Enero de 2025 es una fecha crucial para los primeros nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, aprobado a inicios de 2023 por la Administración Biden por un período de dos años.
A partir de esta fecha, los primeros beneficiarios que ingresaron en enero de 2023 enfrentarán el vencimiento de su permiso de residencia y trabajo, y aquellos que no hayan optado por otro estatus migratorio, como el asilo, estarán expuestos a la deportación, lo que podría manchar permanentemente su historial migratorio.
Sin embargo, la amenaza de deportación no solo pone en riesgo su permanencia en Estados Unidos, sino también la seguridad de muchos que huyeron de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, afirmó en una columna publicada recientemente por Confidencial, que en 2023 al menos 38,154 nicaragüenses fueron beneficiados con el parole, pero solo aquellos que hayan solicitado un ajuste de estatus, podrán evitar la deportación antes de abril de 2025.
«Para abril 2025, al menos 7000 de estos estarán con su estadía vencida. En la mayoría de los casos estas personas no aplicaron a un ajuste de estatus«, señaló Orozco.
También agregó que las nuevas leyes represivas aprobadas por la dictadura en noviembre de 2024 -que son un marco legal para arrebatar la nacionalidad y negar el ingreso de los nicaragüenses a su país- agregaron otro «nivel de incertidumbre y angustia» a la situación.
«Para unos, está el escenario que no los dejen entrar si deciden volver o los deporten y a muchos con parole los habían amenazado al salir del país los oficiales de migración nica. Pero el temor de ver cómo han socado la tuerca represiva con controles económicos, financieros, migratorios y monetarios ha asustado a la gente y muchos están reconsiderando quedarse”, indicó Orozco.
Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el parole humanitario ha permitido en los dos años de vigencia del programa la entrada legal de más de 90,000 nicaragüenses, pero a quienes se les venza el plazo de dos años y no hayan solicitado un cambio de estatus, deberán abandonar el país o arriesgarse a ser deportados.
Más nicas en riesgo de deportación en 2025
Según Orozco, hay tres grupos clave que se encuentran particularmente expuestos al riesgo de deportación. El primero de estos grupos está compuesto por aquellos nicaragüenses que ya cuentan con una orden de deportación, en muchos casos desde 2018.
Aunque muchos de ellos no han sido detenidos, la amenaza de expulsión sigue latente, y con el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. -tras el inicio de mandato de Donald Trump- el riesgo de que estos migrantes sean expulsados se incrementa considerablemente.
En total, más de 63,000 nicaragüenses tienen órdenes de deportación, lo que representa un desafío adicional para quienes han buscado un refugio en el país del norte.
Un segundo grupo vulnerable está constituido por los nicaragüenses cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. De más de 150,000 peticionarios de asilo, solo el 10% ha recibido una resolución, y de ellos, la mitad ha sido rechazada.
Esto deja a más de 5,000 personas en una situación difícil, donde su permanencia en EE. UU. depende de la posibilidad de apelar la decisión ante los tribunales migratorios.
Además de estos grupos, existe una tercera categoría especialmente vulnerable que son los nicaragüenses que fueron beneficiarios del programa de parole humanitario.
«De ahí que solo pensar en estos grupos de alto riesgo son más de 70 000 nicaragüenses que podrían ser expulsados dependiendo del nivel de esfuerzo aplicado para las deportaciones. Tomando en consideración que el Temporary Protected Status y DACA son programas que estarán por cancelarse este 2025, el número de nicaragüenses expuestos puede llegar a 5000 más», advirtió Orozco.
El riesgo de ser deportados a Nicaragua es particularmente alarmante para aquellos nicaragüenses que escaparon de la represión política del régimen de Ortega-Murillo, ya que su retorno podría poner en peligro su vida y libertad.
Orozco agregó que desde 2018, más de 850,000 nicaragüenses han abandonado el país debido a la persecución política y la falta de oportunidades económicas. De estos, muchos fueron adultos en edad laboral, lo que ha reducido significativamente la fuerza laboral en Nicaragua.
Si bien las remesas enviadas desde EE. UU., que en 2024 registraron una cifra récord de más de 5 mil millones de dólares, han sido una fuente crucial de alivio económico, la posible deportación de miles de nicaragüenses podría afectar este flujo, reduciendo las remesas y afectando la economía de miles de hogares.
Esto no solo tendría un impacto negativo en las familias que dependen de estos recursos, sino también en la estabilidad económica del país, que enfrenta una carga creciente debido a la disminución de su población activa y la falta de crecimiento económico.
«El 2025 avizora dificultades y retos para los expulsados por la dictadura, ahora en estatus irregular, para los trabajadores explotados bajo la dictadura cuya carga económica aumentaría si disminuyen las remesas y el número de receptores, y para las familias transnacionales cuya situación se vuelve incierta», concluyó el especialista.
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