En un pronunciamiento conjunto divulgado este lunes 13 de enero de 2025, distintas organizaciones de la sociedad civil y grupos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron lo que definen como la “muerte de la República” en Nicaragua, tras la inminente aprobación en segunda legislatura de la nueva Constitución que se espera en el transcurso de este mismo mes.
La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) afirma que desde 2016 la pareja Ortega-Murillo ejerce el poder de manera fraudulenta, y que en 2021 intensificaron una represión total que llevó al encarcelamiento de todos los precandidatos y líderes opositores, cerrando así cualquier vía para unas elecciones libres.
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«Con esta imposición, la dictadura sandinista no solo profundiza la consolidación de un autoritarismo absoluto, también se eliminan las garantias democráticas, la prohibición de la tortura y se despoja a la sociedad nicaragüense de toda posibilidad de autodeterminación, soberanía y de aspiración a una democracia verdadera», indica el pronunciamiento.
Ahora, con esta reforma —que consideran “espuria e ilegal”—, se consolida el control absoluto del sistema electoral, la imposición de símbolos partidarios como emblemas nacionales y la absorción de todos los poderes por parte del Ejecutivo.
Un régimen dinástico y represor
Las organizaciones sostienen que la designación de Rosario Murillo como copresidenta cristaliza una sucesión dinástica que convierte al país en un “feudo político”. Alertan que el nuevo modelo estatal deja atrás la figura de un Estado Democrático para someterlo a la llamada “revolución” como fuente única de legitimidad, eliminando de facto cualquier contrapeso o institución que pudiera fiscalizar el poder.
El pronunciamiento enfatiza que esta nueva Constitución “institucionaliza un modelo de Estado represor y dinástico” y formaliza la existencia de grupos paramilitares bajo la figura de “policías voluntarios”.
«Esta reforma extingue cualquier vestigio de institucionalidad previa, reemplazando los cimientos del Estado con un régimen autoritario y totalitario que concentra todo el poder en el Ejecutivo, eliminando la separación de poderes y subordinando al Estado a los intereses de una sola familia», añade el pronunciamiento.
Asimismo, denuncia la criminalización de toda expresión disidente como “traición a la patria”, la censura absoluta a través de leyes como la Ley de Ciberdelitos, y la supresión de derechos básicos como la prohibición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos y la libertad de prensa.
La oposición nicaragüense hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales para que apliquen sanciones efectivas contra el régimen, suspendan relaciones económicas que lo beneficien y fortalezcan los mecanismos humanitarios y legales destinados a quienes sufren la represión.
Para estas organizaciones, resulta prioritario exhibir ante el mundo las violaciones sistemáticas de derechos humanos que tienen lugar en el país, así como exigir el restablecimiento del Estado de Derecho.
Unidad y resistencia ciudadana
Por otro lado, el pronunciamiento exhorta a la ciudadanía y a la resistencia organizada, tanto dentro como fuera de Nicaragua, a mantenerse unida y reforzar la lucha pacífica contra la dictadura.
También destacan la importancia de la organización de base, la denuncia constante de las violaciones a los derechos fundamentales y la movilización para evidenciar el rechazo popular al régimen dinástico.
Las fuerzas opositoras reiteran la convicción de que, pese a la intención de silenciar el anhelo de libertades, la historia demuestra que ningún sistema autoritario puede sofocar indefinidamente las aspiraciones democráticas de su pueblo.
“El pueblo nicaragüense tiene derecho a soñar con un futuro de libertad y justicia, y la comunidad internacional tiene el deber moral de acompañar esta lucha”, sentencia el comunicado.
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