El dictador Daniel Ortega reconoció que las multas de tránsito en Nicaragua no están siendo efectivas para reducir las muertes en las carreteras. Este anuncio lo dio a conocer la noche del lunes 2 de junio, durante un acto militar en el Centro de Convenciones Olof Palme, ubicado en Managua.
A pesar de los altos montos recaudados, los accidentes continúan aumentando. Ante esto, anunció que le ordenó a la Policía Nacional que diseñen un plan “drástico” para prevenir estas tragedias.
Policía recaudó más de 374 millones de córdobas en multas de tránsito en solo tres meses
Durante su alocución, Ortega sugirió imponer nuevos límites de velocidad. Aunque no precisó cifras definitivas, señaló que el límite actual —de entre 90 y 100 kilómetros por hora— es excesivo y debería reducirse a entre 50 y 60, pese a las posibles quejas de los conductores.
“Van a alegar que eso les va a provocar pérdidas porque es más tardanza, ah, pero no vale más un camión con mercadería que la vida de un ciudadano”, justificó Ortega. También subrayó que esta medida buscará proteger no solo a los peatones y ciclistas, sino también a los propios conductores que muchas veces son víctimas de su propia imprudencia.
Multas: negocio lucrativo, pero ineficaz
A pesar de la retórica oficial sobre seguridad vial, el modelo actual de control en las carreteras parece estar enfocado más en la recaudación que en la prevención de accidentes.
Solo en el primer trimestre de 2025, la Policía Nacional recaudó 374 millones de córdobas en multas de tránsito, según el informe de ejecución presupuestaria. Esta cifra no incluye los 129 millones de córdobas adicionales generados por el Centro de Educación Vial, conocido como La Escuelita.
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Un conductor en estado de ebriedad puede pagar hasta 7,165 córdobas en sanciones, que incluyen hasta 5,000 córdobas de multa por manejar ebrio; 2,165 córdobas por asistir al curso obligatorio de reeducación vial y la suspensión de la licencia por seis meses. A esto se suman otros gastos como la grúa que cuesta entre 300 y 500 córdobas, el depósito vehicular diario cuyo costo es 10 córdobas para motocicletas, 30 para vehículos.
Aunque el Estado obtiene importantes ingresos a través de estas sanciones, los accidentes y muertes en carretera no han disminuido. Para muchos ciudadanos, este sistema no se percibe como un esfuerzo por mejorar la seguridad vial, sino como un negocio millonario más del régimen.
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