En julio del 2022 las autoridades de Costa Rica emitieron una identidad en la que reconocía el cambio de género de una nicaragüense. Su nuevo nombre: Karelia de la Vega, una activista trans que en redes sociales todo el mundo conoce como “Lady Vugaraza” por sus ocurrentes retahílas y fuerte lenguaje contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por ese entonces, de la Vega gestionaba documentar su refugio en ese país, debido a que en el suyo, el régimen la perseguía. En Nicaragua, a tan solo 425 kilómetros de distancia de donde recibió su nueva identidad al declarar su género, la activista no sólo habría sido encarcelada por su activismo opositor, sino que jamás le habrían respetado su género y menos reconocerlo.
“Cómo me gustaría que en mi país se reconociera la identidad de género, que ya hubiese una Ley de Identidad de Género”, expresó la opositora en ese momento. El lamento de la Vega tiene su sustento en que a la fecha, Nicaragua no se encuentra entre la lista de al menos 13 países de América Latina que ya han aprobado ese tipo de beneficio.
Las mujeres transgénero que viven en Nicaragua deben lidiar día a día con ese desafío legal de ser desconocidas, enfrentarse a la discriminación en una población mayormente conservadora y religiosa, más la pasividad reprochable de autoridades actuales que solo aprueban leyes si se benefician de ellas. Es tan cruda su realidad, que hasta conseguir un empleo, por más capacitada que se encuentren, les es tarea difícil.
“Dicen que este gobierno toma en cuenta a mayorías y minorías, pero es no se ve, permite las agresiones de odio y la discriminación a la diversidad sexual. Hay una clara manipulación, porque se profesa defensor de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+, habla de avances en materia de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero no se ven esas acciones”, critica un miembro de esta comunidad.
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En deuda
En 2008, un año después que Daniel Ortega llegara al poder su régimen apoyó una reforma al Codigo Penal que despenalizó las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, que desde 1974 era considerado, según el artículo 204, como delito de sodomía. El articulado castigaba con cárcel las relaciones.
Aunque para muchos fue un gran logro en medio de las demandas de la comunidad LGBTIQ+, terminó siendo tan solo un pequeño “haz de esperanza” que hoy parece “estancado”. Las demandas de esta comunidad, ahora lucen olvidadas por los políticos del país.
Aunque en Nicaragua existe la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley 648), que busca promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres, el articulado deja por fuera a las mujeres trans, y tampoco reconoce a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
Las autoridades del país no contemplan ni como proyecto, alguna intención para legalizar la unión de familias homoparentales a pesar que ha sido el llamado constante a los países del mundo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un organismo internacional del que el país es signatario.
Peor que eso, el régimen de Nicaragua tiene pendientes legislaciones en favor de la comunidad, sobre todo en favor de las personas transexuales, a quienes no les reconoce legalmente el cambio de género. En Nicaragua, como en varios países, no existe aún una Ley de Identidad de Género, como lo han demandado por muchos años organizaciones como el organismo internacional Raza e Igualdad.
Persecución y cárcel a mujeres trans
Desde 2018, año de las protestas sociales que demandaron el fin del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, muchas mujeres trans como Karelia de la Vega, fueron víctimas de asedio, represión y violación a sus derechos humanos por parte de la Policía que obedeció ciegamente las órdenes del matrimonio en el poder.
Las violaciones a sus derechos, como las de decenas de ciudadanos que se manifestaron entonces, fueron documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los informes del organismo, se incluyeron la muerte 355 ciudadanos, asesinatos, que años después, son consideradas producto de crímenes de lesa humanidad según el grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas, ONU, cuyos hallazgos, se actualizaron la semana pasada.
Aunque de la Vega no fue a prisión como otras mujeres trans, lo cierto es que las amenazas en contra de su persona no cesaron y la discriminación por su orientación sexual y activismo, incrementó de parte de paramilitares del régimen orteguista.
Después de aplastar las manifestaciones ciudadanas con armas de grueso calibre y escuadrones de muerte, el régimen de Ortega, se encargó de aniquilar los “avances” en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua. A ellos se les negó las manifestaciones propias de su agenda, les negaron el permiso para celebrar el Día del Orgullo Gay y ordenaron secuestros, cárcel y juicios espurios a mujeres trans reconocidas por su activismo político y social.
Victoria Obando, Kisha López y Carolina Gutiérrez, todas mujeres transgénero, fueron sacadas de sus casas por policías y civiles armados y obligadas a pasar diez meses en prisión por razones políticas en la cárcel de varones conocida como “La Modelo”, en Tipitapa. Cada una de ellas sufrió el acoso de carceleros y la discriminación por su sexualidad. Las desnudaron, las manosearon, las amenazaron con violarlas y se negaron a reconocer su identidad de género.
Bajo anonimato, una de ellas dijo para este reporte, que lo vivido dentro de un penal para hombres demuestra la denigrante situación de las mujeres trans en Nicaragua y el abandono del Estado que se dice defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. “Sentís que tu vida corre peligro todo el tiempo”, contó. “Pero eso no solo ocurre si estás en una cárcel política, en el país, el miedo es todo el tiempo porque la amenaza está en todos lados”, explicó.
Un país sin oportunidades para mujeres trans
La persecución política en contra de de la Vega y otras mujeres trans en Nicaragua, no solo ha socavado las condiciones de vida de cada una de ellas, sino que también ha frustrado el sueño de prepararse profesionalmente. A Carolina, por ejemplo, una mujer trans originaria de Managua, el régimen le arrebató la ilusión de ejercer la profesión que estudió.
Ella se graduó en Derecho en una de las universidades que después de 2018 el régimen confiscó. Como fue vista en las manifestaciones, nunca le fue permitido terminar los trámites para ejercer como abogada. “El gobierno de Nicaragua me arrebató el derecho a ejercer mi profesión, me criminalizaron, me llamaron terrorista y acabaron con muchos años de sacrificio para terminar la universidad”, contó.
Sin opción de un trabajo en la formalidad y para sobrevivir, Carolina se vio obligada a la venta de ropa, cosméticos, accesorios para dama, entre otros objetos de comercio. “No hay oportunidades laborales. Tengo 34 años y ni una sola cotización a mi Seguridad Social, lo que también me limita la asistencia médica y otras aspiraciones como créditos para negocio y vivienda. Nos han quitado todo”, se queja.
“Hay la idea de que debemos trabajar en ventas de comidas, belleza o trabajos sexuales. Otros creen que las mujeres transgénero somos ladrones, puñaleras o drogadictas. Nada que ver. Merecemos respeto, queremos respeto y demandamos oportunidades”, señala.
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Nicaragua les niega todo
En la región latinoamericana no existen estadísticas que muestren el panorama verdadero que viven las mujeres trans para intentar acceder al mercado laboral. No obstante, el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló que apenas el 10% de las personas trans, en el mejor de los casos, tiene acceso a un empleo y esto ocurre en Argentina.
Pero en el caso de El Salvador, un ejemplo cercano a Nicaragua, sólo un 5% de las mujeres trans han podido acceder al mercado laboral. Para la CIDH, la educación es también un factor limitante en la búsqueda de empleos formales, pues se dice que solo el 25% de las personas trans, pueden concluir sus estudios de bachillerato.
Por ahora, la mayoría de las personas trans en Nicaragua siguen viviendo, de momento, condenadas al trabajo informal y esperando a que el régimen retome la demanda de una ley que reconozca su derecho a una identidad de género. “La deuda está ahí y hay que saldarla”, dice la integrante de la comunidad.
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