De 2018 a 2024, el régimen de Daniel Ortega mantiene una campaña de represión religiosa que ha resultado en el destierro masivo de más de 50 religiosos, incluyendo sacerdotes y obispos, así como la encarcelación de 74 personas religiosas, entre ellas 11 pastores evangélicos, revela un informe de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
El informe titulado “Seis años de represión a la libertad religiosa de Nicaragua”, presentado este miércoles 30 de octubre de 2024, establece una cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las iglesias en este país.
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El estudio denuncia que los líderes religiosos han sufrido exilio y abandono de labor pastoral; detenciones y desapariciones forzadas de manera temporal; vigilancias y asedio en las parroquias y a su familia, judicialización, malos tratos en los centros de detención, traslado forzoso hacia Roma, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Guatemala, despojo de la nacionalidad y prohibición de realizar celebraciones católicas a nivel nacional.
“Resaltar que en Nicaragua no solo se han cometido graves violaciones a la libertad de conciencia y religión, sino también hay una persecución religiosa tenaz en contra de la iglesia católica, en todos los niveles, desde los prelados, sacerdotes, diáconos, hasta laicos y feligreses, incluyendo a personas trabajadoras en organizaciones, asociaciones y medios de comunicación de corte religiosos”, indica el informe.
También detalla que la represión religiosa comenzó a escalar significativamente en febrero de 2023, cuando 222 presos políticos, entre ellos al menos 20 religiosos, fueron enviados a Estados Unidos. Desde entonces, se han llevado a cabo múltiples oleadas de destierro.
En octubre de 2023, 12 sacerdotes fueron enviados a Roma; en enero de 2024, otros 19, incluyendo dos obispos, fueron trasladados al Vaticano. Las acciones continuaron en agosto de 2024, con el destierro de siete sacerdotes y posteriormente de otros dos, elevando el total a más de 50 religiosos forzados a abandonar el país.
Además, detalla que alrededor de 200 religiosos han sido impedidos de ingresar a Nicaragua, lo que refleja un clima de miedo y represión sistemática.
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Las leyes de la represión y sus etapas
El estudio destaca que el régimen se ha valido de leyes represivas para violentar la libertad religiosa, como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley de Pérdida de Nacionalidad (Ley 1145).
El informe de 133 páginas recoge 357 testimonios de víctimas que mencionan a las iglesias, fundamentalmente a la católica, en los que revelan las diversas formas de agresión que han sufrido los religiosos, incluyendo ataques perpetrados por agentes estatales.
Uno de los testimonios relata que el sacerdote Pedro Méndez, de la iglesia Santa María Magdalena de Masaya, “fue torturado, le quebraron los dientes, estuvo en el (Hospital) Vivian Pellas, le pusieron un AK en la boca y le apearon los dientes”.
Braulio Abarca, defensor del programa de Educación y Memoria del Colectivo, explicó que este organismo identificó cuatro etapas de la represión a la libertad religiosa.
La primera comprende desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. Esta se caracterizó por la estigmatización y clima adverso en la opinión pública contra la iglesia, al comenzar a ser puesta como un “enemigo del pueblo” o del Estado, legitimando algunos actos de violencia y profanación de templos.
La segunda fase inició con un hito histórico en abril de 2019: el exilio del primer obispo, Silvio Báez, producto de la primera etapa.
El tercer momento fue la expulsión o retiro del beneplácito del monseñor Waldemar Satnislaw Sommertag, nuncio apostólico del Vaticano desde 2018, la que se mantuvo hasta el 9 de febrero de 2023, con la desnacionalización y destierro de 22 personas religiosas. Posteriormente, inició una nueva y cuarta etapa que persiste hasta la actualidad.
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Cierre de organizaciones para silenciar a religiosos
El estudio también revela que la represión se ha extendido más allá de los individuos hacia las organizaciones religiosas.
Desde agosto de 2024, el régimen ha cancelado más de 1,500 organizaciones de sociedad civil, de las cuales al menos 300 tienen un enfoque religioso.
Entre las entidades cerradas se encuentran universidades administradas por iglesias, como la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr.
El informe concluye que la represión religiosa en Nicaragua bajo el régimen de Ortega representa una grave violación a los derechos humanos y una amenaza a la libertad de culto.
La persecución sistemática de religiosos, el destierro y la clausura de organizaciones reflejan un intento del gobierno de silenciar cualquier forma de oposición.
Nicaragua Investiga
