El Ministerio del Interior ha emitido nuevas normativas con el objetivo de supuestamente prevenir el financiamiento al terrorismo y aumentar la regulación y el control sobre los organismos sin fines de lucro, a los cuales desde 2018, ha mostrado una actitud hostil eliminándolos gradualmente. Pero lo más insólito es que considerarán una amenaza a poblaciones o comunidades que se relaciones con estos organismos.

La normativa se dictó en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, este jueves 13 de febrero, donde el Ministerio del Interior tendrá superpoderes para mantener una vigilancia extrema sobre los organismos no gubernamentales.

Nicaragua se mantiene entre los 10 países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional

Uno de los principales objetivos de esta normativa es supuestamente prevenir el financiamiento al terrorismo que presenten riesgos a fin de evitar aquellos identificados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “no sean abusados por organizaciones terroristas al presentarse como entidades legitimas”.

La dictadura llama terrorista a los grupos de la sociedad civil que piensan y opinan diferente a las políticas represivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Nicaragua, además, no existen grupos terroristas y muchos opositores se encuentran en el exilio o destierro por culpa del mismo régimen.

Dictadura considera amenazas a la población

En el artículo 1 declara como amenaza a grupos de personas con el potencial de causar daño al recaudar, mover, almacenar o utilizar fondos y otros activos, ya sea de fuentes legítimas o ilegítimas, para fines terroristas.

Las amenazas para el régimen pueden incluir organizaciones terroristas nacionales o internacionales y sus facilitadores que sus fondos en tiempos pasados, presentes o futuros, involucran a personas y hasta poblaciones que simpatizan con las organizaciones terroristas.

Las organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales que entran en esta categoría son: religiosas o caritativas, sociales, culturales, educación, deportivas, entidades gremiales o empresariales.

FMI asegura que INSS no tiene reservas y se negocian reformas

El artículo 6 establece como consecuencia el daño que pueden provocar los supuestos grupos terroristas a la economía y sociedad en general. También al relacionarse con poblaciones, comunidades en el entorno comercial o intereses nacionales e internacionales.

Las asociaciones sin fines de lucro que trabajan con poblaciones y comunidades vulnerables son principalmente organizaciones humanitarias. Sus programas han beneficiado a ciudadanos pobres con servicios que el gobierno no provee. Sin embargo, la mayoría de estos grupos fueron clausurados por el Ministerio del Interior, y sus cuentas bancarias y bienes han sido confiscados.

¿Qué más dice la normativa?

El Ministerio del Interior tendrá un supervisor para que siga el rastro de cualquier organismo que opere en Nicaragua con fondos nacionales o internacionales, y que para ellos sean sospechosos.

La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, podrá realizar supervisiones in situ o extra in situ a cualquier persona que consideren sospechosa.

Países europeos podrían iniciar investigaciones penales contra Ortega

También estarán monitoreando a los organismos para que supuestamente cumplan con sus funciones y no se desvíen sus propósitos, para que haya “confianza pública” en la administración y manejo de estos fondos.

La dictadura le declaró la guerra a los organismos independientes luego de las manifestaciones de abril de 2018. Han cerrado más de cinco mil en Nicaragua y otros como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), son expulsados del país por realizar estudios sobre la pobreza y el hambre.