La Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobó el pasado viernes la Ley que Regula la Cooperación Brindada por los Organismos, Agencias de Cooperación y Misiones Diplomáticas Acreditadas en Nicaragua.
Con la aprobación de este marco jurídico, el régimen de Ortega será el encargado de autorizar cualquier proyecto o programa de cooperación y será vigilado desde el inicio y durante su implementación.
«La cooperación que se brinda deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidos por el Gobierno de la República de Nicaragua», dijo Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
Los organismos y agencias de cooperación deberán incluso de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores la designación de cualquier funcionario dentro de su estructura, especificando el cargo, funciones a desarrollar y una hoja de vida de esa persona.
También se limitará la cantidad de funcionarios o miembros a acreditar a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Justificación por soberanía
A como acostumbra, la dictadura sandinista justificó esta ley con el «respeto a la soberanía nacional», por lo que ahora toda cooperación extranjera debe de estar sin «condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales».
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