agrava cuando es cometido por una autoridad pública, estamos hablando del artículo 163 del Código Penal, al violarse la libre circulación se restringen otras cantidades de derechos como un daño colateral; hay una limitante al derecho laboral; estas personas no pueden socializar con sus vecinos”, explica.
El doctor Jorge Luis Borges permanece sin trabajo desde que estalló la crisis el pasado 18 de abril de 2018. Fue despedido del Hospital Antonio Lenin Fonseca porque figuraba en la “lista negra” de los médicos que ofrecieron sus servicios para los heridos que fueron reprimidos en abril.
En la casa del doctor Borges está con él una parte de su familia y su hija de cinco años, la cual muestra un poco de estrés y comenta que a su temprana edad odia a la policía. También asegura que los antimotines que llegaban primeramente no le permitían la salida a la niña. Pero confirma que otras patrullas no se dirigen a ella y le tienen respeto.
Mirna Blandón testifica que una vez intentó salir con su hijo y le fue imposible. “Efectivamente se dispusieron todos a cerrar la salida y a poner la camioneta de la patrulla”, revela.
La líder feminista pide tener tranquilidad en su casa y afirma que a pesar de la presencia policial en su casa no se siente mal porque ella no se considera una delincuente. ”Soy una mujer, soy una activista, soy una ciudadana, es decir, tengo todos los derechos, y solo pido que respeten el derecho individual que tengo, consignados por la Constitución, finalizó Blandón.
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