El régimen nicaragüense extiende su política de apropiación de bienes privados hacia las zonas fronterizas mediante una ley aprobada de urgencia que deja a miles de propietarios sin títulos de sus tierras.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó este cinco de agosto de 2025 una nueva maniobra en su sistemática campaña confiscatoria al aprobar de manera expedita una ley que extiende la zona de seguridad fronteriza de 5 a 15 kilómetros, convirtiendo automáticamente en propiedad estatal miles de hectáreas de terrenos privados ubicados en la franja fronteriza.
Los cinco pilares del nuevo instrumento confiscatorio
1. Expansión territorial del control estatal La nueva normativa triplica el área bajo control directo del Estado, extendiendo la zona de seguridad fronteriza de los actuales 5 kilómetros establecidos en la Ley 749 de 2010 hasta los 15 kilómetros desde el límite fronterizo convencional. Esta ampliación abarca territorio tanto en las fronteras con Costa Rica como con Honduras.
2. Confiscación inmediata sin compensación Las propiedades ubicadas en ese perímetro pasan a ser propiedad del Estado de manera inmediata, según establece el texto legal. Los propietarios pierden instantáneamente sus títulos de propiedad sin proceso judicial previo ni compensación económica, siguiendo el patrón confiscatorio que la dictadura ha implementado desde 2018.
3. Permanencia poblacional bajo vigilancia militar El diputado sandinista Edwin Castro precisó que los habitantes actuales pueden continuar viviendo en sus propiedades, pero bajo un régimen de constante supervisión. «Toda la zona fronteriza delimitada a 15 kilómetros de la frontera queda como propiedad exclusiva del Estado Nicaragüense», explicó, añadiendo que estas personas «deben someterse al constante control y vigilancia del Ejército y la Policía».
4. Justificación de «seguridad nacional» El régimen argumenta que la medida busca «la protección de injerencias externas y actividades ilícitas», incluyendo lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas. Sin embargo, analistas vinculan la decisión con concesiones mineras otorgadas a empresas chinas que habrían entrado en conflicto con la legislación fronteriza anterior.
5. Vigencia inmediata sin debate legislativo La ley fue aprobada con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, eximiéndola de los requisitos habituales de consulta y debate público. Su vigencia comenzó el mismo día de su publicación, eliminando cualquier posibilidad de recurso legal para los afectados.
Contexto: La máquina confiscatoria de Ortega-Murillo
Esta nueva ley se inscribe en la política sistemática de confiscaciones que la pareja dictatorial ha intensificado desde el estallido social de 2018. Una investigación reveló que el monto de las confiscaciones ordenadas por la dictadura de Ortega asciende a unos USD 250 millones, según cálculos del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción hasta mediados de 2024.
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El patrón confiscatorio ha evolucionado desde la apropiación inicial de medios de comunicación y organizaciones civiles hacia instituciones educativas, templos religiosos y ahora propiedades fronterizas. Para finales de 2024, cada vez más templos y medios católicos reportan cierres, investigaciones y confiscaciones de bienes, evidenciando la expansión del modelo hacia todos los sectores considerados «opositores».
La estrategia confiscatoria opera como un mecanismo dual: castiga a sectores críticos al régimen mientras genera recursos económicos para el aparato estatal. Las propiedades confiscadas son posteriormente utilizadas para proyectos gubernamentales o redistribuidas entre funcionarios del régimen, perpetuando un sistema de lealtades basado en la recompensa material.
Un precedente peligroso
La nueva ley fronteriza representa un escalón adicional en la construcción del Estado totalitario orteguista. Al eliminar la propiedad privada en extensas zonas del territorio nacional bajo el pretexto de seguridad, el régimen establece un precedente que podría extenderse a otras áreas geográficas o sectores económicos.
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El timing de la medida, implementada en medio de la crisis interna que atraviesa el régimen tras la fuga del exjefe de seguridad Lenin Cerna y las tensiones con figuras históricas del sandinismo, sugiere una estrategia de consolidación territorial ante la percepción de amenazas tanto internas como externas.
Para los miles de nicaragüenses que hoy despiertan sin títulos de propiedad sobre las tierras que habían sido suyas, esta ley representa la culminación de un proceso que ha convertido la confiscación en política de Estado, confirmando que en la Nicaragua de Ortega y Murillo, la propiedad privada existe únicamente por gracia del poder dictatorial.
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