Ante la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, que podría endurecer aún más las políticas migratorias estadounidenses, los nicaragüenses que buscan alternativas de migración ante un escenario de mayor represión política y crisis económica en el país, podrían encontrar en España una oportunidad gracias a la reciente reforma del reglamento de extranjería aprobada por el gobierno español.
La medida que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, busca regularizar la situación de cerca de 900,000 migrantes en situación irregular y establece que los extranjeros podrán acceder a una regularización basada en vínculos económicos, sociales, laborales, familiares o formativos.
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Este enfoque contrasta con las políticas restrictivas que predominan en otros países europeos y en Estados Unidos, y responde a una estrategia orientada tanto a cubrir demandas del mercado laboral como a garantizar derechos fundamentales.
En ese sentido, la apertura de España podría convertirse en una tabla de salvación para miles de nicaragüenses que buscan nuevas oportunidades fuera de su país. Al ser un destino donde el idioma y la cultura comparten raíces, la integración podría ser menos compleja en comparación con otros países.
Un nuevo destino para los nicaragüenses
Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido uno de los principales destinos para los migrantes nicaragüenses que buscan escapar de la crisis política, económica y social en la que el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumergido su país.
Sin embargo, las perspectivas de un nuevo gobierno republicano en Washington, conocido por sus posturas antiinmigrantes, podrían complicar el acceso de los nicaragüenses a ese territorio, haciendo de España una opción más viable y accesible.
Con la reforma, aquellos migrantes que logren demostrar su arraigo en el país podrán obtener permisos de residencia que, eventualmente, les permitirían acceder a la ciudadanía española.
Esto podría ser especialmente beneficioso para las familias que buscan estabilidad y acceso a derechos esenciales como la salud, la educación y el empleo.
La reforma ha sido defendida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como una medida que no solo favorece a los migrantes, sino también a la economía del país.
Según el mandatario, los migrantes representan «riqueza, desarrollo y prosperidad». Mientras que organizaciones como Amnistía Internacional han destacado que este tipo de políticas promueven la igualdad y garantizan los derechos humanos de quienes se encuentran en situaciones vulnerables.
Aunque la reforma representa un avance significativo, Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de monitorear su implementación para garantizar que realmente se traduzca en mejoras concretas para los migrantes. En particular, han surgido preocupaciones sobre ciertos aspectos de la normativa, como el tiempo que debe transcurrir para que una solicitud de asilo desestimada pueda contar como arraigo.
Nicas en la cuerda floja en Estados Unidos
El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, reveló recientemente preocupantes cifras sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos durante una entrevista con el programa Esta Noche.
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Según Orozco, al menos 150,000 nicaragüenses enfrentan órdenes de deportación pendientes, lo que los convierte en uno de los grupos más vulnerables ante posibles medidas restrictivas que el gobierno estadounidense podría implementar en los próximos años.
Orozco señaló que aproximadamente 350,000 nicaragüenses se encuentran en situación irregular, es decir, no han realizado ningún ajuste migratorio, lo que los deja expuestos a la detención y deportación. Además, indicó que cerca de 80,000 personas están actualmente detenidas en centros de inmigración en Estados Unidos, de las cuales unas 3,000 serían nicaragüenses.
Otro grupo en riesgo son los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, que suman alrededor de 40,000 personas, de los cuales solamente el 15% ha iniciado los trámites para cambiar su estatus y extender su permanencia legal en Estados Unidos.
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