En un comunicado de prensa, el Ejército de Nicaragua informó sobre la detención de seis personas presuntamente vinculadas a delitos previos. Según el comunicado, emitido el 30 de junio y el 1 de julio de 2024, mediante operativos del sexto Comando Militar Regional en las comunidades de Kaskitas y Arenales, municipio de Waslala, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, se detuvo a seis ciudadanos nicaragüenses.
Los detenidos fueron identificados como Luis Francisco Rodríguez Villegas, de 55 años; Edgar Rizo García, de 39 años; Edwing González Real, de 35 años; Jorbin Iván Jarquín, de 27 años; Manuel Hernández Aguilar, de 25 años; y Deybin Castro Altamirano, de 24 años.
A los presuntos delincuentes se les encontraron en posesión ilegal, según el Ejército, un rifle calibre 22 con un cargador, un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, y un talí o cinturón de pistola. El Ejército informó que tanto los detenidos como las armas y municiones fueron entregados a las autoridades competentes.
Controversia por acusaciones de delincuencia hacia opositores
Expertos en leyes, analistas, organismos de defensa de derechos humanos y la ciudadanía desmienten las acusaciones recurrentes del Ejército de Nicaragua, que lleva años etiquetando como delincuentes a nicaragüenses por oponerse al régimen sandinista incluso sin pruebas.
Según una publicación de EFE del 21 de agosto de 2020, la socióloga Elvira Cuadra afirmó que «etiquetar de antemano como delincuentes a los detenidos y amenazar a los defensores de derechos humanos constituye una violación grave».
En la misma línea, la abogada Yonarqui Martínez sostuvo que «la Constitución Política, el Código Procesal Penal y el Pacto de San José establecen el principio de presunción de inocencia, dignidad humana, legalidad, respeto al debido proceso y derechos de todos los investigados».
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha cobrado la vida de más de 300 personas.
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